Familiares de privados de la libertad que se encuentran en diferentes centros penitenciarios del país, en las últimas semanas, han reportado el deterioro en la alimentación de esta población.
De hecho, varios de los parientes denuncian que esta situación ha comenzado a deteriorar la salud de sus familiares.
A esta situación se le suma la denuncia con presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato para la prestación del servicio de alimentación en cárceles de Colombia.
Las quejas señalan que, al parecer, durante el proceso de adjudicación se afectó la transparencia durante la licitación, pues, presuntamente, se celebraron reuniones para modificar pliegos y beneficiar a uno de los oferentes.
Sin embargo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a través de un comunicado, señaló que las acusaciones con relación al proceso proceso de licitación 021 del 2023 (Contrato de alimentación para la población privada de la libertad), “cumple con todas las garantías de tiempo, publicación, transparencia y contestación de observaciones, las cuales se han realizado de manera pública, a través de la plataforma Secop II”.
“Este proceso se ha caracterizado por su transparencia, muestra de ello es el acompañamiento que ha venido realizando la Procuraduría General de la Nación mediante la figura de vigilancia preventiva”, dijo al Uspec.
Resaltó la entidad que se “ha garantizado la pluralidad de oferentes” y que en la actualidad hay 18 ofertas las cuales se encuentran en evaluación.
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