En la pandemia, 25.236 víctimas del conflicto arribaron a Bogotá

Cinco años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, el número de víctimas del conflicto armado que arriban a Bogotá crece exponencialmente cada año.

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La ciudad acoge en su territorio a 379.869 personas, quienes, por cuenta de la violencia ejercida por grupos al margen de la ley, han tenido que abandonar sus hogares.

Esta cifra, que corresponde a los datos de octubre del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, equivale al 4,1 por ciento de los 9’155.213 ciudadanos incluidos en el Registro Único (RUV) de la Unidad para las Víctimas, con corte de junio de 2021.

“Hemos evidenciado, con los datos del Observatorio, que, lastimosamente, en Colombia ha llegado un nuevo ciclo de crecimiento de la población desplazada por situaciones ligadas al conflicto armado y a la violencia en los territorios”, explica Vladimir Rodríguez Valencia, alto consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá.

En marzo de 2020, antes de la llegada del confinamiento ocasionado por la pandemia del covid-19, en Bogotá residían 354.633 personas que habían sido expulsadas de sus territorios. Esto significa que en dos años arribaron a la capital 25.236 ciudadanos, lo que equivale a un crecimiento del 7,12 por ciento.

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Los datos revelan que el crecimiento ha sido constante durante ese periodo, con excepción de junio de 2021. Durante los trimestres de confinamiento estricto, es decir, desde marzo hasta junio de 2020, y de junio a septiembre del mismo año, se registró un incremento de 3.775 y 1.610 víctimas residentes en Bogotá, respectivamente.

Durante los tres meses siguientes, el incremento fue de 10.234 y, posteriormente, entre enero y marzo del año pasado, el incremento llegó a 13.195. Esta tendencia se revirtió durante el segundo trimestre de 2021, cuando el número de víctimas disminuyó 1,18 por ciento, pasando de 383.447 a 378.915.

“Esta situación tiene varias explicaciones. Una de ellas es la reorganización de los grupos armados por el control territorial, después del retiro de las extintas Farc de esas zonas. Además, en algunas zonas la baja implementación en los territorios de políticas integrales de mejoramiento a las condiciones de vida ha llevado a que estas disputas generen la expulsión de los territorios originarios de las poblaciones que allí habitan, obligando a las personas a desplazarse a los centros urbanos del país, principalmente a Bogotá y Medellín”, afirma Rodríguez Valencia.

Para Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, esta situación obedece al “recrudecimiento de las dinámicas autoritarias” en los territorios por parte de los actores armados. “También se ha intensificado el conflicto en el Pacífico, en el occidente de Antioquia, en el Catatumbo. Todas las cifras relacionadas vienen en alza en los últimos dos años”.

Con respecto a los hechos victimizantes que han afectado a las víctimas residentes en Bogotá, en el primer lugar se mantiene el de desplazamiento forzado, con 390.765 casos registrados por la entidad, lo que corresponde al 79 por ciento de la totalidad de hechos declarados por los afectados que hoy viven en la capital.

“Cuando las Farc salieron de los territorios, sobre todo de zonas en donde existen rentas criminales, se generó una disputa entre otros actores armados que no se desmovilizaron como el ELN o el 'Clan del Golfo'. Estas disputas generan incertidumbre entre la población civil, lo que deriva en desplazamientos forzados”, explica Daniela Gómez, analista de conflicto y paz.

“Tanto en los hechos sufridos por las víctimas residentes en Bogotá, como en los declarados y en los ocurridos dentro del territorio del distrito capital, el desplazamiento forzado se ubica siempre en el primer lugar, lo que lo constituye en la situación de mayor relevancia para el análisis de hechos victimizantes en el escenario de la ciudad”, señala la Alta Consejería.

Amenazas, homicidio, desaparición forzada y pérdida de bienes o inmuebles son las otras acciones violentas que reportan quienes se establecen en la ciudad. “Desde que se firmó el acuerdo hemos entrado a un nuevo ciclo del conflicto. Si bien se ha logrado una ilusión de paz en algunas regiones, en otras las dinámicas de la guerra no han desaparecido”, asegura Celis.

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Asimismo, los datos del Observatorio Distrital de Víctimas indican que el mayor porcentaje de ciudadanos, 3.920 víctimas, provienen del departamento de Antioquia, seguido de Cundinamarca, con 2.960; Valle del Cauca, con 2.642; Tolima, con 2.087; Bolívar, con 2.042, y Meta, con 1.942.

“Los desplazados suelen moverse a zonas cercanas a sus territorios, pero también hay quienes migran un poco más lejos en busca de estabilidad. El año pasado tuvimos una migración muy importante desde Risaralda de varios grupos indígenas, lo que pudo haber tenido incidencia en las cifras”, explica Gómez.

De las 379.869 víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá e incluidas en el RUV, el 50,8 por ciento son mujeres, lo que corresponde a 192.584 personas; 49,1 por ciento son hombres, es decir, 185.963 personas, y 0,1 por ciento de la población se reconoce con pertenencia a sectores LGBTI.

Dentro de la caracterización de la población también se incluye el grupo etario y la pertenencia étnica. En relación con la edad, el grupo mayoritario lo componen las personas entre los 29 y los 60 años: 164.111 personas. Solo el 2,6 por ciento son niños o niñas entre los 0 y 5 años, es decir, 9.959 menores de edad.

La población con pertenencia étnica que cuenta con mayor número de víctimas residentes en la capital del país es aquella que se identifica como negra o afrocolombianas, con un total de 33.692 personas, que corresponden al 8,9 por ciento. Indígenas, gitanos o rom, raizales y palenqueros también viven en la ciudad.

Según datos del Sistema de Información para Víctimas en Bogotá, de las 379.869 víctimas residentes en la ciudad, el 49,7 por ciento se ubican en cinco localidades: Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y Usme.

De igual forma, la mayor tasa de desplazados internos residentes por cada mil habitantes la tiene La Candelaria, con 75 por cada mil.

“En el caso de La Candelaria, llama la atención que es la segunda localidad, después del Sumapaz, con menor número de proyección poblacional para el 2021 y al mismo tiempo que es la zona con la mayor tasa de víctimas residentes por cada mil habitantes, lo que representa una densificación significativamente alta”, señalan desde la Alta Consejería.

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De acuerdo con la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de la ciudad, la ruta de atención también está ligada a la puesta en marcha de dos programas de desarrollo con enfoque territorial a través de la ruta participativa con las comunidades, y con el desarrollo de cuatro proyectos financiados por el Distrito Capital a través del mecanismo de regalías: el plan vial rural, los acueductos veredales y el plan de conectividad en Sumapaz, y el plan de mejoramiento barrial en Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar.

“Durante esta istración se planteó la necesidad de armonizar las herramientas técnicas y operativas de Bogotá como ente territorial para implementar de manera efectiva y eficiente el acuerdo de paz. Se creó un artículo que se incluye en el Plan de Desarrollo en donde se establecen las rutas de trabajo en concordancia con el Sistema Integral para la Paz y en articulación con el Gobierno Nacional, además, de algunas acciones en conjunto con la Misión de Verificación de la ONU”, explica Rodríguez.

Según el funcionario, el objetivo no solo es lograr la superación de la situación vulnerabilidad de las víctimas, sino cambiar la lógica del desplazamiento y “romper el flujo hacia el centro de la ciudad para que se generen conexiones productivas en lo rural entre las regiones más alejadas”.

El SSV (superación de situación de vulnerabilidad) es un indicador suministrado por la Unidad para las Víctimas que se utiliza para medir el nivel de avance en la superación de la vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado. En temas como identidad, salud y reunificación familiar el cumplimiento es superior al 86 por ciento; no obstante, en asuntos relacionados con educación, generación de ingresos y vivienda es inferior al 70 por ciento.

Asimismo, el pasado 27 de diciembre se llevó a cabo la tercera sesión del Comité Distrital de Justicia Transicional, en el que se hizo un balance del Plan de Acción Distrital para la dignificación de la población víctima del conflicto armado que reside en la capital.

“Al 30 de septiembre hay un avance del 73 por ciento en la ejecución presupuestal en la implementación del Plan de Acción y avanzamos en la actualización para 2022 con 146 metas”, señaló Vladimir Rodríguez.

Según el reporte de la entidad, 142.000 víctimas están afiliadas al régimen subsidiado y 10.000 fueron beneficiadas con apoyos alimentarios en la pandemia. “Se han formulado 12 iniciativas comunitarias para la resignificación de espacios y construcción de memoria colectiva”, concluye la entidad.

CAMILO A. CASTILLO

EL TIEMPO