Procuraduría se opone a la libertad de Salvatore Mancuso para ser gestor de paz

Ante un magistrado del Tribunal de Justicia y paz de Barranquilla inició la audiencia en la que se decidirá la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, la cual fue solicitada el año pasado en un acto istrativo en el que fue designado gestor de paz.

La diligencia se cumple luego de que una juez de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad a prueba al cumplir con sus compromisos de la desmovilización en las tres sentencias parciales que pesan en su contra en la justicia transicional. Esta no se hizo efectiva al existir otras medidas de aseguramiento en su contra.

Durante la audiencia, la representante de la Fiscalía señaló inicialmente que el decreto del ejecutivo que designó a Mancuso Gómez como gestor de paz no es vinculante para la Rama Judicial y que se debe hacer un análisis individual de cada caso. 

Añadió que se deben garantizar los derechos de las víctimas y que aunque en el decreto se exceden algunas de sus facultades, lo cierto es que la decisión le corresponde a la judicatura.

Igualmente, señaló que en caso de quedar libre, Mancuso Gómez no podría viajar a algunas regiones del país, pues existen restricciones para que haga presencia en los territorios en los que delinquió.

A su turno, el abogado Óscar Jiménez, representante de víctimas, dijo que no se opone al levantamiento de las 33 órdenes de captura que están en los tribunales de justicia y paz de Barranquilla, pues saldría a trabajar por la paz en el país y podría seguir cumpliendo sus compromisos estando libre.

Guillermo Gutiérrez, otro representante de víctimas, destacó la posibilidad de avanzar en procesos de negociación que impidan que siga el conflicto armado.

Respaldó la designación de gestor de paz y que se le conceda la libertad "para lograr justicia, verdad y reparación".

Finalmente intervino la representante de la Procuraduría, que ya se había opuesto a la primera solicitud de libertad del exparamilitar.

La procuradora Diana Niño consideró que no se sustentó adecuadamente la justificación y el argumento para llevar a la libertad del exparamilitar.  Igualmente, dijo que la política de paz no puede estar asociada a un discurso político o a una retórica sin argumentos.

Dijo que los argumentos para justificar la libertad para ser gestor de paz debe ser tan clara que lleve a la justicia a renunciar a tener a una persona detenida para responder por delitos.  

Sostuvo que el proceso de desmovilización con los paramilitares ya terminó y no hay razones para hablar de un "cierre total" y que no es claro con qué grupos sería gestor de paz el postulado.

Así mismo, indicó que si se trata de que participe en le entrega de un grupo de crimen organizado, en ese caso debe ser reconocido como miembro representante de ese grupo y que esa designación no se conoce. Cuestionó además que incluso representantes del 'Clan del Golfo' negaron un reconocimiento a la posible vocería de Mancuso Gómez y que si bien los integrantes de las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada pidieron la mediación del exparamilitar esto podría implicar un reconocimiento de que él siguió delinquiendo tras la desmovilización. 

Amplió su punto diciendo que si tiene ascendencia sobre ese grupo, implicaría algo de mando, lo que podría implicar que nunca se desmovilizó y quedaría expuesto a su expulsión de justicia y paz.

Y luego hizo una radiografía del escenario de violencia que vive el país, que se refleja en homicidios de líderes sociales y presiones sobre la seguridad ciudadana. Concluyó que las herramientas que tiene la normatividad se ha usado para negociar con grupos con status político y que frente al sometimiento del crimen organizado hay obligaciones del Estado para garantizar la seguridad de las personas y la protección de las víctimas.

La funcionaria fue muy crítica al señalar que se manda un mensaje nefasto a la delincuencia de que, a pesar de sus delitos, las puertas siempre están abiertas para que cuando quieran se sometan y reciban beneficios. 

@JusticiaET