Bogotá: 'utilizar explosivos no es una manifestación social'; alcalde Galán tras los hechos entre policía y encapuchados en la U. Nacional

Una nueva jornada de enfrentamientos tuvo lugar ayer en las inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Como es usual, esta también estuvo marcada por la presencia de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento el Orden (Undmo), de la Policía Metropolitana de Bogotá, y por un grupo de encapuchados que agitaron la situación durante toda la tarde.

Pero un hecho en particular se dio en medio de los enfrentamientos y revivió el debate sobre la aplicación de la fuerza de acuerdo a los protocolos de derechos humanos y sobre el concepto de “manifestación social” que prohíbe el uso de armas para el control del orden público en medio de escenarios de protesta. 

Y es que, como quedó registrado en varios videos que circularon por las redes sociales, un uniformado que pertenece a la seccional de Antinarcóticos de la Policía Nacional accionó su arma de fuego tras ser atacado en, al menos, cinco oportunidades por tres encapuchados que le lanzaron artefactos explosivos a la patrulla en la que él se movilizaba con otro compañero.

Según los primeros reportes oficiales de las autoridades, los hechos se desencadenaron cuando la patrulla en la que se movilizaban los uniformados quedó atrapada en medio del lugar donde los encapuchados estaban, presuntamente, intentando atentar contra un gestor de TransMilenio y quemar la moto en la que se movilizaba.

Una vez los encapuchados se percataron de la presencia del vehículo de la Policía, que no hacía parte de las unidades asignadas para la atención de esta situación, cambian de objetivo y lanzan los artefactos explosivos que explotan debajo del automotor y que dejan lesionado al primero de los agentes. 

En un primer momento el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que se investigarán los hechos y que se tomarán las medidas necesarias. No obstante, tras revisar la situación y el material probatorio que quedó en las piezas de video, el mandatario fue enfático en señalar que “no se trató de una protesta social, sino de delincuentes que usan artefactos explosivos para poner en riesgo la vida de la gente” y calificó esos hecho s como "violencia" y pidió judicializar esos hechos.

Tras recordar una situación similar este año, cuando encapuchados lanzaron un artefacto explosivo contra un bus de TransMilenio en el que iban 80 personas y que no entró sino que terminó golpeando contra una llanta, el mandatario bogotano señaló que "ese tipo de situaciones no las podemos tolerar, no se puede romantizar, no es protesta". Además dijo que no se puede "ser laxos" y que  tienen que "ser contundentes" con ese tipo de hechos en los que se pone en riesgo la vida de personas.

"Lo que yo vi en los videos, lo que hable con ellos (los dos policías),  es que estaban básicamente defendiéndose de un ataque con explosivos de unos delincuentes que, para mí, no son manifestantes, no es protesta social", agregó Galán en conversación ayer con medios de comunicación.

El mandatario insistió en su rechazo al ataque con explosivos a la patrulla y reiteró que lo sucedido no era una protesta que se salió de madre, ni una manifestación que escaló y terminó en disturbios, sino que, por el contrario, los encapachados "salen directamente a destruir, a poner en peligro la vida de policías, de transeúntes o de pasajeros del sistema de transporte".  

Por su lado, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, señaló que los hechos deben ser materia de investigación pero teniendo en cuenta que no se trató de una “protesta legítima”, sino de un “atentado con explosivos y una acción de la Policía en uso legítimo de la fuerza que debe ser investigado en términos de proporcionalidad”. 

En la misma línea, el penalista Camilo Burbano le dijo a EL TIEMPO que primero se tiene que determinar, mediante una investigación, si el uniformado actuó bajo la figura de la legítima defensa.

Burbano explicó que, además, se tiene que mirar si el policía “actuó proporcional”, es decir, si buscaba defender un bien jurídico proporcional al que estaba siendo atacado.

“Es importante resaltar que un policía, cuando está haciendo sus actos de servicio, tiene el mismo derecho de defender su vida como cualquier otro ciudadano a través de la afectación de la vida o la integridad personal de terceros, obviamente siempre y cuando se cumpla la legítima defensa”, precisó Burbano.

De estos hechos quedó un saldo de dos uniformados lesionados que fueron trasladados de emergencia al Hospital Central de la Policía Nacional. 

Así mismo, la Universidad Nacional emitió un comunicado señalando que desde la institución también se había atendido a una persona lesionada, sin embargo, no dio detalles de quién se trató ni en qué centro médico fue asistido.

No obstante, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que no se tiene un reporte oficial de dicho lesionado y, analistas como Acero, señalaron que es imperativo que la universidad, como autoridad legítima, identifique plenamente a esta persona para que así se pueda cursar la investigación.

Pese a que del lado de las autoridades se ha argumentado que el ataque de los encapuchados no corresponde a una manifestación social, sino a un hecho violento que puso en riesgo la vida de personas y que las acciones de los uniformados fueron en legítima defensa, hay organizaciones de Derechos Humanos que aseguran que hubo exceso de fuerza y que se violaron los protocolos para la manifestación. 

Los voceros del Comité de Arte, Propaganda y Agitación de la Universidad Nacional, la Campaña Objetivo Libertad, la organización de derechos humanos Mapaches del Cuidado y el Comité de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, en un comunicado aseguraron que “el patrullero disparó directa e indiscriminadamente en contra del estudiantado que se encontraba ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social y manifestación pública”.

De la misma manera, señalaron que había al menos cuatro heridos. “El reporte que tenemos es que uno, presuntamente, fue ocular, otro a la altura de la costilla, otro con una quemadura en una de las piernas y, por último, uno que se dio a raíz de los disparos de bala que tuvo una apertura en el tejido de la pierna derecha con una herida de 10 centímetros que fue identificada como herida de bala gracias al parte médico de la universidad”.

Aunque los hechos son materia de investigación, lo cierto es que las autoridades distritales y de policía aseguraron que no hay un registro oficial que dé cuenta de las atenciones médicas que recibieron los heridos mencionados por los representantes de derechos humanos de la Universidad Nacional.

Frente a las aseveraciones sobre el hecho de que el patrullero “disparó contra el estudiantado que estaba ejerciendo su legítimo derecho a la protesta” hay que recordar que, en repetidas ocasiones” la misma Universidad Nacional ha manifestado que los encapuchados no pertenecen a la comunidad educativa y que no representan los intereses de los estudiantes de ese plantel. 

Pese a la magnitud de los hechos ocurridos el jueves en la Universidad Nacional, hay que decir que este suceso no es nuevo, ni es la primera vez que encapuchados intentan tomar el control del campus universitario y alientan una confrontación con la fuerza pública.

Por ejemplo, el 8 de junio de 2023 también se registró una situación similar cuando un grupo de hombres, también con capuchas y provenientes de diferentes facciones insurgentes de las universidades públicas de la ciudad, se dio cita en la entrada de la Universidad Nacional y formó el tropel más fuerte de los años recientes enfrentando a de la fuerza pública.

Según una fuente informada, lo que se vio ese día (en 2023) en la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional fue un hecho sin precedentes. Distintos grupos radicales, que nunca se habían juntado por diferencias políticas, se encontraron en el mismo escenario para enfrentarse a los uniformados y “conmemorar” el día del estudiante caído.

Información de inteligencia que conoció EL TIEMPO sobre los hechos ocurridos el 8 de junio del año pasado, indicó que en los tropeles se juntaron el Movimiento Bolivariano, históricamente controlado por facciones de las Farc y que opera de forma clandestina dentro del campus de la Nacional; el movimiento Jaime Bateman, que viene de la Universidad Pedagógica, y un grupo remanente de las casi extintas primeras líneas de Bogotá.

Pero también se pudo establecer en ese entonces que por el lado de la primera línea se trataría de un grupo aproximado de 30 jóvenes, quienes están plenamente identificados y fueron reclutados por una célula criminal.

“El nuevo grupo que quedó de la primera línea ahora se denomina Unión Bogotá Radical o algo así, y lo que ha pasado es que los movimientos radicales no han permitido que ellos se integren a los grupos, porque dicen que no tienen ninguna línea política ni defienden una ideología”, explicó la fuente en su momento. 

JONATHAN TORO ROMERO 

Redacción Bogotá