Un día antes de que el cese del fuego bilateral con el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ de las Farc perdiera vigencia, y en medio de la tercera ronda de diálogos de paz, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que amplía por seis meses más la tregua, es decir, hasta el próximo 15 de julio.
El decreto fue publicado este domingo por la oficina del alto comisionado para la Paz, a cargo de Otty Patiño, y plantea que desde el 16 de enero a las 00 horas se suspenderán las operaciones militares ofensivas por parte de la Fuerza Pública en contra de esa disidencia.
“El Ministerio de Defensa emitirá los lineamientos necesarios a la Fuerza Pública para el cumplimiento del decreto”, dice el documento, publicado dos días después de que la delegación de paz del Gobierno se reunió con el presidente Petro en la Casa de Nariño.
Durante ese encuentro, solicitado por los integrantes de la mesa que representan al Gobierno, le explicaron al jefe de Estado en qué estado están las negociaciones y se discutió sobre la posibilidad de ampliar la tregua.
En él estuvieron presentes el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el director del Departamento istrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González; y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se va a evaluar lo que ha ocurrido durante los tres meses del cese del fuego, hay un mecanismo de verificación y un informe de contingencia, (también) un balance que tiene irregularidades, pero que en términos generales es positivo”, señaló Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno, días antes del inicio del tercer ciclo.
El primer cese del fuego decretado con ese grupo se anunció el 31 de diciembre del 2022; sin embargo, dicha tregua se suspendió en mayo luego de que se confirmó el reclutamiento y posterior asesinato de cuatro jóvenes en Putumayo.
Después, en octubre del 2023, ambas partes llegaron a un nuevo acuerdo para cesar las hostilidades. El compromiso se selló en Tibú, Norte de Santander, el mismo día en que se instaló la mesa de diálogo. Aunque inicialmente se planteó la posibilidad de que esa segunda tregua tuviera un periodo superior a los tres meses, el Gobierno optó por limitarla a 90 días.
Este tercer periodo de tregua arrancará con un mecanismo de verificación activo, pero reducido en tamaño debido a que solo dos de las instancias regionales encargadas de recibir denuncias o reportes de posibles violaciones han sido instaladas.
CAMILO A. CASTILLO
@camiloandres894
REDACCIÓN POLÍTICA
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