La Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, inició una investigación a la aplicación de la Liga de fútbol de ese país, llamada La Liga, tras conocerse que la plataforma accede a los micrófonos y localización GPS de los teléfonos móviles de los s con el objetivo de detectar posibles fraudes en la emisión de partidos en los bares.
Según dijo en un comunicado en su sitio web, se buscan tomar medidas contra los establecimientos que difunden ilegalmente juegos, una violación que le cuesta al deporte 150 millones de euros en España.
La Liga dijo que los s de su aplicación deben aceptar la utilización del micrófono para que la monitorización se active.
"Solo si el decide aceptarlo, el micrófono capturara el código binario de fragmentos de audio, con el único objetivo de poder saber si los partidos de fútbol se están viendo en las competiciones en las que participan los equipos de La Liga", resaltaron en el comunicado.
"Pero nunca se accederá al contenido de la grabación". Además, el recibirá alertas periódicamente para recordarle que el micrófono y el GPS se pueden activar y solicitarle de nuevo el consentimiento. La Liga también aclaró que sólo activará el micrófono y la geolocalización del dispositivo durante las franjas horarias de partidos en los que compitan los equipos que pertenezcan a esta.
“Si este código coincide con un código previo de control, La Liga podrá saber que está viendo un partido determinado. Si no coincide, el código se elimina. Los códigos no irán referidos a su nombre, sino a su dirección IP y al ID específico que asigna la app cuando el se registra”, agregaron desde La Liga, cuya app ofrece a los s alertas de goles, noticias, horarios y resultados.
Los limites de este permiso aparecen estipulados en los términos y condiciones de la herramienta y los s podrán revocar su consentimiento en cualquier momento en los ajustes del dispositivo móvil.
La agencia supervisora dijo en Twitter que ha comenzado una investigación preliminar sobre la aplicación. Las leyes de privacidad de la Unión Europea, vigentes desde el 25 de mayo, le dan a los reguladores la posibilidad de imponer sanciones de hasta el 4 por ciento de las ventas anuales globales de una compañía por las violaciones más graves.
TECNÓSFERA CON BLOOMBERG