Asociaciones de trabajadores sociales sentaron su inconformismo y voz de protesta por lo que consideran la estigmatización de sus labor en las comunidades, a raíz de un informe de inteligencia de las autoridades.
Las voces de rechazo se hicieron visibles en redes sociales tras la publicación de un artículo de EL TIEMPO, en el que se recogía información oficial de las autoridades sobre la forma de operar en la ciudad de grupos que promueven actos de violencia.
Heiner Niño Galeano, directivo de la Asociación de Trabajadores Sociales de Santander, aseguró a este diario que "fue un desacierto" utilizar el termino trabajador social, tanto por parte de la Policía como autor del informe, como de EL TIEMPO por haberlo replicado.
“El trabajo social es una profesión formal, reconocida y que desde hace muchos años cuenta con un marco legal”, afirmó Niño.
Señaló que “la publicación afecta su buen nombre porque nos están relacionado con unos hechos delictivos. Esto, consideramos, nos deja en peligro, porque nos trasladamos por zonas de orden público. Y le reiteró, sentimos que se pone en riesgo nuestra integridad y vida”, puntualizó Niño.
De igual forma, aclaró que el trabajo social se confunde con labor social, servicio social, y que estas actividades se identifica con los líderes sociales y comunitarios, “a quienes respetamos y apoyamos”, dijo.
En igual sentido, se pronunció el Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social CONETS, quien se refirió a la publicación, y en un comunicado de cuatro puntos afirma que está situación “evidencia un desconocimiento histórico sobre los procesos de profesionalización y el acervo disciplinar del Trabajo Social en Colombia, América Latina y el mundo. Lo cual compromete nuestro ejercicio profesional, al generar imaginarios sociales tergiversados sobre los Objetos de la Intervención Social, produciendo situaciones de vulnerabilidad y riesgo en nuestra comunidad académica y profesional”.
Afirman que la publicación ubica los campus universitarios dedicados a la formación, a la investigación social y a la construcción de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la justicia y la paz como “centros de entrenamiento” para actos vandálicos, legitimando operativos que ponen en riesgo la vida y el orden público.
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