General que salió en purga de corrupción deberá responder por 95 'falsos positivos'

Un grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia abrió varias investigaciones en contra de seis generales del Ejército Nacional retirados, quienes habrían participado en 151 ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como 'falsos positivos', durante los años 2004 y 2008.

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La noticia fue dada por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, durante el encuentro que sostuvo el lunes con el fiscal de la Corte Penal Internacional (I), Karim Khan.

“Quisiera señalar que hoy la Fiscalía, también en el marco de este trabajo, anuncia que han sido llamados a diligencia de indagatoria como responsables de delitos de homicidio en persona protegida, es decir, las ejecuciones extrajudiciales, los 'falsos positivos', seis generales de la República (…), en el marco de la investigación que adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia” confirmó el fiscal Barbosa.

Sin embargo, durante ese evento no se dieron a conocer los nombres de los altos oficiales, el número de víctimas y las zonas en las que se dieron estas prácticas.

Días después se conoció que los vinculados son el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz; el mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo; el mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth; el brigadier general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo; el brigadier general (r) Luis Felipe Paredes Cadena, y el brigadier general (r) Luis Fernando Rojas Espinosa. Ellos tendrán que acudir a diligencias de indagatoria, acompañados de sus abogados, para dar explicaciones de sus actuaciones.

En concreto tendrán que sustentar los planes operacionales de la Décima y Segunda Brigadas adscritas a la Primera División del Ejército con jurisdicción, entre otros, en los departamentos del Cesar y La Guajira, cuya ejecución estuvo a cargo de las unidades tácticas agregadas: los Batallones Especial Energético y Vial No. 2 y 3; los Grupos Gaula Guajira y Cesar; el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2; el Batallón de Artillería No. 2 La Popa; el Grupo de Caballería Blindado, y el Batallón de Artillería de Campaña No. 10 y El Batallón de Contraguerrillas No. 2 Guajiros.

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La hipótesis de la Fiscalía es que los altos oficiales “ejercieron un rol determinante” en ‘falsos positivos’ a través “de actos de presión, induciendo y pidiendo a los subalternos que los resultados operacionales que valían al interior de las unidades operativas menores de la Décima y Segunda Brigadas eran las ‘bajas’ (muertes en combate) que presentaran”.

Esas ejecuciones, según la información en poder de la Fiscalía, fueron promovidas y autorizadas pagando información para dar una apariencia de legalidad a las misiones tácticas que se traducían en el homicidio de civiles que no estaban vinculados al conflicto armado.

Además, como sucedió en otros casos en los que se repitió el mismo modus operandi, hubo felicitaciones a los militares involucrados en los hechos a través de las denominadas órdenes semanales “por resultados de la operación, e implementar estímulos como permisos, licencias y vacaciones”.

EL TIEMPO conoció que el oficial enredado en más casos es el general Fabricio Cabrera Ortiz, quien es investigado por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2008, cuando se desempeñó como Comandante de la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.

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De acuerdo a la investigación, en ese periodo, se habrían registrado 95 muertes en supuestos enfrentamientos armados con personas señaladas como delincuentes o integrantes de la guerrilla, que en realidad no lo eran.

El general Cabrera fue llamado a calificar servicio en febrero de 2014 junto a otros cuatro generales cuando se desempeñaba como jefe de Aviación del Ejército, y salió con otros oficiales en medio de graves denuncias de corrupción. En esa purga durante, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, también se fue el general Leonardo Barrero, quien para la época era el comandante de las Fuerzas Militares.

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Los oficiales salieron en medio del escándalo por supuestos hechos de corrupción asociados con el cuestionado coronel Robinson González del Río , procesado por ‘falsos positivos’, y más recientemente señalado de tener nexos con narcotraficantes.

Otro de los generales llamado a indagatoria es Hernán Giraldo Restrepo, investigado por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos entre el 24 de diciembre de 2004 y el primero julio de 2006, cuando se desempeñó como Comandante de la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.

Se investigan 33 muertes “en enfrentamientos armados de personas señaladas como delincuentes o tener vínculos con la subversión, sin corresponder a lo realmente ocurrido”.

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El general Luis Felipe Paredes Cadena, es investigado por el homicidio de una persona identificada como Jaime Otero Almanzam quien murió el 18 de noviembre de 2006 en un supuesto enfrerntamiento registrado en La Guajira.

Por su parte el general Jorge Enrique Navarrete Jadeth dará explicaciones por la muerte de 15 personas en hechos ocurridos el 16 de enero de 2006 en Urumita, La Guajira, quienes fueron asesinadas en un supuesto combate ente un grupo ilegal y tropas del Batallón de Caballería Mecanizado No. 2, del que fungía como comandante.

Carlos López

Redacción Justicia

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