La familia Samboní Muñoz llegó a Bogotá huyendo del conflicto y de la violencia. Venían de Bolívar, Cauca. Buscaban un lugar seguro en la capital del país. Pero la discriminación étnica, la violencia de género y las brechas socioeconómicas terminaron por darle un giro de 180 grados a sus vidas, en medio de uno de los casos de feminicidio más atroces afrontados en Colombia.

Yuliana Andrea Samboní Muñoz, una de las hijas de Juvencio Samboní y Nelly Muñoz, desapareció el 4 de diciembre de 2016 en el barrio Bosque Calderón de Bogotá, cerca de la localidad de Chapinero. La niña de 7 años, proveniente de la comunidad indígena Emberá-Chamí, fue raptada frente a su primo mientras jugaban.

Se la llevaron en una camioneta lujosa que nunca habían visto en el sector. Aunque su hermana y sus padres intentaron alcanzarla, fue imposible. Las cámaras de seguridad registraron que el hombre que manejaba el vehículo entabló una conversación corta con Yuliana y, en menos de cinco minutos, la subió y desapareció.

Al poco tiempo se esclareció la identidad del sujeto que raptó a Yuliana. El crimen lo cometió Rafael Uribe Noguera, un hombre que en su momento tenía 38 años de edad y gozaba de reconocimiento en Bogotá por su trabajo como arquitecto, así como por el reconocimiento social de su familia.

Uribe Noguera llevó a la niña hasta su apartamento y allí la abusó y asesinó. El cuerpo de Yuliana fue hallado esa misma noche, mientas el feminicida, con ayuda de sus hermanos, intentaba desviar el caso, recluido en una clínica de reposo.

Francisco Uribe y Catalina Uribe, sus dos hermanos, fueron procesados por los delitos de receptación, encubrimiento, favorecimiento y ocultamiento de información. En el 2019 fueron absueltos de estos cargos.

El feminicida de Yuliana Samboní Muñoz fue condenado a 58 años de prisión por los delitos de secuestro simple, feminicidio agravado, carnal violento y tortura.

Actualmente Rafael Uribe Noguera intenta disminuir su condena haciendo maquetas y planos arquitectónicos, en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar (Cesar), conocida como La Tramacúa.

Tras el asesinato de Yuliana, la familia tuvo que regresar a Bolívar (Cauca), en donde nadie les quiso emplear, ya que se creía que habían sido indemnizados por el Estado con una gran cantidad de dinero.

La verdad es que Juvencio y Nelly rechazaron la indemnización económica porque, en su cosmogonía indígena, recibir dinero como reparación habría sido lo mismo que vender a su hija. Según Juvencio, "cuando se relaciona vida-plata eso no funciona".

También les ofrecieron un lote en el Putumayo, pero no se los entregaron. A julio del 2023, lo único que recibieron fue 30 gallinas, 200 ladrillos y unos bultos de cemento de parte del Ministerio de Agricultura.

Si cree que su vida está en riesgo o es víctima de violencia de género, puede llamar a la línea 155 de la Policía Nacional donde le darán orientación y ayuda oportuna.

Recuerde que las medidas de protección, reglamentadas en la Ley 1257 de 2008, cobijan a cualquier mujer víctima de violencia basada en género. Algunas de estas pueden ser apoyo sicológico, acompañamiento policivo o la prohibición de cualquier tipo de o con el agresor, entre otras.