Salvar la Amazonia

Es, sin lugar a dudas, positivo que dos presidentes de países amazónicos se sienten a preparar la cumbre que sobre el cuidado del mayor pulmón del mundo tendrá lugar en agosto en Belém do Pará (Brasil). Con presencia de ministros y delegados de los restantes seis países que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, tuvo lugar en Leticia la semana pasada una reunión para allanar el camino de un acuerdo urgente para el bioma amazónico, que deberá suscribirse en Belém.

El marco es el de un reloj en cuenta regresiva. Como lo señaló ayer en este diario la ministra del ramo, Susana Muhamad, ya se ha deforestado el 17 por ciento de la selva amazónica. De llegar al 25 por ciento de bosque talado, los ecosistemas que la conforman ya no podrán regenerarse y estaríamos ante el fin de una región fundamental para garantizar la vida tal y como la conocemos en el planeta. De tal tamaño es el reto.

Lo anterior tiene que servir también para recordar que el gran aporte de Colombia a la causa de enfrentar la crisis climática pasa, ante todo, por lograr frenar la tala indiscriminada de bosques en la Amazonia. Aquí, mucho más que en el terreno de los combustibles fósiles, es donde es verdaderamente apremiante que el Estado entero se vuelque para que muy pronto haya resultados, y más con la urgencia que implican las cifras planteadas.

Al respecto, recientemente se conoció la buena noticia de la caída, por fin, de la cifra de deforestación en la Amazonia. Disminuyó en un 25 % entre el 2021 y el 2022. Al mismo tiempo, ha trascendido que, en el marco de los acercamientos con el Gobierno, las disidencias de las Farc han optado, al menos temporalmente, por detener la tala para poder jugar una carta ambiental –que termina siendo política– en la mesa. Sin duda, es positivo, pero es el momento de advertir que esta realidad no puede llevar a que el Gobierno se relaje. Tiene que avanzar con celeridad la implementación de los programas anunciados por la ministra Muhamad para vincular a quienes habitan estos territorios al cuidado de la selva.

De vuelta a Leticia, es esperanzador ver las conclusiones. Muestran que se tiene clara la ruta por seguir y esta es la correcta: que el crimen no gobierne el territorio; que haya inclusión social con alternativas que permitan regenerar el ecosistema; coordinación entre países para enfrentar el crimen organizado y participación, tanto de pueblos indígenas, que tanto tienen por aportar, como de otros sectores de la sociedad que habitan estos lugares y cuya voz debe ser tenida en cuenta, más allá de estigmas que poco aportan.

Ojalá en agosto se pueda celebrar un acuerdo y que este tenga ‘dientes’, una ruta clara para implementarse y que comprometa a los países. Para ello se puede ir ganando terreno: es indispensable que, más allá de lo que pase en la negociación con los grupos armados, el Estado se haga presente y ejerza pleno control territorial en esas zonas, que los satélites identifican claramente con puntos rojos por la acelerada destrucción de bosque (no solo en la Amazonia, por cierto, también en Chocó, el nudo de Paramillo y el Catatumbo, entre otras zonas). Es la única manera de garantizar que los esfuerzos van a ser realmente efectivos y sostenibles.

EDITORIAL

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