Migración venezolana, otro ingrediente para la mendicidad infantil

La utilización de niños, niñas o adolescentes para pedir dinero en las calles es un flagelo que no parece dar tregua, por el contrario, hay señales de ir en aumento. Según las autoridades, el panorama se ha recrudecido en los últimos años por la llegada de familias venezolanas al país.

Las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indican que el número de menores de edad afectados por explotación infantil aumentó un 25 por ciento en 2018. Para esos casos, los reportes dicen que mientras que en el 2017 se abrieron 1.117 procesos de restablecimiento de derechos, en el 2018 fueron 1.400 casos. La mayoría de esos casos están concentrados en Córdoba, Cesar y Bolívar. Cabe resaltar que en esa condición están los niños que son explotados sexual o económicamente (mendicidad), utilizados para trabajo servil o, incluso, comercialización de órganos.

Juliana Cortés, directora de Protección del ICBF, afirmó que ese instituto le ha puesto la lupa a esa situación porque el fenómeno se ha hecho más visible con la migración venezolana. “Hemos intensificado nuestras jornadas de atención a menores porque vemos que hay un incremento. La situación se relaciona con el gran número de venezolanos que entran y piden dinero en las calles con sus hijos”, dijo.

Desde comienzos de año, el ICBF intensificó esta tarea. “Tenemos 44 equipos móviles y estamos haciendo 170 jornadas de búsqueda mensuales y operativos con Fiscalía y Policía”.

Para proteger a estos menores, más allá de su nacionalidad, el protocolo del ICBF es enviar equipos móviles para buscar a las familias que tienen menores en los semáforos pidiendo dinero o vendiendo bolsas de plástico y dulces, entre otros elementos. “Hacemos una identificación de los niños en situación de calle, un acompañamiento y activación de la oferta institucional que hay en los territorios. Las alcaldías y gobernaciones se deben encargar de ofrecerles ayuda”, dijo Cortés.

Un ejemplo de esa labor fue el operativo que hizo la Policía de Infancia y Adolescencia la semana pasada en Bucaramanga, en el que rescataron a 28 niños que estaban en condición de mendicidad en esa ciudad, la mayoría venezolanos. Luego de que la Defensoría de Familia de la zona revisara la situación, se abrieron 13 procesos de restablecimiento de derechos a menores, cinco niños fueron ubicados en hogares sustitutos y uno ingresó a un centro de protección. El resto regresó con sus padres.

Si bien hay denuncias de más casos en otras ciudades del país, Cortés aclaró que la mayoría de los hechos que registra la entidad no son precisamente de alquiler de niños, sino de familias que salen con sus hijos a pedir dinero. “Entre 2017 y 2019 hemos abierto 3.053 procesos por trabajo infantil, incluido mendicidad. Es un panorama complicado, porque muchas veces nos acercamos a estas familias y vemos que son niños que tienen lazos muy estrechos y que, por su situación de pobreza, salen a mendigar”, dijo.

Ante la posibilidad de sancionar a padres por llevar a sus hijos a las calles a pedir dinero, Cortés aclaró que “pedir plata en las calles no es delito. Están en una situación compleja y necesitan apoyo. Para quienes cogen a niños ajenos para mendicidad, eso sí es un delito, pues es trata de personas”.

Otro punto que preocupa son las implicaciones que tiene para los niños estar expuestos en las calles. Hilda Molano, directora de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, dijo que estos menores pueden ser usados para otras actividades ilegales. “Aunque no hemos visto que sea un negocio de los grupos armados, sí creemos que pueden ser explotados sexualmente”, explicó Molano, quien llamó la atención del Gobierno para que se garanticen unos entornos protectores para ellos.

Otro riesgo es su crecimiento. “Se puede retrasar su desarrollo, sobre todo si se mantienen fuera de la escuela. Incluso, tendrían dificultades de aprendizaje”, puntualizó Molano.

Con varias modificaciones al Código Penal, en el Congreso de la República buscan hacer más severas las sanciones contra las personas que induzcan a un menor de edad a la mendicidad

Esta iniciativa parlamentaria, que radicó el partido Colombia Justa y Libres esta semana en el Senado, pretende que las penas para quienes incurran en este delito, que están entre ocho y 23 años de prisión, puedan aumentarse entre una tercera parte y la mitad de la condena. De igual forma, el proyecto plantea la posibilidad de ordenar la pérdida de la patria potestad o custodia cuando se incurra en este delito.

REDACCIÓN VIDA