Análisis
JEP imputó secuestro y crímenes de guerra a cuatro mandos del bloque Magdalena Medio de las extintas Farc
En este subcaso se reconocen 189 víctimas, directas e indirectas, en regiones de los Santanderes, Bolívar y Cesar.
JEP imputó crímenes de guerra a cuatro mandos medios Foto: JEP
Redactora AActualizado:
"Me desnudaron, me amarraron de pies y manos, templándome con una cadena y un lazo a los árboles. El dolor era tal que, en varias ocasiones, perdí la conciencia". Este es el testimonio de Marco Alirio Cortés, uno de los más de 180 que recoge el expediente contra cuatro mandos del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc, imputados por secuestro y otros graves crímenes de guerra.
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La imputación es la sexta que emite la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso 01 por secuestro. En esta investigación, el despacho de la magistrada relatora Julieta Lemaitre evidenció que el Bloque Magdalena Medio recurrió a las privaciones de la libertad como mecanismo para controlar territorio y financiarse.
Foto:Archivo particular
Los secuestros ocurrieron en fincas, casas y durante tomas guerrilleras en pueblos y caseríos. No se limitaban a la mera "retención", los exguerrilleros aplicaron torturas y violencia, incluida la sexual, contra sus cautivos. La JEP documentó amarres, golpizas, humillaciones, prohibiciones arbitrarias, insultos y amenazas. Además, en muchos casos, los asesinaban o desaparecían.
“Algunas personas, como las mujeres secuestradas, sufrieron un daño diferenciado, al encontrarse en un entorno militar masculinizado que las expuso a una vulnerabilidad particular”, señala la imputación.
Una víctima relató que tenía que hacer sus necesidades en un hueco, delante de todos los demás guerrilleros. “No nos daban papel y nos tocaba limpiarnos con hojas. No teníamos cepillo dental, ni jabón, y siempre nos apuntaban con el fusil”, contó la mujer.
Foto:Alfonso Cervantes. Archivo EL TIEMPO
Los secuestrados y sus familias quedaron con secuelas físicas y psicológicas, incluso después de recuperar la libertad. Las víctimas de secuestros extorsivos sufrieron graves daños patrimoniales al pagar por su liberación. Estos perjuicios se extendieron a las comunidades, “que vieron deteriorado su desarrollo y confianza colectiva por las acciones de las extintas Farc”, afirmó la JEP.
El Bloque Magdalena Medio buscó controlar Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta y las vías que conectan estas ciudades con el centro del país. Además de los secuestros extorsivos, se financiaron con rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de gasolina, actividad común en la zona fronteriza.
Estas estructuras tuvieron presencia en diversas regiones: el Catatumbo (Norte de Santander), Santander, el sur de Cesar, el sur de Bolívar, el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio antioqueño y el occidente de Boyacá.
Su declive arrancó en la primera década de los 2000's. Este grupo fue diezmado por frentes paramilitares y narcotraficantes. Según la JEP, fue en esta disputa armada que aumentaron los secuestros con fines de control territorial, dirigidos a personas con liderazgo o señaladas arbitrariamente como “colaboradores del enemigo”.
Precisamente, un hecho clave en el aumento de estos secuestros fue la toma paramilitar de Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998. Bajo esta premisa, cometieron al menos 85 privaciones de la libertad.
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“Las extintas Farc-EP recurrieron a estas prácticas para imponer su dominio frente a grupos paramilitares, autodefensas y narcotraficantes que disputaban las mismas zonas estratégicas. Este contexto agudizó la violencia contra la población civil, usada como medio de presión y castigo en la confrontación armada”, advirtió la JEP.
Los responsables que deberán reconocer estos crímenes son:
- Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero.
- Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina.
- Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias Jairo Quintero o Jairo Mechas.
- Fabio Gil Forero, alias Norbey Narváez.
Estos comparecientes deberán reconocer sus crímenes y pedir perdón a las víctimas. Luego, su caso pasará al Tribunal de Paz, donde podrán recibir una sanción entre cinco y ocho años de prisión extramural.
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Sin este 'mea culpa', el expediente será enviado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) —la fiscalía de la JEP— donde serán juzgados y, si se comprueba su culpabilidad, condenados a una pena ordinaria.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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