Imputan cargos por corrupción en contrato del estadio de Ibagué
Entre los señalados hay dos servidores públicos y 5 particulares.
La investigación tiene que ver con el contrato 087 de 2015 para la interventoría técnica, istrativa y financiera realizada para la ampliación, adecuación y remodelación del estadio de fútbol Manuel Murillo Toro. Foto: Suministrada
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La imputación de cargos que hizo la Fiscalía a cinco particulares y dos servidores públicos de la ciudad de Ibagué, Tolima, puso nuevamente sobre el tapete el escándalo de los Juegos Nacionales 2015.
Este evento se convirtió en un fiasco pues los escenarios deportivos para las competencias no se construyeron pese a que se desembolsaron millonarios recursos que terminaron en los bolsillos de los contratistas.
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En esta oportunidad el escándalo tiene que ver con el millonario contrato de obra 078 cuyo objeto contractual era la remodelación, adecuación y ampliación del estadio de fútbol Manuel Murillo Toro, de Ibagué, por valor de 13.308 millones de pesos que se pagaron en 2014 y 2015.
Entre los procesados figuran Mario Fernando Espitia Sánchez, representante legal de la Unión Temporal Murillo Toro; Jesús Octavio Acosta, representante legal de la constructora A&C S.A; Luis Jorge Cortés Franco, director de interventoría; Fernando Aljure Naranjo, representante legal de la Unión Temporal Murillo Toro; y Federico Cardona Pabón, representante de Río Arquitectura y socio de la Unión temporal Murillo Toro.
También son investigados Leonardo Alexánder Valero y Mauricio Campos del Cairo, exasesores del Instituto de Deportes de Ibagué (Imdri), quienes están privados de la libertad por otros hechos dentro de esta misma investigación.
Los delitos imputados fueron: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público, falsedad en documentos privado, fraude procesal, cohecho propio y peculado por apropiación.
Durante la audiencia virtual ninguna de estas personas aceptó los cargos y se estableció que, algunos años después de haber sido entregada la obra, se evidenciaron los posibles hechos de corrupción.
Al finalizar la audiencia, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad para Mario Fernando Espitia y no privativa para Luis Jorge Cortés Franco, las cuales serán resueltas el próximo 24 de agosto. Los demás procesados seguirán vinculados a la investigación.
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