El plan del Gobierno para crear empleo para quienes salen de prisión

Las empresas que contraten a personas que han quedado en libertad luego de cumplir su condena, que no hayan terminado de pagar sus penas pero tienen permiso de trabajo o estén en libertad condicional, recibirán beneficios como la reducción de los pagos por aportes parafiscales.

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Así lo establece una ley aprobada en el Congreso que fue sancionada por el presidente Iván Duque, y que es conocida como la ley de las segundas oportunidades.

El sector privado, dijo el presidente Duque, será fundamental para el desarrollo de la norma y destacó que este tipo de medidas tienen un impacto real en el cambio de vida de las personas.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, en entrevista con EL TIEMPO, señaló que aunque la norma ya está en vigencia, se concedieron unos plazos para que las entidades responsables de su ejecución regulen sus procedimientos internos. Destacó que el proceso de resocialización y el dar una nueva oportunidad a las personas que quedan libres es una responsabilidad de la sociedad, y que no se les deja esa tarea solo a los empresarios del país (ver nota anexa).

El 2021 cerró con 97.954 personas en las cárceles del país. Esto representa un aumento del 0,6 % frente a los privados de la libertad que había en Colombia en el 2020.

Según la norma, los beneficios se empezarán a aplicar frente a la firma de contratos a término indefinido o fijo con población que ha salido de las cárceles del país.

De esta forma, no pagarán la totalidad de los aportes correspondientes a cajas de compensación familiar cuando la nueva contratación de trabajadores de esta población represente el 1 por ciento de la nómina actual.

En este caso la empresa contratante pagará el 80 % del valor total de los aportes en el primer año gravable, contados a partir del inicio de labores, y el 90 % del total de los aportes del segundo año por dichos trabajadores contratados.

Además, cuando la nueva contratación de trabajadores de la población que ha salido de la cárcel represente el 5 % de la nómina actual, la empresa contratante pagará el 60 % de los aportes el primer año y el 80 % en el segundo año.

Y cuando la nueva contratación de trabajadores de esta población represente el 10 por ciento de la nómina actual, la empresa contratante pagará el 40 del total de los aportes el primer año y el 70 % en el segundo año gravable. En caso de que la nueva contratación de trabajadores represente el 15 % de la nómina, se pagará el 20 % del total de los aportes en el primer año y el 60 % en el segundo año.

La ley da un plazo no mayor a seis meses para que el Ministerio de Salud y de Trabajo y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) reglamenten su funcionamiento operativo y la forma como se plasmará la liquidación en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

La ley igualmente establece beneficios a las empresas que apoyen a las mujeres y población transgénero estableciendo, por ejemplo, reducciones en el pago de parafiscales. Cuando la nueva nómina con dicha población represente el 5 por ciento de los trabajadores actuales, la empresa pagará el 50 % del valor de los aportes en el primer año gravable y el 70 % en el segundo año.

La actriz y activista Johana Bahamón, quien promovió la iniciativa y fue respaldada por legisladores como Katherine Miranda, representante a la Cámara, por el partido Alianza Verde, señaló que las personas recluidas que se beneficiarán en el futuro tienen entre 25 y 44 años de edad, quienes representan el 54 por ciento de la población carcelaria del país.

“Bienvenidos a la libertad, a ser ejemplo para las más de 110.000 personas de quienes hoy ustedes serán su esperanza y demostrarán la importancia de tener una segunda oportunidad digna como todas ustedes se lo merecen”, destacó Bahamón en sus redes sociales al referirse a la población beneficiaria de esta ley.

Y a los empresarios los invitó a “ya no solo a creer sino a crear segundas oportunidades, para personas que en su mayoría no han tenido una primera oportunidad”.

La ley de las segundas oportunidades crea un sello para reconocer públicamente a las empresas que contratan a personas que han salido de prisión. Le corresponde al Ministerio del Trabajo reglamentar en los próximos seis meses el funcionamiento de ese beneficio.

Igualmente, el ministerio en su página web publicará el listado de empresas que han recibido el sello y publicitará entre los consumidores la existencia de ese reconocimiento y su importancia en la promoción del trabajo para la población objeto de esta ley.

Además, se determinó que a través del Sena, Innpulsa Colombia y los ministerios de Industria y Turismo y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cree la ‘Ruta del emprendimiento para las segundas oportunidades’, que apunta a “garantizar a la población objeto de la presente ley, el acompañamiento y asesoramiento necesario para la puesta en marcha de su propia empresa, así como para su posterior continuidad en el tiempo”.

El Sena, mediante su programa de emprendimiento, tiene la tarea de destinar recursos para fomentar la creación y la generación de empleo para los exconvictos.

Una de las herramientas claves, además de la capacitación, es facilitar las fuentes de financiamiento para promover los emprendimientos que apunten a promover el empleo de las personas que salen de las cárceles.

La norma apunta también a que las cámaras de comercio del país, de manera coordinada con el Gobierno, “adelantarán acciones de divulgación y promoción de los estímulos establecidos para que las empresas vinculen laboralmente a esta población (...) podrán con el Sena gestionar programas de capacitación para los empresarios con el fin de facilitar la vinculación laboral de esta población a los diferentes sectores”.

Finalmente, la ley establece que el Ministerio de Justicia formulará una política pública nacional para crear casas de acogimiento y apoyo de reincorporación a quienes van saliendo de las prisiones.

El ministro de Justicia Wilson Ruiz en entrevista con EL TIEMPO habló de los alcances de la ley sancionada.

La Ley 2208 de 2022 fue sancionada y promulgada por el señor Presidente de la República el 17 de mayo, razón por la cual se entiende que actualmente la norma se encuentra surtiendo plenos efectos jurídicos dentro del ordenamiento legal.

Sin embargo, debido a que la ley contiende una serie de órdenes como la creación del sello de segundas oportunidades, la progresividad en el pago de parafiscales asociados al pago de nómina y la formulación de una nueva política pública nacional para establecer casas de acogimiento y apoyo a la reincorporación en favor de la población pospenada, la norma otorga a las distintas autoridades responsables un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de expedición de la ley para expedir los respectivos decretos reglamentarios.

Se calcula que esta ley busca beneficiar a más de 97.000 personas que pertenecen a la población pospenada en el país; individuos que cuando regresan a la libertad, el proceso de su resocialización resulta todo un desafío ya que siguen teniendo serios problemas para el al mercado laboral, lo que genera un círculo vicioso que impide a estas personas ingresar de forma integral a la sociedad y reconstruir su tejido social y familiar, dejándolos en mayor nivel de vulnerabilidad para recaer en actividades delictivas.

Decir que esta ley acabará de tajo con el estigma y la discriminación de la que ha sido víctima por muchos años la población pospenada en el país sería una falacia. Poner fin a esta situación requiere, sin duda, de un gran compromiso de la sociedad en su conjunto, especialmente de los sectores productivos de nuestro país, quienes como empleadores deben ser cada vez más conscientes que este sector de la población debe tener herramientas suficientes que le permitan reincorporarse a la sociedad, concretando así la resocialización completa del individuo y evitando que el mismo recaiga en eventuales conductas delictivas al no tener cómo acceder al mercado laboral.

Sin duda alguna, esta ley da pasos firmes en la dirección de incentivar al sector privado para contratar estas personas y darles una segunda oportunidad, pero acabar con un estigma tan complejo como el que tiene la población pospenada en Colombia requiere necesariamente de un proceso de concientización colectiva.

Las casas de acogimiento hacen parte de una política pública que esta ley ordena formular y para la cual el Ministerio tiene un plazo máximo de 6 meses para expedir. Lo que se espera de esta política pública en creación, es que apoye de manera efectiva e integral el proceso de reinserción social y no dejar esto dependiendo únicamente de la actividad privada del sector empresarial. Es claro que esta es una responsabilidad conjunta, de ninguna manera el Estado pretende que la responsabilidad sea únicamente del sector privado. Para sacar adelante el gran objetivo que propone esta ley, es necesario que el Estado trabaje de la mano con el sector privado.

Creo que un mensaje muy claro de la receptividad que ha tenido esta ley dentro del sector empresarial en general fue la asistencia de algunos importantes líderes del sector al evento de sanción de esta ley en la Casa de Nariño. Igualmente, la participación de todos los empresarios será de vital importancia en lo que será la construcción de los actos istrativos que reglamentarán algunas materias específicas de esta ley y que se deben construir de la mano de ellos. No me cabe duda de que los empresarios de Colombia, con su amplio sentido social, serán un eje axial transformador de lo que será la resocialización de la población pospenada en nuestro país.

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