Renuncia y dudas

La salida de Martha Lucía Zamora en medio de aplausos y de una calle de honor conformada por los funcionarios y las funcionarias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) le añade un nuevo capítulo a una historia en la que son bastante más las sombras que las luces.

Todo comienza con el fin del contrato que tenía la Cancillería con la firma Thomas Gregg and Sons para la elaboración de los pasaportes. Tras un proceso que generó mucho ruido, con denuncias y señalamientos a granel, a su fase final solo llegó un proponente, la misma empresa en cuestión, luego de que otras tres de Colombia, Portugal y Francia argumentaran estar en desventaja a la luz de las condiciones establecidas para la licitación, que pretendía adjudicar un nuevo contrato por 599.000 millones de pesos.

Al quedar Thomas Gregg como único proponente, la decisión del Gobierno Nacional fue suspender el proceso. Thomas Gregg había obtenido el mayor puntaje. Este paso implicó dejar al país con la incertidumbre de quién expediría los documentos una vez el anterior contrato llegara a su fin.

Para evitar esta situación, la Cancillería optó por declarar la urgencia manifiesta y entregarle a la firma mencionada un contrato de manera directa y por un año para que se encargue de esta labor. Pero aquí no termina la novela. La decisión de no seguir con la licitación, no obstante el tener viabilidad jurídica según parece, condujo a Thomas Gregg a instaurar una demanda por un valor cercano a los 117.000 millones de pesos para compensar la presunta afectación.

En este punto entró a terciar, pues así le correspondía, la Agencia en cabeza de la exfiscal Marta Lucía Zamora. En la obligatoria instancia de conciliación, la Andje habría optado, como se dice en la jerga jurídica, según su leal saber y entender, precisamente por este camino. Esta decisión no fue del agrado del canciller Álvaro Leyva, mas sí contó con el respaldo de todos los funcionarios de su ministerio que participan en el proceso, tal y como lo demostró un documento revelado ayer. El Canciller, según Zamora, reaccionó en contra de ella de forma irrespetuosa por haber tomado tal decisión.

Lo siguiente fue la renuncia ayer de Zamora, la afirmación del presidente Gustavo Petro con respecto a que la decisión de solicitarle su dimisión ya se había tomado antes del rifirrafe con el Canciller, el respaldo expresado por las personas a su cargo y una denuncia muy preocupante de la ex directora sobre una reunión en el exterior entre el hijo del canciller, Jorge Leyva, y el exfiscal Juan Carlos Losada para influir, según sugirió, en la nueva licitación abierta para escoger la firma que expida los pasaportes una vez termine el actual contrato de emergencia.

Las importantes preguntas que deja toda esta historia deben responderse. El Presidente haría bien en recibir a Zamora para escuchar su versión. Y quien la reemplace debe estar en disposición, incluso, de honrar el deber de ingratitud, si esto es preciso, para defender el interés general.

EDITORIAL

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