Ante la insistencia de los líderes ambientales de firmar el Acuerdo de Escazú, en el marco del paro nacional, el gobierno del presidente Iván Duque, firmó hoy este tratado internacional para la protección de los líderes ambientales.
El pasado lunes, el mandatario anunció en la presentación del informe mundial sobre los índices de Desarrollo Humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que firmaría el Acuerdo de Escazú esta semana, luego de escuchar a los ambientalistas.
"Una de las mesas más enriquecedoras ha sido la de medioambiente. Todos han planteado la importancia de tomar acciones. Por eso que anuncio aquí que esta semana Colombia va a firmar el Acuerdo de Escazú, uno de los instrumentos más importantes de la región. Nos ayudará a dar un paso cualitativo en el de la información y la protección del medioambiente", señaló el presidente Duque.
No obstante, la firma es solo el primer paso. De acuerdo con Eugenia Ponce de León, abogada ambiental, el anuncio del presidente de firmar el Acuerdo no es suficiente. "El presidente se debe comprometer a ratificar el Acuerdo de Escazú siguiendo el trámite de nuestra constitución", dijo.
Por ahora, Colombia sería el país número 22 en firmar el Acuerdo. Pero, para que entre en vigencia, de los que firmaron, 11 países lo deben ratificar (solo cinco lo han hecho).
¿Cómo es el proceso de ratificación para Colombia?
De acuerdo con Lina Muñoz, directora de especialización y de maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, para que el Gobierno esté obligado a cumplir el Acuerdo, la Cancillería debe presentar un proyecto de ley ante el Congreso (a más tardar en enero de 2020).
Allí se tramitará una ley aprobatoria de tratado, que tendría que superar cuatro debates. Si se aprueba, pasa a la Corte Constitucional en donde se van a revisar aspectos de forma y de fondo.
Finalmente, la ley aprobatoria debe ser sancionada por el Presidente, y con posterioridad, la Cancillería deberá elaborar el instrumento de ratificación que se deposita ante la Secretaría General de la ONU en Nueva York.
¿Por qué es importante?
Según el último informe de Global Witness, Colombia es el segundo país con más asesinatos de líderes ambientales, 24 líderes ambientales asesinados en 2018. Y como si fuera poco, la impunidad es alta. Desde el 2011 hasta el 2016 el grado de impunidad de estos casos ha llegado al 92 por ciento.
Para que esto no siga pasando, este Acuerdo obliga a los Estados a tomar medidas de protección, a crear mecanismos de participación ciudadana y a ofrecer información sobre temas ambientales.
Pese a que el Gobierno aseguró que ya existían este tipo mecanismos, razón por la que no estaban dispuestos a firmar el acuerdo con Muñoz, el Gobierno no tiene estudios serios que puedan sostener esa afirmación.
"Una muestra muy clara de que no tenemos estándares suficientes para garantizar la participación ciudadana fue la decisión de delimitar el páramo de Santurbán sin invitar a las personas que viven en las zonas aledañas", explicó Muñoz.
Y agrega que, aunque en Colombia existen mecanismos de participación, como las audiencias públicas, "el 90 por ciento no se aplica en la toma de decisiones ambientales, porque no son obligatorias".
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