La extracción ilícita de yacimientos mineros sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento criminal en Colombia, con impactos que trascienden fronteras. Así lo reveló durante la noche del lunes la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, Juliana Coronado, en medio del consejo de ministros.
En su intervención, la funcionaria señaló que, según datos recientes de la Policía Nacional, 306 municipios de 23 departamentos están actualmente afectados por esta actividad, pese a una leve reducción del 5 % en comparación con el año anterior.
En su exposición se proyectó una gráfica en la se mostraba que el oro extraído ilegalmente en el país tiene como destino 11 países, entre ellos Estados Unidos, Emiratos Árabes, China, Suiza, India y España. Los métodos de transporte más utilizados incluyen el ocultamiento en maletas en forma de joyas o lingotes.
Grafica presentada en el consejo de ministros. Foto:Cortesía
Además, las rutas aéreas, terrestres y fluviales permiten la salida del oro hacia Panamá, Brasil, Turquía y otros mercados internacionales donde el metal precioso alcanza precios récord.
Por otro lado, el gráfico señala que en Colombia, la comercialización del oro ilegal encuentra respaldo en una red de 185 compraventas registradas, de las cuales al menos 19 estarían involucradas directamente con el blanqueo del metal extraído sin autorización. Esta práctica se disfraza bajo una fachada legal, utilizando a mineros artesanales o de subsistencia como intermediarios.
“El precio del oro, que se cotiza en el mercado nacional en aproximadamente 420 millones de pesos por kilo, ha alcanzado también cifras récord en Estados Unidos (USD 93.000) y Europa (EUR 92.159), lo que lo convierte en un refugio económico para inversionistas en tiempos de crisis, y en un lucrativo negocio para las redes ilegales”, se pudo leer en el material proyectado.
Consejo de ministros donde se abordó la seguridad y orden público. Foto:Cortesía
Lucha contra la criminalidad
Además, en su intervención, viceministra de Defensa destacó el compromiso que la Fuerza Pública mantiene en la lucha contra los actores y factores de violencia, centrando su esfuerzo en proteger la vida y alcanzar la paz. Explicó que la seguridad es un problema integral cuya estrategia implica un 30% de esfuerzo militar y policial, y un 70% de acción unificada de todas las instituciones del Estado.
“Aunque reconocemos los avances, somos conscientes también de los retos que tenemos que superar (…) nos centramos en el objetivo número uno de su política: proteger la vida y proveer condiciones de seguridad y protección” dijo Coronado.
También señaló que la afectación a la criminalidad está ligada al fortalecimiento de las capacidades, a la focalización de esfuerzos mediante análisis estratégicos y al impulso de alianzas bajo la corresponsabilidad y la cooperación internacional contra el crimen transnacional.
En este portal utilizamos datos de navegación / cookies propias y de terceros para gestionar el portal,
elaborar información estadística, optimizar la funcionalidad del sitio y mostrar publicidad relacionada
con
sus preferencias a través del análisis de la navegación. Si continúa navegando, usted estará aceptando
esta
utilización. Puede conocer cómo deshabilitarlas u obtener más información aquí