‘Las mujeres no somos autocomplacientes y seguiremos luchando por más derechos’

Irene Montero, ministra de la Igualdad de España, visitó por primera vez el país para asistir al Encuentro de Mujeres Progresistas de Iberoamérica, organizado por la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), y, de paso, aprovechó para reunirse con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, con quien firmó un protocolo de compromiso de una agenda bilateral enfocado en aunar esfuerzos para la lucha contra la violencia de género y el racismo.

EL TIEMPO aprovechó su estadía en el país para hablar con una de las ministras con más protagonismo en el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y quien se perfila como líder de su partido, Podemos (izquierda), para las elecciones de 2023.

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A nivel internacional, los movimientos feministas de cada uno de nuestros países ya se han hermanado. Desde las instituciones tenemos que hacer lo propio para alcanzar más derechos para las mujeres. Vengo de Argentina, donde se celebró la Conferencia Regional de la Mujer de la Cepal. Ese y este espacio nos hacen más fuertes y demuestran que los avances feministas y los derechos de las mujeres son imparables.

Firmamos un acuerdo de colaboración para trabajar por los derechos de las mujeres y las políticas antirracistas, que es una necesidad que la Vicepresidenta nos trasladó y que nosotras también trabajamos en España. Nos vamos con muchas tareas.

Conversamos, sobre todo, de la agenda que tiene que ver con la vida libre de violencias para todas las mujeres, de la territorialización del trabajo y de la construcción de los sistemas estatales de cuidados, el derecho al cuidado, que no significa otra cosa que repartir la riqueza y el tiempo. Que las mujeres tengan tiempo para descansar, leer, estar con sus amigas, ir al médico, ejercer sus derechos políticos, entre otros. Para eso no solo se necesita un reparto equitativo de las tareas del cuidado entre hombres y mujeres, sino que el mismo Estado también asuma esas tareas con los sistemas de cuidados, para que las mujeres tengan tiempo para vivir.

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La agenda de las violencias va a ser una agenda central del movimiento feminista, sin duda la más urgente, hasta que erradiquemos todas las formas de violencia contra las mujeres. Hemos avanzado en reforzar mecanismos de atención integral, como servicios de psicología, asesorías jurídicas, protección a las víctimas y sus hijos e hijas. Pero la violencia continúa. Y por mucho que avancemos, vemos que algunos países retroceden. En el caso de Europa, vemos las dificultades para que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul, que es el marco internacional que nos permite luchar contra las violencias machistas. Y nos preocupa porque siguen matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres, las siguen agrediendo sexualmente, violando, acosando en el trabajo, en el transporte público. Quienes estamos en el movimiento feminista y en las instituciones no somos autocomplacientes y no vamos a dejar de luchar hasta que acabemos todas las violencias contra las mujeres.

Lo primero es garantizar los derechos de las mujeres, pero también debemos hablar y dialogar con los hombres, pedirles que rompan ese pacto entre caballeros con el que normalizan las violencias. Por ejemplo, dicen: “No es para tanto”, “él era una buena persona”. Es importante que ellos sean capaces de reconocer. “Esto es una agresión y nuestra sociedad lo rechaza”.

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Lo que estamos viviendo en el mundo es una crisis civilizatoria. Para una inmensa mayoría de la población, la forma actual de organizar la vida, la economía y la sociedad no les está permitiendo ser felices, ejercer derechos. Hay países y sectores que están apostando por más democracia. En América Latina se ve claro con las victorias del presidente Petro en Colombia, Lula en Brasil, Boric en Chile. En España, por ejemplo, tenemos el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, con Podemos, a la izquierda del Partido Socialista, rompiendo el bipartidismo. Ante nuestro avance democrático se ha desplegado una reacción de la extrema derecha coordinada en todo el mundo para tratar de frenar esos avances. Han puesto la agenda de los derechos de las mujeres y el movimiento LGBTI en el centro de los ataques, porque saben que nosotras somos las que estamos proponiendo un proyecto de sociedad, economía y vida donde hay más reconocimiento de derechos y, por tanto, más reparto de la riqueza. Ellos tienen victorias electorales, y nuestra respuesta debe ser gobernar y trabajar para dar más garantías de derechos.

Yo lo veo con una claridad meridiana. Cuando se ponen en circulación los discursos de odio con frases como “la mayoría de los delincuentes es población migrante”. Eso es un discurso abiertamente xenófobo, racista y mentiroso, de acuerdo con datos de España, aunque creo que es así en todo el mundo. Otro ejemplo es cuando dicen: “La violencia no tiene género o las mujeres trans son hombres disfrazados de mujeres”. Estas frases no solo incurren en discursos de odio, sino en legitimar y normalizar la violación de los derechos humanos de personas, especialmente cuando son promovidos por representantes públicos, el poder mediático y económico. Replicar estos discursos les permite a muchos pensar que está bien que asesinen a un joven al grito de maricón.

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Los delitos de odio que más se producen son los raciales, pero los que más crecen en términos porcentuales son aquellos cometidos contra las personas LGBTI. Los discursos de odio son una responsabilidad de los demócratas y de los representantes públicos, quienes deben hacerles frente, denunciar que van en contra de los derechos humanos y son contrarios a la convivencia y a la democracia.

Como señalan todos los organismos internacionales, para que las políticas feministas se puedan desplegar con contundencia y ser efectivas, hacen falta varias cosas. Y entre ellas, son imprescindibles los mecanismos de alto nivel. Cuanto mayor representación tengamos las mujeres, sobre todo aquellas que queremos hacer transformaciones feministas, más fácil es que se puedan provocar esos cambios.

En los tres años de este Ministerio de la Igualdad, hemos aprobado una ley contra las violencias sexuales, que pone al consentimiento en el centro, que es la ley ‘Solo sí es sí’. Antes de que acabe este año aprobaremos una nueva ley de salud sexual y reproductiva, que reconoce por primera vez la salud menstrual como parte del derecho a la salud, que habla de la corresponsabilidad en los anticonceptivos y que dice que todas las mujeres tienen que poder interrumpir voluntariamente su embarazo en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio. Y vamos a aprobar también una ley trans y LGBTI, que por fin garantice la libre determinación de la identidad de género de las personas trans y derechos a las personas LGBTI, sobre todo para combatir la discriminación de la que antes hablábamos.

Además de eso, hemos renovado el pacto de Estado contra la violencia de género. Hemos hecho por primera vez una política pública de conciliación, para que las mujeres puedan dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro, si tienen que ir al trabajo, pero también si tienen que ir a una cita médica o a tomarse un café con unas amigas en la plaza. Como lo he dicho, no somos autocomplacientes, sabemos que queda mucho trabajo por hacer. Pero, sin duda, que exista un Ministerio de Igualdad, mecanismos de alto nivel, un Gobierno declarado feminista, que entiende que el enfoque de género tiene que ser transversal a todas instituciones, son unos avances muy importantes para que el Estado se haga responsable de garantizar los derechos de más de la mitad de la población.

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Yo voy a estar a completa disposición del Gobierno, de las asociaciones, entidades y colectivos de mujeres, porque creo que eso nos toca a las feministas. Arrimar el hombro las unas con las otras. Nosotras llegamos hace tres años, tampoco habíamos estado en un Ministerio y hemos aprendido mucho y muy intensamente en este tiempo. Lo que podemos hacer es compartir nuestra experiencia y también aprender del trabajo que están haciendo acá.

A lo que me refiero es que las mujeres no pueden obviar que, para hacer las transformaciones que quieren, como acabar las violencias machistas, crear sistemas nacionales de cuidados, garantizar los derechos de las personas LGBTI y los derechos sexuales y reproductivos, hace falta poder. Y el poder está en la sociedad civil, en las organizaciones de mujeres, en los parlamentos, en los gobiernos, en los medios de comunicación, en los sistemas judiciales. Las feministas ya no podemos eludir eso y necesitamos estar presentes en todos esos espacios de poder y toma de decisiones.

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El machismo nos encasilla en una forma de participar en la vida pública. ‘Usted puede ser diputada, pero hable bajito y despacito’. Una compañera decía: ‘Si hablamos despacio, nos dicen que no tenemos liderazgo, pero si hablamos alto y rápido nos dicen que somos unas histéricas’. Al final, el machismo siempre trata de decirnos cómo hay que ser una buena mujer y de penalizar a todas las que se salen de esos roles. Esto con el fin de que desistamos de la disputa del poder porque trae unos costos grandes. Esa es violencia política. Debemos de estar en la política como nosotras queramos, que seamos tal cual somos ejerciendo el poder. Si no lo hacemos, los hombres seguirán mandando.

Sin duda. Como hemos aprendido muy bien las feministas, lo que no se nombra no existe. Hay muchas personas que pueden no comprenderlo, o que todavía no han tenido la oportunidad de acercarse a la realidad de las personas no binarias, pero ese desconocimiento no justifica que vulneremos los derechos de las personas no binarias o que cuestionemos su identidad. La tarea de decir ‘todes’ implica un reconocimiento a que esas personas existen y que a las istraciones y Estados reconocemos su existencia y que por tanto también reconocemos nuestras obligaciones de garantizar sus derechos. Así es como avanzamos en derechos.

Cuando entró en vigor la Ley Solo Sí es Sí, liderada por la ministra Montero, la realidad chocó con las expectativas que hubo tras su aprobación en el Congreso. Al menos diez procesos por violencia sexual contra mujeres se vieron beneficiados con la normativa, y las penas de los culpables se redujeron.

La normativa, que plantea como agresión el no consentir las relaciones sexuales, se basó en el sonado caso de violación de La Manada (un grupo de cinco jóvenes que abusó sexualmente de una mujer), ocurrido en 2016.

La posibilidad de reducir penas se abrió por la falta de claridad en los casos en los que no se presenta violencia o intimidación. Ante esos vacíos en la ley, se dio pie a que algunos jueces consideraran delito menos grave aquellos en los que no mediaron dichos comportamientos. En otras palabras, se piensa como una agresión menor cuando no se usó la fuerza o la amenaza para abusar de una mujer.

Ha sido tal la polémica por dichas interpretaciones y reducciones de penas que el máximo tribunal judicial de España anunció que estudiará la normativa para sentar jurisprudencia.

Montero ha respondido ante las críticas por lo que puede considerarse un mal diseño de la ley: “La mayoría de revisiones están manteniendo las penas”, insistió. Y lamentó que “la falta de perspectiva de género pueda llevar a que se cometan errores en la aplicación de las leyes feministas”, recogió Europa Press.

La ministra ha recibido ataques no solo de la derecha, sino de progresistas, al considerar “inútil” su trabajo para sacar adelante esta ley. Ella dice que el nivel de debate y crítica ha trascendido al ataque personal, situación que, dice, no se puede tolerar.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo