Pacto Nacional por la salud pide al Gobierno retirar el proyecto

En horas de la tarde de hoy, 15 de mayo, se desarrolló un encuentro de representantes de asociaciones, empresas, pacientes, entre otras, con el fin de firmar un pacto nacional por un mejor sistema de salud en Colombia.

Quienes hicieron parte de la mesa principal de la unión fueron: Carlos Felipe Escobar, director Innos; Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Augusto Galán, exministro de Salud; la hermana María Inés; Esperanza Arias representante Nacional s Nueva EPS Cundinamarca, y Álvaro Molina, coordinador nacional de Asociaciones de s.

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"Queremos expresar nuestra preocupación frente al contenido actual del proyecto de reforma a la salud, así como respecto del trámite que el mismo surte ante la Comisión Séptima de Cámara", dice el texto que firmaron varios actores del gremio de la salud. 

En esta declaración, no solo destacaron las voces científicas y técnicas del sector, sino también las de los ciudadanos. Pues, desde el inicio han señalado que en la discusión se deben incluir cambios al sistema de salud, en especial los relativos al a los servicios, la sostenibilidad financiera, el fortalecimiento de la salud pública y la atención primaria con énfasis en la ruralidad.

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Los actores del gremio reconocen a través de este documento la necesidad de establecer una política nacional de talento humano, de robustecer la gobernanza en los territorios y de luchar de manera más contundente contra la corrupción.

"El propósito es el de mejorar el modelo de atención y adaptarlo a los cambiantes requerimientos de la sociedad. Las transformaciones deben basarse en la evidencia científica, en la información transparente y en la participación real y efectiva de todas las personas, sin poner en riesgo la vida de los colombianos", resalta el texto. 

Según detallaron los firmantes, no es claro que el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional contribuya al progreso en el derecho fundamental a la salud y, según manifiestan, "más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, entre ellos, la libertad de escogencia por parte de los ciudadanos de su asegurador y prestador y amenaza los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que establece la Constitución Nacional".

Los integrantes de esta unión, que apuesta por un mejor sistema de salud en Colombia, han elaborado una lista de falencias que encuentran evidentes en el articulado propuesto por el gobierno y en su proceso de debate/socialización.

Por este motivo, han solicitado al Estado el retiro del proyecto de ley 339 de 2023 (Reforma de la Salud) y solicitan una gran mesa nacional para un debate amplio, "con la indispensable evidencia técnica y científica, con la participación ciudadana y de las organizaciones del sector salud, que no sea un mero formalismo, para construir de manera conjunta una reforma, que tenga como guía el mandato constitucional por el derecho fundamental a la salud".

— No resuelve los problemas de cobertura y que se presentan en los territorios. Por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de para la población.

— Dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos, creando confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema.

— No garantiza la sostenibilidad financiera del sistema; por el contrario, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC).

— Establece un modelo de pago que combina el subsidio a la oferta, el pago por servicio y la capitación, sin mecanismos de contención apropiados y con enorme riesgo de desborde presupuestal. Además, las aproximaciones al impacto fiscal que tendría esta reforma han señalado varias decenas de billones de pesos, sin considerar el plan completo de inversión, que, sumado a la falta de control en el gasto futuro, pudiera convertirse en una cascada de recursos fiscales con cargo a la Nación.

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— No plantea una arquitectura institucional articulada y eficiente; en cambio, crea múltiples instancias que aumentan la burocracia en el sector y exponen el sistema a la politización y al uso inapropiado de los recursos con los consiguientes riesgos para los pacientes derivados del tráfico de influencias.

— Defiende la necesidad de adoptar un modelo preventivo de salud, sin embargo, la compleja operación del sistema que propone no garantiza mejores resultados en prevención y promoción de la salud; por el contrario, desdibuja los mecanismos de la gestión del riesgo en salud.

— Conduce a la estatización total del sistema al concentrar la mayor parte de sus funciones en las entidades públicas y desaparece por completo el aseguramiento en salud, para transitar hacia un sistema público de salud.

— Desconoce que el sistema de salud, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución Nacional, ha constituido una gran alianza publico privada, que ha contribuido a acrecentar los niveles de atención y calidad con los que cuentan la mayoría de la población colombiana.

— Desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia.

—Propone el manejo centralizado de los recursos en el ADRES, institución que ha manifestado no contar con las capacidades ni la infraestructura para responder por toda la operación financiera y gestión istrativa del sistema. Adicionalmente, crea fondos cuenta regionales, con estructuras burocráticas asociadas, que exponen al sistema a una falla del servicio, que se traducirá en pérdida de vidas.

— Elimina la función de gestión de riesgo en salud y riesgo financiero que soportan el sistema en la actualidad y desconoce la labor de agencia que esta función implica para los pacientes, como es, la conformación de las redes y su eficiente contratación, al igual que las gestiones tan complejas como el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. El tránsito que propone hacia la creación de “Gestoras de Salud y Vida” no es nada distinto que el lento marchitamiento de las EPS que hoy cumplen esa primordial función.

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— Los cambios propuestos por la reforma generan incertidumbre e inestabilidad laboral para más de cienmil trabajadores y trabajadoras del sector salud.

— No presenta las reglas claras para un eventual período de transición que protejan los avances adquiridos por los pacientes y s en el goce efectivo del derecho a la salud y garanticen las prestaciones a las cuales hoy tienen .

— El proceso adelantado hasta ahora en el Congreso de la República ha violado varias de las disposiciones de la Ley 5 de 1992, que rige el trámite de las leyes en Colombia.

— Los innumerables, evidentes y documentados yerros de procedimiento advertidos a lo largo de las deliberaciones en la Comisión Séptima del Congreso, pone en vilo la

vocación de permanencia del proyecto.

— Adicionalmente, un grupo importante de juristas ha considerado que muchas de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley deben tramitarse por una ley estatutaria, en tanto comprometen la garantía del Derecho fundamental a la salud. Por todo lo anterior, existe un alto riesgo de que la reforma sea inconstitucional, con pérdida de tiempo y enormes peligros para el sistema.

REDACCIÓN SALUD