Columna Ómar Oróstegui: Habitante de calle, un fenómeno que requiere atención

Es común observarlos en la calle de cualquier ciudad del país. Algunos tienen la mirada perdida, otros tratan de no llamar la atención, mientras unos pocos piden limosna o realizan labores informales de reciclaje para sobrevivir. 

Son cerca de 34.000 personas identificadas como habitantes de calle en el país, de las cuales 9.500 están en Bogotá, según el último censo realizado en 2017.

Esta cifra no varía mucho si se compara con los datos del censo de 2011, que arrojaba valores muy similares. 

Ahora bien, es posible que el número de población en esa condición hubiese aumentado después de la pandemia, cuando se exacerbaron los problemas mentales, el consumo de droga y la violencia intrafamiliar, factores que, por lo regular, están asociados a las personas que viven en la calle, bien sea de forma permanente o transitoria.

En este sentido es importante diferenciar entre las personas de la calle que hacen del espacio público su entorno de subsistencia permanente día y noche, y aquellos que, aunque permanecen en calle, tienen un lugar privado para residir. También están las personas en riesgo de habitar la calle a causa de la pérdida de vivienda, empleo o, simplemente, porque sus familiares deciden romper los vínculos de apoyo, como sucede con las personas que tienen un consumo problemático de sustancias psicoactivas o los adultos mayores que son abandonados a su suerte en la calle. 

De cualquier manera es un problema social que requiere atención del Estado, y que incluso cuenta con un marco legal establecido en la Ley 1641 de 2013, y un marco de política pública lanzado en el 2022 que obliga a desarrollar acciones e intervenciones intersectoriales para el restablecimiento y garantía de sus derechos.

Bogotá es una de las ciudades con un mayor conocimiento y experiencia en la materia. Durante varios años, la Secretaría de Integración Social y la Personería Distrital han logrado consolidar diferentes modelos de intervención social. Sin embargo, el camino no ha sido fácil porque no se puede obligar o forzar a los habitantes de calle a vincularse a los programas sociales, salvo cuando son menores de edad, en este caso se debe iniciar un proceso de restitución de derechos. 

No es una tarea fácil, sobre todo en una población que viene siendo instrumentalizada por las bandas criminales, que se aprovechan de su vulnerabilidad y los convierten en correos humanos para movilizar drogas y armas por la ciudad. No en vano, varios de ellos terminan siendo víctimas de homicidio cuya identificación siempre es muy difícil. 

El otro problema es la estigmatización y la segregación social de las que son víctimas, un tema complejo que pocas veces se aborda, pero que requiere atención con urgencia, más aún después de la intervención del Bronx en el sector del antiguo Cartucho, que forzó la migración de muchos habitantes de calle hacia sectores residenciales y zonas como puentes vehiculares, caños y parques públicos, lo que ha generado tensiones y preocupaciones entre los vecinos. 

Ante esta realidad, resulta importante destacar el propósito que se trazó la presente istración para actualizar el censo de habitante de calle, pues, después de la pandemia, es necesario tener buenos estudios técnicos para desarrollar mejores políticas y hacer un balance de los logros y dificultades que se han tenido hasta la fecha.

Ómar Oróstegui

Director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana