Los cabos que quedaron sueltos en el caso de homicidio de un hombre en una URI

Son muchos las cabos sueltos que hay detrás de la extraña muerte de Juan Pablo González Gómez, el hombre de 42 años acusado de abusar de una joven de 17 años en la estación de TransMilenio de La Castellana, y que un día después de su captura apareció muerto en la URI de Puente Aranda.

Aunque el informe de necropsia de Medicina Legal confirmó que fue asesinado a golpes y no se trató de un suicidio, como se habría señalado en un primer momento, lo cierto es que para los penalistas consultados por este diario detrás del crimen hay varias preguntas sin respuesta aún.

Según la cronología que EL TIEMPO pudo establecer, luego de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento que se realizó el domingo 6 de noviembre, el acusado fue ingresado a la URI de Puente Aranda sobre las 2:12 de la tarde.

Allí, como dicen varios testimonios, habría empezado a actuar de forma errática y a generar conflictos con los otros privados de la libertad, por lo que fue necesario cambiarlo de celda a una con una menor ocupación.

No obstante, una fuente informada del caso, contó que en un momento determinado entre los cambios de celda, González fue llevado a “realizarse labores de asepsia, como bañarse y cortarse el cabello, en uno de los baños del centro de reclusión”.

Un familiar de uno de los detenidos en esa URI le contó a este diario, antes de conocerse el dictamen de Medicina Legal, que su allegado le habría manifestado que “aquí adentro nos matamos, lo matamos”, refiriéndose al caso de González, quien según el reporte oficial habría fallecido sobre las 4 de la tarde.

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Hilary Castro, de 17 años, publicó en sus redes sociales un video en el que denunció que la noche de Halloween fue abusada y robada por un hombre en la estación de TransMilenio de la Castellana, al norte de Bogotá. Según el relato fue obligada a comer actos sexuales.

La ciudad entró en paro por cuenta de las manifestaciones de varios grupos feministas que repudiaron el hecho. Este mismo día las autoridades identificaron a Juan Pablo Gónzales en una barrio de la localidad de Usaquén, donde vivía y donde tenía más denuncias.

La tarde del domingo un juez de control de garantías emitió la orden de captura y González Gómez fue arrestado en su apartamento en Usaquén. Según el informe de la Policía, el hombre ingresó a la URI de Puennte Aranda a la media noche de este día.

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Juan Pablo González fue presentado ante una juez de control, quien lo señaló de carnal violento y hurto. A las 12:12 del medio día fue llevado a la URI de Puente Aranda y entre esa hora y las 4:12 del mismo día el hombre falleció producto de politraumatismos.

En el primer reporte que EL TIEMPO conoció de los policías que atendieron el caso se dice que González murió luego de entrar a la celda cuatro del segundo piso de la URI, pero el informe oficial y las versiones consultadas entre varias autoridades dan cuenta de que el hombre habría muerto en el baño.

“Manifiesta el personal de custodia que el señor Juan Pablo González Gómez ingresó a las celdas a las 14:12 horas, momento después reportan que el hoy occiso se desmayó al interior de la celda”, se lee en el primer informe preliminar. ¿Por qué hay diferencias entre las versiones de los mismos investigadores?

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Este diario consultó a Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, sobre la versión que recibió respecto de los hechos. “Después de él haber entrado (por lo que se nos ha informado) a las duchas del baño, pidió tomar mucha agua, tuvo algún desmayo y en los primeros auxilios no reaccionó, y cuando llegó la ambulancia lo encontraron sin signos vitales”, relató.

Una fuente informada del caso señaló que la diferencia entre los testimonios se podría atribuir a un tema de control y responsabilidad, aunque todavía hay que determinar qué fue lo que pasó esa tarde dentro de las celdas.

“Es más fácil decir que se omitió alguna acción en un espacio donde no se tiene todo el control del privado de la libertad, como los baños, que decir que todo ocurrió en una celda donde se supone que deben estar custodiados todo el tiempo”, dijo una fuente enterada del caso.

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El listado de preguntas no termina ahí. Según, William Murillo, abogado penalista de la Universidad Manuela Beltrán, la clave para poder desenmarañar este caso está en poder determinar si hubo o no acción u omisión por parte de los custodios que ese día estaban de guardia.

Pero Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, va más allá y dice que hay que establecer quién lo mató, pues si fueron los otros privados de la libertad los que golpearon hasta la muerte a González y los custodios omitieron las acciones para poderlo mantener con vida, ante la ley, los uniformados serían juzgados igual que el homicida y podrían responder por complicidad en homicidio y la pena que tendrían que afrontar es la misma que el o los asesinos.

Aclaran los abogados que también se debe determinar si los custodios tuvieron o no participación en el hecho más allá de la sola omisión.

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“Tiene que determinarse el número de efectivos que esa noche estaban en la URI y la capacidad que tenían para hacer frente a una especie de motín. Si el hecho fue que los policías permitieron que le dieran una paliza para que tuviera un castigo se abren dos posibilidades: una, complicidad en el homicidio agravado si es que simplemente miraron para otro lado y dijeron es todo suyo o, también, si no hicieron nada teniendo la capacidad de hacer; ahí responden por el delito de homicidio o lesiones personales por omisión”, explicó Bernate.

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Frente a estas posibilidades, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que abrió una investigación en contra de cinco uniformados por “actos u omisiones” que hubieran llevado a la muerte al privado de la libertad. Los hombres ya fueron apartados de sus funciones y se encuentran en suspensión provisional.

“La Policía Nacional, como garante de los derechos humanos, seguirá siendo respetuosa del debido proceso, que incluye la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo rechaza de forma categórica cualquier acción u omisión de quien se aparte de los preceptos consagrados en la Constitución Política”, dice la institución en el comunicado oficial.

El hecho que llevó a Juan Pablo González a ser recluido en la URI, donde falleció la tarde del 6 de noviembre, se dio el pasado 31 de octubre, cuando presuntamente, abusó de una menor de 17 años que dos días después hizo la denuncia en redes sociales. El hecho paralizó a la ciudad y González fue identificado y atrapado 24 horas después.

Al sindicado una juez de control de garantías le imputó los delitos de carnal violento y hurto porque encontró pruebas suficientes para legitimar la denuncia de la joven víctima en la que se dijo que el hombre la había amenazado con un arma blanca para quitarle el celular y luego obligarla a realizar actos sexuales.

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Tras la muerte de González, la pregunta que quedó en el aire fue: ¿qué pasará con el caso de la menor que dijo haber sido abusada por el ahora occiso? La abogada penalista Karen Jiménez explicó que la acción penal se extingue, es decir, el caso se cierra. “Ella podría acceder a otras formas de reparación, por ejemplo, una demanda contra el Estado, pero el caso que había iniciado en contra de González no se puede continuar”, señaló.

Una de las preguntas que más inquieta a los penalistas sobre las medidas de seguridad que los privados de la libertad tienen al interior de los centros de reclusión es ¿quién los cuida? Pues si bien pagan penas por los delitos cometidos “también deben asegurarse el respeto de sus derechos y la protección de su vida, que en este caso le correspondía a los uniformados de la Policía que lo custodiaban”, señalaron.

Aunque la Policía emitió un comunicado anunciando la apertura de la investigación y suspendió provisionalmente a cinco uniformados, no ha explicado el protocolo que se siguió esa tarde para prevenir que el hombre fuera linchado por los otros reclusos.

Por ahora se conoce que luego de que González cayó desplomado se activaron los protocolos de salud y se llamó al personal médico de la Secretaría de Salud para que lo revisara, pero no se conoce en detalle de cuáles fueron las acciones que pudieron haber prevenido la muerte del hombre.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ