Misión de Apoyo a la Paz de la OEA alerta por violencia en el Chocó e insta a reactivar mesa con bandas de Quibdó

Sin una figura que encabece la delegación del Gobierno en el espacio de conversación sociojurídico -tras la inesperada salida de Brenda Rentería el pasado 14 de mayo- y sin una tregua vigente entre las estructuras armadas presentes en Quibdó, los habitantes de la capital chocoana enfrentan una situación crítica marcada por disputas territoriales. Este escenario, más allá de ser evidente para la comunidad local, fue señalado en una alerta emitida este jueves por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

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“La Misión (...) expresa su profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia y el grave deterioro de la situación de seguridad en la ciudad de Quibdó, Chocó”, señala un comunicado. En el documento también se denuncia el avance, a plena luz del día, de diversos grupos armados, así como su fortalecimiento y el aumento de los enfrentamientos entre estas estructuras por el control territorial.

En el municipio, cabe mencionar, hacen presencia ‘Los Mexicanos’, ‘Locos Yam’ y ‘RPS’, tres estructuras con las que, en agosto de 2023, se dio inicio al proceso de paz urbana. A estas se suman ‘Los Z’ y ‘Revolución Cabi’, además de estructuras vinculadas al ‘Clan del Golfo’, que también buscan controlar el municipio.

“Estos hechos incrementan las afectaciones a la población civil y amenazan la institucionalidad local. Desde la Misión rechazamos de forma categórica cualquier acción que vulnere los derechos de la ciudadanía e insistimos en la urgencia de proteger la vida y la dignidad de las personas en los territorios”, añadieron desde el organismo.

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En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades del nivel nacional y territorial para que garanticen las condiciones de seguridad de las comunidades y de las autoridades locales, y “rechacen categóricamente cualquier tipo de amenaza contra servidoras y servidores públicos”.

“Instamos al Gobierno Nacional a implementar medidas integrales de protección, a fortalecer la presencia institucional en el territorio y a reactivar de manera urgente el Espacio de Coordinación Sociojurídico (ESCJ), como herramienta clave para la construcción de paz”, manifestaron.

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso con apoyar la búsqueda de “una Paz Completa” en Colombia, así como con el bienestar y la seguridad en las regiones. “Insistimos en la necesidad de no retroceder en los avances logrados en materia de construcción de paz, y reiteramos también nuestra disposición para seguir acompañando los esfuerzos institucionales y locales”, concluyeron.

Aunque el nombramiento de Rentería parecía una decisión coherente para intentar sacar al proceso de la pausa en la que había quedado, tras estar a cargo del representante David Racero, su salida generó un nuevo escenario de incertidumbre. Con las tres estructuras que se vincularon al proceso, se logró una tregua que se extendió hasta el pasado 31 de marzo; sin embargo, esta no fue renovada.

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Este espacio sociojurídico fue el último en ser instalado por el excomisionado para la paz Danilo Rueda y, al igual que los procesos de paz urbana en Buenaventura y el Valle de Aburrá, enfrenta una incertidumbre jurídica ante el eventual sometimiento de los integrantes de las bandas.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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