Colombia - Nicaragua: ¿Cómo se debe proteger a la Reserva Seaflower?

En 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ubicada en La Haya, emitió un fallo que cambiaba los límites del mar territorial colombiano entregándole a Nicaragua más de 74.000 km² de mar que hacían parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde entonces, la posición de Colombia ha sido que dicho fallo no es aplicable en el ámbito interno y que su implementación requiere de un tratado con Nicaragua. Hoy, la Corte dará un nuevo fallo sobre el mismo tema que hace parte de otras dos demandas por el mar territorial que Nicaragua tiene establecidas contra Colombia.

Más allá de lo que dictamine la Corte en el fallo y del conflicto territorial que surgió desde 2012 (y que venía desde hace muchos años entre los dos países) el gran factor que sigue en vilo es la protección del medioambiente. Tras la decisión de la CIJ de entregar la amplia zona de mar territorial que anteriormente había protegido Colombia, la mitad de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada así por la Unesco en el año 2000, quedó bajo cargo de Nicaragua y de las políticas que esta defina con respecto a la zona.

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Las Reservas de Biósfera son áreas de gran importancia económica y ecosistémica donde se promueven soluciones que concilian la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible por parte de las comunidades.

Actualmente existen en el mundo 727 reservas de biósfera en 131 países, incluyendo 22 sitios transfronterizos. Colombia tiene bajo su cargo cinco, la mayor de ellas es Seaflower, que abarca la totalidad del tamaño del archipiélago. Allí el país ha sido ejemplo para la región protegiendo especies y estableciendo prácticas de consumo y pesca sostenible con apoyo de la comunidad raizal, además creando dentro de la misma el Área Marina protegida Seaflower donde se mejoran aún más las prácticas de protección de especies.

Tanta es la conservación, que en esta zona, que es frontera con el área de régimen común entre Colombia y Jamaica, se encuentra la única área donde hay poblaciones saludables y estables de tiburones en todo el Caribe, de acuerdo con la bióloga Camila Cáceres.

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Sin embargo, desde el fallo de 2012 la comunidad del archipiélago ha venido registrando un descenso en los recursos pesqueros, sobre todo de especies como la langosta espinosa y el caracol pala, cuya zona de reproducción queda ahora en aguas territoriales que la CIJ le concedió a Nicaragua.

Según explica el reconocido líder raizal Kent Francis, los pescadores han visto una disminución debido al poco control y las prácticas no sostenibles de pesca que ha venido ejerciendo Nicaragua en ese territorio. “Desde 2012 hemos experimentado una pérdida paulatina y constante de capacidad de presencia de especies y captura en las zonas de pesca en la mayor parte de esa zona, que era la más productiva. Esta es lo que sigue a la línea del meridiano 82 hasta el paralelo 15 en la esquina de la Luna Verde, donde teníamos las grandes reservas de langosta espinosa, caracol pala y pesca blanca. La capacidad nuestra de aprovechar los recursos del mar se ha disminuido y aunque diríamos que otro país ha adquirido esa zona económica exclusiva, los que han visitado el área reportan que no hay control, vedas, ni reglas que se cumplan. Es una pérdida para todos”, enfatizó Francis.

Para él, es necesario que se establezca un tratado conjunto entre Nicaragua y Colombia que, más allá de las fronteras, permita gestionar de manera sostenible esta zona (como lo venía haciendo la comunidad raizal en conjunto con el Gobierno colombiano). Más aún cuando en esta zona se conoce la existencia de petróleo, pero su explotación, dejada de lado por el Gobierno colombiano, podría afectar gravemente a todo el ecosistema de la región Caribe. “Lo único que no podemos hacer acá en el mar es establecer paredes. El mar es uno solo, nos pertenece a muchos y muchos tenemos la responsabilidad de cuidar sus recursos”, señaló Francis.

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Esa visión la comparte la bióloga e investigadora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, la doctora Juliana Hurtado Rassi, quien desde hace cerca de una década ha estudiado en detalle las implicaciones que tiene el fallo de la CIJ para esta zona. De acuerdo con ella, la zona del llamado Gran Seaflower no solo comprende a Colombia y a Nicaragua sino también a otros actores del Caribe suroccidental que tienen incidencia sobre estas aguas (que abarcan aún más que lo protegido por Colombia) como Honduras, Jamaica, Panamá y Costa Rica.

Sin embargo, destaca, al ser la declaratoria de la Reserva de Biósfera por parte de la Unesco un proceso que se surte con esa organización internacional de manera individual por parte de cada Estado, hoy ni Nicaragua ni ningún otro país con mar en cercanías está obligado a protegerla, como sí lo está Colombia.

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Hurtado, que en 2015 escribió el libro El fallo de La Haya y sus efectos en la Reserva de Biosfera Seaflower, asegura que en esta región debe verse igual que el bioma de la Amazonia, y que todo lo que hace un país en su mar territorial tiene incidencia en otros. La Unesco ha aceptado eso, por tal razón 22 de sus reservas son transfronterizas, pues la naturaleza va más allá de las líneas que han impuesto la política y la geografía.

Por eso, señala la doctora Hurtado, la decisión correcta es que los países piensen “más allá de sus fronteras”, en el beneficio de todos y de la protección del medioambiente, en una de las partes con mayor riqueza biológica del planeta, cuya conservación, desde el conflicto territorial desatado en 2012 (y desde antes también), sigue en vilo.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde 

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