Informe pide mayor apoyo a las mujeres campesinas

“Las mujeres que viven en las zonas rurales de Colombia no tienen pleno a los proyectos, ni a los recursos que se le destinan a esta población”. Esa es una de las conclusiones de un informe presentado por la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

El informe anual de seguimiento y defensa de la Mujer Rural 2022, el tercero presentado en los últimos años, empieza advirtiendo sobre la dificultades que tuvieron los organismos de control para obtener información de entidades como el Ministerio de Agricultura.

En esta ocasión, las entidades se centraron en analizarlos proyectos productivos del sector agropecuario del periodo 2019-2022 y verificar si se tuvieron en cuenta el enfoque de género y las medidas a favor de las mujeres rurales en este tipo de intervenciones del sector.

Para el análisis se tomaron en cuenta cifras oficiales que advertían, por ejemplo, que para el año 2020 las mujeres rurales representaban 17,2 por ciento de la población total del país, de las cuales únicamente el 26 por ciento son propietarias de tierras.

“Esto representa un contraste preocupante, si se tiene en cuenta que el 37,3 por ciento de las mujeres rurales del país integran de forma activa la fuerza laboral agrícola”, se lee en el informe. Añade que en cuanto a la categoría de violencia de género, se ha evidenciado que existe una tendencia al incremento de los casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres a nivel general, ascendiendo entre 2015 a 2018 la tasa a nivel nacional en un 3 por ciento: “Pero si se analiza exclusivamente en el sector rural, el incremento de esta tipología de violencia para este mismo periodo fue de un 41 por ciento”, añade el documento.

También se advierte que sobre la situación de matrimonio infantil y fecundidad en adolescentes en las zonas rurales de Colombia, la tasa de fecundidad infantil (10 a 14 años) y la tasa de fecundidad adolescente (15 a 19 años) “siempre son mayores en las zonas rurales del país en comparación con el total nacional y las zonas urbanas”.

En el tema concreto de proyectos productivos se analizó el plan El Campo Emprende, cofinanciado con recursos internacionales para combatir la pobreza. Allí se detectó que no implementó un proyecto un enfoque de género específico pero sí realizó un esfuerzo “para que, desde el componente de Gestión del Conocimiento, se logre conocer mejor la realidad de las mujeres rurales”.

Se destaca en el informe el proyecto Oportunidades Pacíficas, al decir que “esta es la única iniciativa que proyecta de forma clara en su diseño el abordaje de las violencias de género y su relación con los roles productivos y los estereotipos de género en la ruralidad”.

Ante esas situaciones, los organismos enfatizan que la autonomía económica de las mujeres “es esencial para avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mandatos imperativos para el Estado”. Y se subraya que “el fomento del liderazgo de las mujeres en los emprendimientos, en los procesos de inscripción, representación legal y división de roles desde el acompañamiento socioempresarial permite fortalecer la cohesión de los grupos, la división equitativa del trabajo y facilita la vinculación de otras mujeres”.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, llamó la atención sobre la baja participación femenina en el mercado laboral rural y los altos índices de pobreza reflejados en estas zonas, sobre todo en los hogares donde la mujer es cabeza de familia. “Las limitaciones de las mujeres rurales en el a la educación dificultan la posibilidad de tener mejores oportunidades en el mercado laboral y ocasionan, además, que tengan condiciones laborales deficientes, en temas salariales, de informalidad y de discriminación en las contrataciones”, dijo Rodríguez.

En el informe la procuradora Margarita Cabello señaló: “Es necesario que las entidades planeen, ejecuten y realicen seguimiento, que logren el goce efectivo de los derechos desde el enfoque de género. Por eso, el llamado es a redoblar esfuerzos en la construcción de políticas públicas, leyes y programas que garanticen los derechos de las mujeres rurales, de manera real, material y efectiva”.

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