Transición energética de Colombia: ¿de dónde debe salir la plata?

El 10 de mayo de este año se conocerá la hoja de ruta que va a seguir Colombia en su proceso de transición energética; un reto en el que está metido el planeta entero para cambiar la forma como creamos y consumimos energías a partir de combustibles fósiles por un modelo de energías renovables, como la solar o la eólica, para frenar así una de las causas del cambio climático.

De hecho, se prevé que la iniciativa de transición gubernamental será uno de los tres proyectos más ambiciosos del presidente Gustavo Petro durante su mandato, por ser un tema esencial en su agenda ambientalista y una de sus mayores promesas de campaña. 

Además de la reforma de la salud y la reforma pensional, el camino que buscará llevar al país a ser más sostenible en su producción y consumo de energía sería ampliamente ambicioso. De hecho, ya unos primeros pasos se dieron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el que se establece que “Colombia es una potencia energética, y tiene que consolidar alternativas de desarrollo que sean limpias”. 

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En el PND se proponen, por ejemplo, la creación de “comunidades energéticas”, es decir, asociaciones que puedan crear energía a partir de fuentes de generación responsables con el planeta como es solares. Así lo señala el artículo 190, que además propone que las personas naturales, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se constituyan como una comunidad energética podrán acceder a recursos para financiar estos proyectos. 

También habla de inversiones por 10 años para cambiar la leña y el carbón por combustibles de transición menos contaminantes (como el gas) en zonas rurales. Incluso se propone la creación de un fondo monetario, denominado Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que estará a cargo del Ministerio de Hacienda y istrará fondos para el proceso de transición. 

Tan relevante y considerable sería el cambio en el paradigma de las energías que incluso enfrenta a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. La ministra defiende su visión de detener la exploración y explotación futura de combustibles fósiles en el país, mientras que el ministro ampara al sector y la necesidad de seguir produciendo como una estrategia para mantener saludables las finanzas del país. 

El último choque entre ambos se dio en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), donde Vélez, en nombre del Gobierno, aseguró: “Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo”. Tan solo unas horas después, el ministro Ocampo salió a contradecir a Vélez. Y aseguró: “Todavía no hay estimaciones finales de las reservas (petroleras), tenemos que ver cómo los contratos de exploración ya firmados garantizan suficientes reservas”. 

Y es que inclusive otros altos funcionarios del Gobierno han defendido la producción de petróleo como un sector clave para la economía nacional y la obtención de réditos que pueden usarse en distintos proyectos, como la transición energética. Entre ellos se encuentra Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, quien en entrevista con este diario aseguró que “todos los países están de acuerdo en la descarbonización del planeta. Pero la verdad es que Colombia no puede dejar de depender de los ingresos que producen petróleo, carbón y gas”. 

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Sin embargo, la ministra Vélez ha insistido en la importancia de detener la exploración petrolera para avanzar en la transición. De hecho, en el documento presentado en la pasada Cumbre del Cambio Climático (COP27) por Vélez, se enfatiza en que se buscará disminuir la dependencia de los hidrocarburos e incluir a las comunidades en el proceso de transición. 

Aun así, hay estudios que señalan el papel clave de los hidrocarburos en el proceso de transición. Como uno dirigido por investigadores de la Universidad de los Andes, en el que se destaca que el sector será esencial a nivel económico, en la aceleración de políticas, en el equilibrio de la matriz energética mientras se da el proceso de cambio e, incluso, en el apalancamiento de nuevas fuentes de generación. 

“Respecto al aporte económico de la industria de hidrocarburos al país, este generará un rol importante, principalmente en tres pilares. Primero: por la diversificación de ingresos a la nación, teniendo en cuenta que la industria no será perpetua se deben generar nuevas fuentes de ingresos. Segundo: como apalancamiento de nuevas fuentes energéticas. Tercero: el desarrollo social y económico, mediante las inversiones realizadas y apalancadas por la industria en las áreas de influencia de los proyectos de exploración y explotación”, destaca la investigación. 

Pero, si no aprovechamos el petróleo, ¿de dónde sacará Colombia los fondos que requiere para desarrollar su ambiciosa apuesta? Más aún cuando se desconoce cuánto podría costar. 

El exministro de Hacienda y reconocido académico Mauricio Cárdenas tasó por primera vez dicho proceso señalando que costaría entre el 8 y el 11 por ciento del PIB del país, anualmente. Lo que representa cerca de 30.000 millones de dólares cada año. Dicha afirmación se dio en la V Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, realizada en noviembre de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Con eso en mente, y bajo el escenario de un interés gubernamental por disminuir la producción petrolera, ¿cuáles son las opciones? Según expertos consultados por EL TIEMPO, ninguna, pues los combustibles fósiles son una pieza clave a nivel económico y estratégico para avanzar en esta materia y lograr, por ejemplo, algunos de los ambiciosos objetivos que ya pactó el Estado en el anterior gobierno como reducir en 51 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 (sin sumar los que podría agregarle el presidente Gustavo Petro). 

Eso, si se tiene en cuenta que Colombia propiamente hablando produce muy pocas emisiones a nivel mundial (apenas 0,57 por ciento de lo que llega a la atmósfera), y la mayoría proviene del sector forestal, por la deforestación, y el agropecuario, por las malas prácticas en la producción (juntos suman 62 por ciento de lo que emitimos).

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El sector del transporte (donde se queman combustibles fósiles para mover vehículos), por su parte, apenas produce el 11 por ciento de las emisiones; la industria, otro 11 por ciento, y la producción de energía, apenas 10 por ciento (porque mucha de la energía eléctrica proviene de ríos y, por ende, es limpia en su generación). Es decir, Colombia, en su modelo de transición energética, tiene mucho por invertir en frenar la deforestación, mientras se da el proceso paulatino de transformación en las industrias, el transporte y las generadoras de energía que aún se mueven con fósiles. 

Y aunque el presidente Petro ha señalado que en ese sentido se debe considerar que el petróleo, gas o carbón que vende el país, si bien no contaminan acá, sí son quemados en otras partes del mundo, varios expertos han señalado que bajo la demanda actual del planeta por combustibles, el hecho de que Colombia (que es un actor menor en el mercado de los hidrocarburos) deje de vender se traducirá en que la demanda será asumida por otros productores. 

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Al respecto, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta explica que a hoy la mayor fuente de recursos, indispensables para financiar la transición energética, se encuentra en la actividad extractiva, sobre todo de la industria del petróleo y el carbón. Tan solo eso, según él, es una razón “más que poderosa para no prescindir de ella prematuramente”. 

Eso, sin embargo, iría en desacuerdo con lo que ha planteado el Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), que señala que estamos siendo muy lentos en el proceso de transición y que no habrá economía que resista una crisis climática como la que se puede generar al seguir explotando y quemando combustibles como lo estamos haciendo. 

“La hoja de ruta de la transición energética debe procurar que esta se dé en forma progresiva. Debe acompañarse con una estrategia de transformación productiva tendiente a diversificar la economía y depender cada vez menos de la actividad extractiva. Que otros sectores de la economía, como la industria, el turismo y la agricultura, reemplacen el carbón y el petróleo tomará mucho tiempo. A Chile le tomó 25 años convertirse en uno de los mayores productores y exportadores de frutas, para no depender solo del cobre; sin embargo, a la fecha solo le significan ingresos por ese concepto de 4.800 millones de dólares, frente a los 53.424 millones de dólares provenientes de las exportaciones de cobre”, destaca Acosta. 

De hecho, según cálculos de expertos como el exviceministro de Turismo Julián Guerrero, para reemplazar los fondos que le entran al país por las ventas del petróleo, Colombia tendría que triplicar la llegada de viajeros. Esto, tomando como base los 6.784 millones de dólares generados por viajes y transporte aéreo en 2019 —el mejor año del turismo en Colombia— frente a los 13.336 millones de dólares por exportaciones de petróleo y sus derivados en 2021 (último año registrado). 

Es decir: cada año hacer tres veces lo que produjo el turismo en 2019, para reemplazar al petróleo por completo y seguir produciendo la base de la cual parte el sector hospitalidad. 

Para Acosta, en la búsqueda por acelerar la transición energética, el gobierno de Gustavo Petro debería enfocarse en destrabar la marcha de los proyectos de generación eólicos y solares, los cuales tienen un retraso ostensible en su entrada en operación por conflictividad social y consultas previas. “En este momento la mayoría están empantanados”, enfatizó. 

Una posición similar tiene el economista e investigador en temas ambientales Juan Pablo Ruiz. Bajo su concepto, Colombia puede encontrar en el ecoturismo y el sector agropecuario fondos claves para desarrollar un proyecto necesario de transición, pero eso esencialmente requerirá del capital que pueda entregar el petróleo para impulsar otros sectores económicos. 

“Colombia sí debe seguir gestionando los ingresos del petróleo hasta tanto no tenga una estructura productiva con la que los pueda reemplazar. Es decir, antes que contraer la exportación de hidrocarburos, el país tiene que haber generado producciones alternativas y sustitutas que puedan convertir en marginal los ingresos del petróleo”, destaca.

De hecho, según confirmó Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, el gobierno de Petro recibirá en 2023 el mayor aporte fiscal que haya tenido el país en su historia, con un aporte de 58 billones de pesos en 2023 (equivalentes al 3,8 por ciento del PIB). 

Según Ruiz, el país debe aprovechar los ingresos que deja el sector petrolero. Para él la transición energética tiene esencialmente dos caras: la oferta y la demanda de hidrocarburos. Bajo su concepto, lo que debe hacer el Gobierno es frenar el aumento en el consumo de derivados del petróleo que provienen, en su mayoría, del parque automotor, responsable del 11 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, si no se invierte en cambiar la movilidad, de nada servirá que se frene la producción de hidrocarburos, porque el mercado los seguirá requiriendo. 

“La discusión en Colombia se ha centrado en la oferta de hidrocarburos y en cómo restringir dicha oferta, frenando nuevos proyectos de exploración y explotación. Pero lo más importante para hacer la transición es disminuir la demanda nacional de hidrocarburos, eso es más clave”, señala. 

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde