Luego de ser capturado la semana pasada, la Fiscalía General de la Nación culminó las audiencias preliminares ante un juez en contra del exalcalde de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre, y tres de sus secretarios en la Alcaldía del municipio vallecaucano.
En las diligencias se revelaron supuestas irregularidades en la contratación del municipio, las cuales llevaron a agentes del CTI de la Fiscalía a detener también a los exsecretarios de Gobierno, el coronel (r) Jorge Alexander Gallego y John Fredy López Cardona; y a la exsecretaria de Hacienda Eliana Andrea Bedoya Bueno. Así como al contratista Javier Harrison Amaya.
De acuerdo a lo narrado por el ente acusador en las audiencias, los exfuncionarios de la Alcaldía de Tuluá se habrían organizado -aprovechando sus cargos- para direccionar contratos para el abastecimiento de bienes y servicios como capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal (JAC), y la alimentación para de la Fuerza Pública.
Tuluá. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
Eso se habría dado al menos en 25 contratos, los cuales se le dieron al contratista Amaya, quien es ahijado del exalcalde. "Adicionalmente, evidenció que los dineros desembolsados, al parecer, se destinaron para financiar la campaña del coronel (r) Gallego Chávez, quien aspiraba reemplazar al entonces alcalde".
En esa línea de supuestos fines políticos, la Fiscalía tiene en su poder que al parecer los exfuncionarios dispusieron de bienes del municipio para hacer actos de proselitismo -con servidores públicos a bordo- a favor del coronel retirado.
Río Tulua. Foto:Archivo particular
Ante este tipo de situaciones, que tienen en la mira una fiscal del Valle del Cauca y un investigador de la delegada contra la Corrupción, a cada uno de los procesados se los imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por uso.
Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Foto: Jesús Blanquicet
En la diligencia, llevada a cabo hace unos días, ninguno aceptó cargos, y un juez ordenó enviarlos a la cárcel mientras permanecen vinculados al caso.
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