Lo que ocurre en Tuluá

Bueno tener claro que de este municipio –el cuarto en población del departamento, ubicado en el corazón del Valle, de ahí su conocido apelativo–, no se puede decir que ha padecido la ausencia estatal. Ha sido polo de desarrollo industrial y agrícola y sus habitantes, en general, han contado con a bienes y servicios básicos. No obstante, por su ubicación geográfica y por una lamentable pero real herencia de actividad delictiva, sobre todo la ligada al narcotráfico, hoy su población vive una zozobra similar a la que experimentan quienes habitan en territorios periféricos donde grupos armados hacen presencia y libran disputas ante la ausencia de las instituciones.

Tan crítica es la situacion de Tuluá, que la alcaldía decidió cancelar la edición número 67 de su tradicional feria, prevista originalmente para el fin de semana del 7 al 11 de junio. Esto, después del ataque sicarial a las afueras del coliseo Manuel Victoria Rojas que cobró la vida del concejal Carlos Arturo Londoño y de la coordinadora de discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social, Clariver Ocampo, persona en condición de discapacidad.

Sí, la situación es grave. Londoño es el segundo cabildante del municipio que es asesinado: en la noche de año nuevo la víctima fue Eliecid Ávila. Todos estos crímenes se le atribuyen a la banda La Inmaculada. El responsable del crimen de Ávila sería también el autor del asesinato del periodista Marcos Montalvo, ocurrido el 19 de septiembre de 2021. 

Esta organización criminal es la mayor culpable del crítico momento que vive Tuluá. No obstante tener a sus dos máximos cabecillas tras las rejas, alias Pipe y alias Nacho, sigue azotando a la población por medio de la extorsión y a las autoridades con serias amenazas. Está inmersa, además, en una disputa con la banda Nueva Generación por el control de las rentas ilegales. Es verdad que ha recibido duros golpes que no se limitan a la captura de sus capos. La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, aseguró a este diario que por cuenta de estas acciones, las extorsiones y homicidios han caído en un 52 por ciento y que los últimos hechos violentos se pueden interpretar como reacción de los criminales a los golpes dados por las autoridades.

Esto último es una buena señal, pero obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos, pues ya se sabe de qué calibre son las retaliaciones de esta tenebrosa banda. Lo primero y más urgente es que la UNP le a garantice a cada concejal un esquema de protección, trámite que ha tenido tropiezos. Más allá de estas acciones puntuales, la solución de fondo solo puede pasar por desenterrar los tentáculos de esta organización a todo nivel.

Lo que ocurre en Tuluá es también una advertencia: no basta presencia estatal. El crimen organizado en su faceta actual busca cooptar instituciones y, de manera silenciosa pero efectiva, tejer sus propias redes. Esto solo se puede enfrentar con transparencia y eficacia en la gestión pública y construcción de confianza entre la gente y de la gente hacia sus instituciones.