Defensoría interpuso acción popular por derechos de vendedores informales en Corabastos

Según el órgano de control, los vendedores perdieron su espacio después de la pandemia.

La central mayorista estima que este año se venderán 240.000 toneladas en productos. Foto: Archivo EL TIEMPO / EFE / Carlos Ortega

PERIODISTA DE BOGOTÁ03.08.2023 15:08 Actualizado: 03.08.2023 15:09

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Ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo emitió una acción popular para, según dijo en un comunicado, restablecer los derechos a la libre competencia económica de 200 vendedores informales que tenían puestos en Corabastos, mayor central de alimentos del país con sede en el sur de Bogotá.

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La acción popular fue itida por el Juzgado 59 istrativo de Bogotá y también busca restablecer los derechos de los s.

Se emitió contra la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. (Corabastos), la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Agricultura, ya que integran la junta directiva de esa central, toman las decisiones istrativas y están encargados de regular la política pública de alimentación en toda Colombia.

“A la Defensoría del Pueblo se acercaron 97 vendedores informales, quienes nos solicitaron apoyo jurídico. Luego de analizar el caso, decidimos acompañarlos con una acción popular", afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

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Región metropolitana Corabastos Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El órgano de control agregó que algunos de los vendedores llevaban 20 años en Corabastos, "tenían permiso de venta, pagaban un arriendo, istración, incluso seguridad por el espacio", pero les fue retirado el 23 de marzo del 2020, al inicio de la pandemia.

“Hay una evidente vulneración de sus derechos. Los privaron del al mínimo vital y a la libre competencia económica. Hemos solicitado que sean reintegrados los vendedores estacionarios”, añadió Assis.

Esperamos que el juez examine pronto esta acción popular y sean tenidas en cuenta las vulneraciones de los derechos de los vendedores

La acción popular fue presentada luego de que la Defensoría del Pueblo citara, en agosto del 2022, a los asociados de Corabastos. Esto con el fin de que, junto con los s, se buscaran alternativas de diálogo que permitieran restaurar los derechos de los vendedores afectados.

Cabe resaltar que la Regional Bogotá, previamente, adelantó una solicitud para conocer los nuevos protocolos de asignación de puestos de trabajo de ventas ambulantes permanentes. Sin embargo, ante la negativa de la respuesta, la Regional radicó un derecho de petición, recurso que no fue respondido en los tiempos de ley.

La entidad entonces, con la acción popular en marcha, le solicitó a las autoridades "ordenar una inspección judicial en la Central de Abastos de Bogotá para determinar si es cierto o no que (los espacios) están libres o fueron ocupados por personas diferentes a los accionantes".

En otra de las solicitudes, la Defensoría del Pueblo pide que sean valoradas las pruebas de 97 vendedores que tenían un espacio en la plaza mayorista. Esto para establecer cuál era la relación comercial entre los vendedores y Corabastos.

“Esperamos que el juez examine pronto esta acción popular y sean tenidas en cuenta las vulneraciones de los derechos de los vendedores, quienes perdieron su sustento y la posibilidad de mantener a sus familias”, puntualizó el defensor del pueblo.