OCDE podría investigar a 3 mineras por daños ambientales en Colombia

Un grupo de onegés nacionales e internacionales presentaron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tres denuncias contra las empresas aliadas y accionistas de la mina de Cerrejón que opera en La Guajira, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo.

En cada denuncia detallan lo que consideran "múltiples impactos de la mina en detrimento de la vida y los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE", se lee en un comunicado enviado por las organizaciones.

La primera denuncia fue presentada contra la empresa ESB (Electricity Supply Board), una empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; la segunda contra CMC (Coal Marketing Company) de Cerrejón, con sede en Dublín, Irlanda. Paralelamente, presentaron una tercera denuncia en contra de las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Angloamerican y Glencore.

Asimismo, el grupo de oenegés —la organización irlandesa Global Legal Action Network, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y las organizaciones nacionales de derechos humanos Cinep/PPP y Cajar— asegura que las empresas que operan Cerrejón han ignorado el cumplimiento de múltiples sentencias de los tribunales colombianos.

Según le dijo a EL TIEMPO, Gearóid Ó Cuinn, director de Global Legal Action Network lo que buscan es "cerrar progresivamente la mina Cerrejón, en consulta con todas las partes interesadas; detener inmediatamente las operaciones en el pozo de Patilla; cumplir con todas las sentencias judiciales colombianas; revertir el Arroyo Bruno a su curso original; restaurar el medioambiente en La Guajira a su estado original, en la medida de lo posible; proporcionar remedios apropiados a las comunidades afectadas; y emitir una disculpa formal por sus acciones", señaló en conversación con este diario. 

En efecto, en 2019, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que Irlanda "considerara la posibilidad de dejar de comprar carbón de la mina del Cerrejón". 

Mientras que, en septiembre de 2020, expertos en derechos humanos de la ONU pidieron detener operaciones industriales en la mina para proteger los derechos y la salud de la comunidad local wayuu. Y es que la Corte Constitucional de Colombia ya ha reconocido la contaminación masiva causada por el Cerrejón a principios del año pasado.

Por medio de un comunicado de prensa que emitió la compañía en inglés, asegura que las oenegés no se dirigieron a la compañía antes de presentar sus denuncias a los Puntos de o Nacionales (PNC) de la OCDE, porque lo que desconocen todos los detalles de sus inquietudes. Así que una vez los conozcan, responderán en detalle.

"Cerrejón se compromete a operar con apego a la legislación y fallos judiciales colombianos, así como a los lineamientos internacionales pertinentes que rigen los derechos humanos y ambientales", agrega el comunicado.

También mencionaron que en efecto tienen una gran cantidad de compromisos establecidos, acordados con las propias comunidades, para abordar los problemas que se han presentado.

"Dada la cantidad de comunidades y las complejidades sociales de la región, esto implica responder a voces que no siempre están unidas en perspectivas. Nuestros programas de consulta y participación van más allá de los requisitos establecidos en la ley colombiana y son un compromiso de la mina de escuchar y responder a las preocupaciones de la comunidad", señalaron.

De acuerdo con Ó Cuinn, un proyecto de investigación en 2018, que evaluó casi la mitad de la población que vivía a menos de 23 kilómetros de la mina de Cerrejón, concluyó que anualmente hay 442 visitas a salas de emergencia y 336.832 casos de síntomas respiratorios directamente atribuibles a las operaciones mineras de Cerrejón.

Además, "la Corte Constitucional colombiana (en su sentencia T-614) encontró altas concentraciones de diversos metales en la sangre de los que vivían cerca de la mina; estos metales pueden causar daño en el ADN y enfermedades como el cáncer", agregó.

“En La Guajira, las comunidades wayúu y afrodescendientes se están disputando el derecho a la vida frente al etnocidio y ecocidio que están viviendo resultado de la actividad minera. En diversas investigaciones y fallos judiciales, se ha demostrado la sistemática violación de derechos: más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, se han contaminado y desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento— y existen abusos de poder y asimetrías entre la empresa y las comunidades”, señaló Jenny Paola Ortiz, del Cinep.

Finalmente, los Puntos de o Nacionales de la OCDE serán los encargados de evaluar estas tres denuncias. "Esto debería tardar hasta tres meses, y puede implicar la investigación a través de la investigación de escritorio, la comunicación con otros organismos de la OCDE y el interrogatorio de las empresas. El proceso debe tardar hasta un año, por lo que esperamos que esté terminado en enero de 2022 ", explicó Ó Cuinn. 

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TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE