Obliga la Constitución

Es comprensible la indignación de la ciudadanía ante los hechos vandálicos ocurridos el sábado pasado en el marco de las marchas del 8M.

Aunque estas tuvieron escenas pacíficas que vale la pena destacar, al final derivaron en daños y afectaciones a bienes públicos y privados, entre ellos los que sufrió la estatua de Luis Carlos Galán en la plazoleta del Concejo de Bogotá fueron los que, con razón, mayor rechazo generaron. Se trata de la memoria de un valiente líder que dio su vida por la democracia, nada menos. Detalle que parecen desconocer quienes arremetieron contra este monumento. Sin ignorar los ataques a la Mujer de pie desnuda, obra de Fernando Botero, en Bucaramanga.

Frente a esta situación retumba la pregunta por el papel de la Policía y surgen cuestionamientos sobre una aparente pasividad ante, en este caso, las vándalas. Expertos consultados por este diario coinciden en que movilizaciones como la del sábado pasado tienen un trasfondo simbólico que complejiza la acción de la Fuerza Pública. Finalmente es el Presidente su máximo comandante y es claro que las reivindicaciones de quienes salieron a las calles están en la agenda del actual gobierno y de las fuerzas políticas que lo respaldan. Luego está el propósito expreso de este gobierno de darle a la protesta social un tratamiento diferente en el que se privilegian el diálogo y la concertación sobre el uso de la fuerza.

Lo anterior se comprende en tanto contexto, pero ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Porque más allá de cualquier consideración está la Constitución, que es clara en que las autoridades tienen el deber de proteger la vida, honra y bienes de la gente. Es, por lo tanto, responsabilidad y obligación de las autoridades civiles locales y nacionales actuar de manera coordinada y por encima de sus diferencias para que esto último no quede en letra muerta y se envíe el mensaje erróneo hacia el futuro de que en la protesta social todo vale.