La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denunció a la opinión pública una avanzada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en zona rural de Segovia, Nordeste antioqueño y enfrentamiento con otros grupos que hacen presencia en el territorio.
De acuerdo al comunicado emitido por la organización, el pasado 4 de febrero, en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional y las AGC, este último grupo retuvo a 10 civiles que hasta el momento se encuentran en su poder.
Dos días después, el 6 de febrero, un grupo de hombres fuertemente armados de las AGC ingresaron a varias fincas de la vereda Altos de Manila, obligando a la población civil a las comunidades Las Manuelas, Los Zapotes y Arenales, a participar de una reunión.
“Esta reunión la realizan confinando a las comunidades y las amenazan de muerte si salen de la zona”, dice la denuncia de la Corporación.
En medio de la situación de zozobra que están viviendo los pobladores, estas han decidido ubicarse en lugares seguros como la Casa de la Mujer.
Esta nueva alteración al orden público en el municipio se conoce después de la realización de un consejo de seguridad extraordinario y una sesión extraordinaria del Comité Territorial de Justicia Transicional a finales de enero.
Para entonces, Ana María Espinosa Pujol, alcaldesa encargada de Segovia, envió una comunicación al presidente Gustavo Petro, al gobernador Andrés Julián Rendón y a otras entidades de orden nacional y regional, donde pedía ordenar la protección a la población civil que se encuentra en medio del conflicto armado entre el 'clan del Golfo', Eln y disidencias.
La alcaldesa mencionó que las veredas afectadas están ubicadas en el Norte del municipio: La Manuela, El Aguacate, San José del Pescado, Arenales y Rancho Quemado.
En la comunicación también pidió establecer un corredor humanitario de atención inmediata para contrarrestar el desabastecimiento y confinamiento de la población de dichas veredas y de la comunidad indígena Tagual La Po.
“Apelamos a la efectividad de un trabajo articulado de la institucionalidad nacional, departamental y local, que restablezca el orden, la seguridad y por ende los derechos de nuestra población”, agrega la misiva enviada.
MEDELLÍN