Corte Constitucional busca frenar muertes de niños wayú por desnutrición
Los niños se siguen muriendo, este año van 26 casos en La Guajira, denunció la Defensoría del Pueblo
El Instituto Nacional de Salud reportó, en el 2015, 37 muertes por desnutrición . Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO
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Un panorama desalentador fue lo que evidenciaron los magistrados de la Corte Constitucional durante la inspección judicial a varias comunidades indígenas, en seguimiento a la sentencia que busca evitar la muerte por desnutrición de los niños wayú.
Los magistrados recorrieron cinco comunidades indígenas en Manaure y cuatro en Uribia, con el propósito de verificar el cumplimiento de la sentencia en derechos como el al agua, seguridad alimentaria y nutricional, salud y educación.
Se analizaron los servicios a la primera infancia que presta el ICBF, con las UCAS y los restaurantes comunitarios, así como el PAE, en las instituciones educativas.
También, el suministro de agua potable a través de los pozos y sistemas de potabilización de pilas públicas en Porky y Arroyo Limón, del programa Guajira Azul.
También, verificaron los servicios integrales que presta el Estado en las comunidades periurbanas 3 de abril y Nueva Venezuela, en Uribia, ocupadas por indígenas wayuu nacionales y retornados.
Allí, la Corte pudo evidenciar la situación de emergencia que padecen una gran cantidad de niños, quienes se encuentran expuestos a las aguas contaminadas en la zona, lo que les ha generado brotes en la piel y diarrea.
Demandando a la autoridad municipal la intervención inmediata, con una brigada de salud y un barrido específico, para identificar si existen niños con desnutrición.
29 pozos de agua no funcionan
Sobre la inspección Ruth Chaparro, presidenta del grupo Veeduría Ciudadana de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, indicó que la Corte estudia el incidente de desacato de implementación de la misma, la cual está siendo solicitada por las comunidades indígenas.
“Lo que más duele es ver la situación de los niños, el tiempo que tienen las entidades para reunirse, discutir y para hacer sus cálculos, es el tiempo que no tienen los niños para vivir”, indicó Chaparro, al recordar que han pasado 40 meses después del fallo.
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Denunció que existen 29 pozos de agua que hizo el DPS, que no funcionan, con una inversión de más de 400 mil millones de pesos y las pilas públicas son deficientes.
Explicó que en el recorrido se visitaron dos de estos pozos por los que nadie responde, “es una alta inversión con recursos públicos del Estado que alguien debe responder y deben funcionar. No puede ser que nuestros niños se sigan muriendo y solo se beneficien contratistas”.
Se requieren medidas estructurales, las acciones han sido puntuales y desarticulas, lo que generan bajo impacto y pueden ser no sostenibles en el mediano y largo plazo.
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Señala que en la implementación han fallado los niveles de coordinación entre las 25 instituciones accionadas y la baja acción y participación en el mecanismo de seguimiento.
También las entidades de control, que levantan informes tímidos, no vinculantes, “no son lo suficientemente robustos para que se tomen decisiones disciplinarias y penales”, dijo.
Según cifras de la Veeduría, 284 menores wayú de cinco años, han muerto por desnutrición entre los años 2018 y 2020.
La semana anterior, el Defensor del Pueblo encendió las alarmas nuevamente al denunciar que en 2021 han muerto en el país 115 menores por desnutrición y causas asociadas. La Guajira ocupa el primer lugar con 26 casos.
Eliana Mejía Ospino
Especial para El Tiempo
Riohacha
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