Pesadilla de vuelta

Los recientes hallazgos de la Defensoría del Pueblo en Chocó encienden una alarma que vuelve a poner sobre la mesa los complejos desafíos que enfrenta el país como lugar de paso –y permanencia– de migrantes en condición de irregularidad. En una nueva ruta de migración inversa que atraviesa el océano Pacífico desde Panamá, entre 20 y 40 personas por día están siendo desembarcadas en condiciones indignas en municipios como Juradó, Ciudad Mutis y El Valle. Se alojan, cuando pueden, en hostales improvisados, pero la mayoría duerme en andenes, en parques o bajo techos precarios. Es el resultado del fracaso de sus intentos por ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, ante políticas migratorias más severas del país del norte. Tan cierto es que sabían de los riesgos a los que se exponían como el hecho de que hoy protagonizan una situación humanitaria muy difícil, que se convierte en un llamado a las instituciones que podrían ayudar a garantizar sus derechos más básicos.

Lo más grave es que esta nueva dinámica migratoria ocurre, una vez más, sin control alguno y en medio de territorios asediados por el conflicto armado. La presencia del 'clan del Golfo', el Eln y disidencias de las Farc, con su disputa por el control de rutas ilícitas y su historial de reclutamientos forzados, abuso sexual y extorsión, multiplica la vulnerabilidad de estas personas.

Como ha advertido la Defensoría, esta es una población atrapada entre la indiferencia institucional y la violencia estructural. La situación es particularmente alarmante para menores de edad que llegan acompañados por adultos que no pueden demostrar parentesco. El riesgo de trata, abuso y desaparición es real y clama atención.

Además del abandono estatal, hay una debilidad estructural en las capacidades institucionales de los municipios receptores. Ni Juradó ni Bahía Solano cuentan con los recursos humanos ni logísticos para dar una respuesta adecuada. La Defensoría ha insistido en que los esfuerzos estatales se concentran todavía en la migración por el Caribe, descuidando lo que viene ocurriendo en el Pacífico. Esta omisión tiene consecuencias graves: una crisis humanitaria en expansión, sin una estrategia clara para atenderla.

Hace falta una hoja de ruta que traiga algo de alivio a quienes por muy distintas razones ya vivieron una pesadilla en la ida. Colombia no puede permitir que estas personas, en su mayoría familias vulnerables, sean dejadas al vaivén de las redes ilegales que se lucran con su desesperación. Urge implementar puntos de asistencia humanitaria, garantizar mecanismos de verificación de identidad, activar rutas de atención psicosocial y reforzar la presencia institucional con un enfoque diferencial.

Desde luego, el país no puede asumir solo este reto. La ruta migratoria es binacional, y las soluciones deben ser conjuntas, tienen que comprometer a todos los países de la región e, idealmente, al propio Estados Unidos. Porque, así como existe una alerta temprana compartida, debe haber una estrategia binacional que involucre a Panamá desde el diseño, no solo desde la ejecución. Debe quedar muy claro que este desafío humanitario está muy por encima de cualquier diferencia diplomática o tensión regional. Son miles de vidas en constante riesgo.