Procuraduría pide rechazar solicitud para dejar sin efecto la votación del Senado en demanda por consulta popular

En sintonía con las declaraciones del procurador Gregorio Eljach, quien respaldó la decisión del Senado del pasado 14 de mayo —cuando se hundió la consulta popular—, la Procuraduría General le pidió al Consejo de Estado negar la medida cautelar que busca dejar sin efecto la votación en la plenaria.

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"Se negó formalmente (la consulta popular) y así está establecido. No cabe discusión jurídica alguna sobre la posibilidad de que el Senado diera un concepto favorable a la primera solicitud del Presidente. No lo dio, no existe. Pero también está la decisión en manos de los jueces", dijo Gregorio Eljach en el Congreso Anual de Asobancaria, en Cartagena.

En un concepto enviado al alto tribunal, la Procuraduría le pidió al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas —que estudia una demanda que busca anular la votación por un supuesto vicio de trámite— no acoger las pretensiones del demandante y rechazar la medida cautelar que busca dejar sin efecto la decisión mientras se resuelve de fondo.

El Ministerio Público argumentó que no encontró una vulneración al orden jurídico en la expedición del acta con la que la Secretaría del Senado certificó el resultado. “Se consolidaron los resultados de la sesión del 14 de mayo y, por lo tanto, no procede la suspensión cautelar solicitada por el demandante”, se lee en el documento.

La Procuraduría también desestimó los argumentos de Raymundo Francisco Marenco, quien alegó que la votación estuvo viciada. Entre sus razones, mencionó que se “negó la participación” de los senadores del Pacto Histórico Richard Fuelantala y Martha Peralta Epiayú, quienes no votaron pese a estar registrados en el sistema electrónico.

Así mismo, cuestionó el breve tiempo en que estuvo abierto el registro, y señaló que el secretario general del Senado “habría cambiado el sentido del voto del senador Édgar Díaz Contreras —de positivo a negativo— después de cerrar la votación”.

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Pero para la Procuraduría, estos señalamientos “no gozan de la contundencia ni de la determinación necesarias para concluir que se vulneró el ordenamiento jurídico”, y lo que reflejan son interpretaciones particulares “sin fuerza suficiente para evidenciar una irregularidad en la expedición del acto demandado”.

"A la par de la demanda ante el Consejo de Estado, que constitucionalmente es el juez que debe avalar la legitimidad de la votación del Congreso, el presidente Gustavo Petro decidió desconocer su concepto desfavorable y convocar a la consulta popular vía decreto. 

El 'decretazo', que contó con la asesoría jurídica de tres expresidentes de la Corte Constitucional, entre estos el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha sido duramente cuestionada por voces de todos los espectros políticos que sugieren una violación a la separación de poderes.

“Mientras no haya una decisión judicial anulando la votación de la consulta popular, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el Presidente. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes”, dijo el jurista Rodrigo Uprimny en su columna en Dejusticia.

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Sería la primera vez que un Gobierno convoca una consulta popular no solo sin el concepto favorable del Senado, un requisito imprescindible, sino negando la existencia de un acto de otra rama del poder, el Legislativo, y sin la mediación del poder judicial, en contravía con las normas jurídicas.

Redacción Justicia