En una audiencia, también llamada juicio disciplinario, 14 concejales de Pitalito, Huila, deberán responderle a la Procuraduría por presuntas irregularidades en la elección del personero del municipio para el periodo 2020-2023.
En particular, el órgano de control los investiga porque habrían elegido como personero a Hernando Reyes Liscano, pese a que él estaba inhabilitado para ejercer el cargo, pues habría firmado cinco contratos con entidades del municipio durante el año anterior a su elección.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, Reyes Liscano aparentemente suscribió en ese periodo tres contratos con la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito -Empitalito E.S.P.- para apoyar la divulgación de actividades de esa entidad; uno más con el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte para brindar soporte técnico a los equipos de comunicaciones, y otro con la E.S.E. Manuel Castro Tovar, con el objeto de realizar actividades de publicidad y promoción.
Por esto, el Ministerio Público formuló cargos contra David Melo Esguerra, Octavio Ordóñez Perdomo, Laureano Molina Scarpetta, Juan David Palomares Valencia, Germán Gonzalo Díaz Rodríguez, Óscar Ordóñez Gómez y Manuel Jesús Muñoz Valderrama.
También fueron contra Yelmi Murcia Vargas, Armando Aguilar Trujillo, Diego Alejandro Vargas Cabrera, José William Arboleda Clavijo, Jairo Enciso Muñoz Bahos, José Manuel Molina Rodríguez y Guillermo Rodríguez Rojas.
En su pliego de cargos, la Procuraduría señala que los concejales habrían asumido “una conducta impasible, negligente e impávida, toda vez que acorde a los postulados legales y constitucionales, así como al reglamento interno del concejo municipal debían proceder a evaluar las hojas de vida y verificar el cumplimiento de las calidades requeridas para ser personero municipal… pero no lo hicieron”.
Personero de Pitalito Hernando Reyes Liscano (centro) en reunión, en abril de 2020, sobre la pandemia de covid-19. Foto:Twitter: @PPitalito
Al no hacer estas verificaciones, los cabildantes habrían desconocido “el ejercicio de sus funciones públicas, los postulados de la moralidad pública e imparcialidad que precisamente debían proteger con la observancia del régimen de inhabilidades”.
Por todo esto, la entidad calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Finalmente, el ente de control informó mediante un comunicado que en este pliego de cargos también se compulsaron copias para que sean investigados los concejales Clarena Mora Méndez y Obdulio Daza Torres, quienes no habían sido vinculados al proceso previamente.
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