Carro usado en atentado con explosivos en Jamundí figura como robado
Niños, padres y docentes de escuela se salvaron porque no hubo clases el viernes.
Solo latas retorcidas y restos de autopartes quedaron de la explosión del viernes 22 de septiembre en Jamundí Foto: Santiago Saldarriaga
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Ante la explosión que causó pavor y dolor en zona rural de Jamundí se siguen varias indagaciones, para ir armando el rompecabezas alrededor de los responsables de esa acción criminal.
La detonación se produjo en un territorio donde, según autoridades, se mueven disidencias, pero en la región se menciona, en reserva, la influencia del Clan del Golfo y bandas criminales ligadas a narcotráfico y minería, que tienen presencia desde hace varios años en esos límites de Valle y Cauca.
En la mañana del viernes 22 de septiembre, la comunidad del corregimiento de Potrerito estaba en sus actividades cotidianas.
Hacia las 9:00 de la mañana sonó un estruendo que estremeció a la población. En medio de la confusión se fue reportando que un carro cargado con explosivos había sido detonado cerca de la subestación de Policía y una institución educativa.
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Cinco personas sufrieron heridas, mientras que otras cinco, menores de edad, resultaron aturdidas por la detonación en esa localidad, a unos 20 minutos del área urbana de Jamundí y a una media hora de Cali.
La onda explosiva dejó estragos en dos vehículos y cinco viviendas de particulares. No se contaron más víctimas porque en el centro educativo no hubo clases.
El coronel Wilson Javier Parada, subcomandante de la Policía de Cali, dijo que se trata de un hecho demencial.
Señaló que dos personas llegaron hasta allí con ese vehículo, lo activaron de manera remota e intentaron dirigirlo a la subestación policial. Ellos escaparon, al parecer, en una motocicleta.
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El carro había sido robado hace unos tres meses y se indaga si ha estado en hechos criminales relacionados con los autores del atentado.
La alcaldía de Jamundí ofreció una recompensa de 20 millones de pesos, mientras que la Gobernación del Valle destinó 50 millones para dar con el paradero de los autores materiales.
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