Más allá de los incendios que se han presentado en los últimos días en algunas áreas protegidas del país, se esconde un conflicto social y ambiental de larga data. Las autoridades solo han mencionado que quienes están detrás de los incendios son las disidencias de las Farc, el ELN y colonos que tienen la intención de ampliar la frontera agrícola, sembrar cultivos ilícitos y tener ganado en áreas en las que es prohibido.
En ese contexto, se han presentado algunos hechos de los que el Gobierno Nacional ha preferido guardar silencio, al parecer, para proteger a sus funcionarios.
Por ejemplo, la muerte de Yamid Silva funcionario de El Cocuy; el enfrentamiento entre disidencias de las Farc y el Ejército en el Parque Tinigua, que dejó a dos soldados muertos, y las amenazas que recibieron varios guardaparques en las últimas semanas de grupos armados no identificados.
En estas zonas conviven campesinos, guardaparques y disidencias. Mientras unos promueven la conservación otros los incendios y la deforestación. Así se ha creado un conflicto entre las partes.
Por un lado, según Carlos Pisba, presidente del sindicato Sintraparques, “muchas de las alternativas que el Estado le ofrece a las comunidades que viven y cultivan en los parques son simples promesas, y como somos los únicos representantes de Gobierno se ha creado una desconfianza que termina en malas relaciones entre el funcionario y el campesino”, explicó.
A ello se suma que los guardaparques también son blanco de amenazas del ELN y las disidencias de las Farc. En el caso del homicidio del guardaparques de El Cocuy, el responsable sería el ELN, según investigaciones de la Fiscalía.
Para tratar este tema el Ministerio de Defensa convocó a un consejo de seguridad el próximo lunes en Boyacá. Estará presente el Procurador, Fernando Carrillo; la directora de Parques, Julia Miranda y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.
Pero eso no es todo, la presión del Ejército para atrapar a los deforestadores en parques, también está generando un conflicto mayor, según denuncia Óscar Hernández, representante legal de la Corporación Ambiental Ecoamen y líder social de La Macarena (Meta).
“Con la operación Artemisa, una estrategia militar del Gobierno para frenar la deforestación, los campesinos se sienten perseguidos y atacados. Eso hace que sigan quemando y deforestando. Por otro lado, en estos parques hay presencia de disidencias, por lo tanto siempre habrá enfrentamiento con el Ejército. Lo malo es que los campesinos y los guardaparques quedan en la mitad”, explicó.
Por eso, algunos campesinos han pedido al Gobierno Nacional que cesen las presiones militares contra los habitantes de las áreas protegidas y sus zonas colindantes, ya que para ellos, esto no soluciona los problemas de fondo que están detrás de la deforestación.
Así lo relatan en un comunicado enviado a EL TIEMPO por la Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta.
"Las casas de habitantes de la vereda quedaron en medio del fuego cruzado generando zozobra y arriesgando la integridad de las comunidades campesinas aledañas. La sola presencia del Ejército pone en inminente riesgo a las y los habitantes de la región, pues como ocurrió con lo acaecido en la vereda el Rubí el pasado jueves, la posibilidad de enfrentamientos con otros actores armados en la zona es muy alta", mencionan.
Hoy el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Medioambiente estarán en la zona, en donde se espera que den declaraciones a la opinión pública sobre la crítica situación que se viven en esta área protegida y a la que además, los guardaparques no pueden ingresar.
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