La Secretaría de Movilidad de Bogotá completa tres días en un comité técnico-jurídico estudiando el fallo de la Corte Constitucional que limitó el uso de las cámaras cazainfractores.
Mientras se toman decisiones para adecuar el sistema, que le costó al Distrito más de 40.000 millones de pesos, se suspendió la imposición de comparendos.
Desde ahora, los infractores registrados en las cámaras de velocidad van a recibir comunicaciones informativas y las sanciones económicas se suspenden mientras se estudia el fallo de la Corte Constitucional.
"Ya les estamos enviado los avisos informativos a los presuntos infractores mientras estudiamos la sentencia de la Corte y avanzamos en los lineamientos del alto tribunal que calificó de constitucional el sistema de fotodetección", dijo la secretaría.
Sin embargo, la Corte advirtió que “no se puede imponer una multa a una persona (sic) que no ha cometido personalmente una infracción”, y que las fotomultas por infracciones de tránsito solo las debe pagar la persona que las cometió y no el dueño del carro.
En Cali y Medellín también están estudiando el tema, luego de que EL TIEMPO reveló el texto completo del fallo (C-030 del 2020), que había sido emitido el 6 de febrero pasado a través de un comunicado de prensa.
Al respecto, la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, le dijo a EL TIEMPO que respeta el fallo, que ratificó la legalidad del sistema, y que ahora les corresponde a los entes territoriales regular su aplicación.
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