Sensatez institucional

La reciente elección de Gregorio Eljach como procurador general de la Nación envía al país un mensaje de tranquilidad, estabilidad y vigor democrático. Resulta curiosa por ello la indignación de sectores opositores, como si esta fuera la primera vez que un candidato propuesto por el jefe del Estado hubiera sido escogido. Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991 varios lo han sido. Basta con recordar a procuradores como Carlos Gustavo Arrieta (1991-1994), Jaime Bernal Cuéllar (1997-2001) y Margarita Cabello (2020-2024).

Se equivocan entonces quienes sugieren en estas mismas páginas que la elección del nuevo Procurador obedece a un plan del Gobierno para atentar contra las instituciones y el equilibrio de poderes en el país, que incluye una fantasiosa toma de la Corte Constitucional.

Más grave es la tesis esgrimida sin fundamento alguno por el doctor Vargas Lleras, según la cual hay tres magistrados en la Corte Constitucional favorables a Petro (señala a los doctores Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández y Natalia Ángel), y sugiere que vendrán otros dos el año entrante, cuando todos los magistrados de esa corte fueron y serán elegidos también por el Senado, a partir de ternas que se ajustan al diseño constitucional. Natalia Ángel proviene de una terna presentada en su momento por la Corte Suprema de Justicia, y Juan Carlos Cortés, de una del Consejo de Estado. Ambos elegidos por un Senado en el que el anterior gobierno ostentaba unas claras mayorías. Y en el caso de Vladimir Fernández se elige de una presentada por el Presidente en ejercicio de su deber y derecho constitucional a postular, como lo han hecho sin excepción todos los jefes del Estado en los últimos 33 años.

La independencia de la Corte está garantizada porque todos sus son elegidos por el Senado de la República para períodos personales fijos de ocho años, que trascienden los periodos presidenciales, no coinciden en el tiempo y proceden de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República.

Sorprende entonces que quienes señalan al presidente Petro de irrespetar a la justicia por algunas reacciones frente a fallos adversos al Gobierno incurran, ellos sí, en esa conducta al estigmatizar a tres magistrados. Además, anticipan que las próximas ternas que deben enviar las cortes podrían incluir personas afines al jefe del Estado. Esa sí es una presión indebida a la justicia, que una y otra vez ha demostrado su independencia frente al Poder Ejecutivo en Colombia.

A lo largo de los 33 años de vigencia de la Constitución, la Corte siempre ha demostrado su independencia frente a los gobiernos de turno, convirtiéndose así en garante de la estabilidad institucional del país. A este gobierno la Corte Constitucional le declaró inconstitucionales la emergencia económica decretada en La Guajira y una parte importante de la reforma tributaria. Al gobierno de Duque, infundadas las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y limitó el uso de glifosato en las fumigaciones a la coca. Al gobierno Santos le restringió sus facultades del ‘fast track’ aprobado por el Congreso para la implementación del acuerdo de paz y le tumbó buena parte de la reforma de equilibrio de poderes. Al de Uribe le modificó el sistema de Justicia y Paz, y declaró inconstitucional el proyecto de referendo para una segunda reelección presidencial. Podrían citarse muchos ejemplos más, pero estos bastan para demostrar que la Corte ha sido independiente frente a todos los gobiernos, incluido el actual.

El año entrante vencerán los períodos de Antonio Lizarazo (terna de Consejo de Estado), Cristina Pardo (terna del Presidente), Diana Fajardo y José Fernando Reyes (terna de la Corte Suprema). Sus reemplazos, de nuevo y como siempre ha sucedido, serán elegidos por el Senado de la República, y su independencia estará garantizada por el diseño constitucional de separación de poderes y el respeto del actual gobierno a esos principios. No se entiende entonces el afán de promover el miedo y la incertidumbre sobre la estabilidad democrática del país y el respeto a las reglas de juego establecidas en la Constitución. Sensatez, por favor.

JUAN FERNANDO CRISTO

Ministro del Interior

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