El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, anunció que se está elaborando junto con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) un proyecto de ley para solucionar la crisis que se vive en los centros de detención transitoria como las estaciones de policía y las URI.
“En este proyecto de ley buscamos que se haga una distribución equilibrada y ajustada a las competencias y recursos para que, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, se puedan distribuir las diferentes obligaciones respecto de las personas privadas de la libertad y, de esta manera, se puedan asegurar los mínimos básicos en cuanto a derechos de esta población”, dijo Camargo.
El Defensor insistió en la necesidad de buscar soluciones conjuntas para enfrentar la crisis al señalar que las URI y las estaciones de policía de todo el país afrontan un hacinamiento que asciende al 171 por ciento, con una población de 23.826 detenidos, pese a la existencia de solo 8.200 cupos para albergar a personas privadas de la libertad.
"En total, la sobrepoblación en estos centros de detención supera las 14.000 personas, por lo que no es extraño que encontremos situaciones graves de vulneraciones de los derechos humanos como el que evidenciamos en la Estación La 19 de la ciudad de Riohacha, en La Guajira, en donde el porcentaje de hacinamiento llegó al 2.000 por ciento, sin a baños, a ver a sus familiares o la atención básica en salud", alegó el funcionario.
Para Camargo, el elevado nivel de hacinamiento “constituye la raíz de todas las vulneraciones de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y es una situación cuya solución no puede postergarse más”.
En la apertura del Congreso Internacional de Derechos Humanos, en el que expertos, académicos y representantes del Estado analizaron soluciones frente al hacinamiento carcelario, Camargo advirtió sobre las graves vulneraciones de los derechos humanos de esas personas.
Además, insistió en la necesidad de reubicar a quienes permanecen detenidos en las URI y estaciones de policía del país, al destacar que las condiciones actuales llevan a situaciones como la muerte de un hombre que había sido detenido como consecuencia de un abuso sexual en TransMilenio, en Bogotá, y que estaba en la URI de la localidad de Puente Aranda y no fue trasladado a una cárcel del Inpec.
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