Doña Juana: ¿Por qué el litigio de Uaesp y CGR irá al Consejo de Estado?

En la tarde de este viernes, la Uaesp y CGR, el operador del relleno sanitario Doña Juana, se volvieron a encontrar. Lo hicieron en la audiencia de aclaración del fallo proferido el 11 de abril pasado por el tribunal de arbitramento conformado  para dirimir las controversias de las partes.

Sin embargo, como lo había anticipado EL TIEMPO, no se esperaba una decisión de fondo ni tampoco una modificación del fallo. Así las cosas, los árbitros negaron las solicitudes de la Unidad de Servicios Públicos y solo accedieron a hacer la corrección pedida por el contratista en una cifra.

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Horas antes de la audiencia, este diario había establecido que no se esperaba nada más allá de aclarar o corregir una cifra o una frase o una palabra del laudo arbitral, que tuvo 1.342 páginas. Como en efecto sucedió.

En otras palabras, el fallo se mantiene en todas su partes y, por consiguiente, la controversia entre la Uaesp y el operador de Doña Juana no termina todavía.

Así las cosas, según pudo establecer este diario, el Distrito ya empezó a estudiar los argumentos que expondrá en el recurso extraordinario de anulación que presentará ante el Consejo de Estado. De hecho, en una entrevista con EL TIEMPO, la alcaldesa Claudia López había sugerido esa posibilidad.

Esta es la instancia que queda por tratarse de una demanda en la que está involucrada una entidad pública. Si fuera un caso entre privados, la instancia sería el Tribunal Superior de Bogotá.

En un documento de 14 páginas, el equipo jurídico de la Alcaldía había argumentado su aclaración y adición del fallo.  Para la istración distrital, el tribunal de arbitramento se pronunció sobre algo que ya se consideraba cosa juzgada.

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Se trata de la obligación que tenía el concesionario de hacer la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados, un tema que resolvió un primer tribunal en 2018 –promovido también por CGR-, pero ahora, el nuevo tribunal de arbitramento dejó sin efectos esa decisión.

Con el primer laudo arbitral, el operador de Doña Juana fue obligado a realizar una serie de actividades e inversiones estimadas en 150.000 millones de pesos, entre ellas la optimización de la planta de tratamiento, es decir, a realizar las inversiones y actividades necesarias para que los vertimientos cumplieran con los parámetros establecidos en las normas ambientales. Pero este es un tema que para la Uaesp no se cumplió.

Entre las solicitudes que había hecho la Uaesp y que no fueron aceptadas por el tribunal de arbitramento se encuentra la de establecer desde cuándo CGR Doña Juana estaba obligado a realizar la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados y  el término que tiene el concesionario para culminar dichas actividades.

También solicitó que se le aclarara "si existe lugar a restitución de los recursos de la tarifa que ha devengado el contratista con la actualización realizada por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) en 2017", y pidió adicionar la decisión sobre la restitución de los 4.100 millones que entregó la Uaesp como aporte a la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados.

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El operador del relleno, por su parte, había pedido -en un documento de 4 páginas- una corrección sobre un valor de 2020 (4.541 millones de pesos) que fue mal calculado al hacer la actualización a tiempo presente en el laudo arbitral.

"Existe un error aritmético en el numeral vigésimo de la parte resolutiva en tanto la actualización con IPC realizada en el laudo es incorrecta, porque para realizar la actualización de los valores de las facturas de los meses de enero, febrero y marzo de 2020, el laudo no utilizó los valores correspondientes al IPC de dichos meses, sino que hizo uso del IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2021", señala la solicitud de CGR.

Los árbitros accedieron a esta petición y recalcularon la cifra. En este punto, el fallo -con 1.342 páginas- condenó a la Uaesp a pagarle a CGR (por el tratamiento de los residuos mixtos que llegan al relleno) 5.626 millones de pesos y los estimativos del contratista es que son 5.720 millones.

Este último valor es el que finalmente se tendrá en cuenta para determinar el gran total de la indemnización (cerca de 65.000 millones de pesos) de la Uaesp a CGR, pero no lo modifica de manera sustancial. Solo aumenta en 94 millones de pesos.  

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Frente al fallo del tribunal de arbitramento, de acuerdo con una fuente oficial, la decisión dejó abiertas posibles discusiones para el futuro.

“Una decisión dejó sin efecto otra. Se esperaba que una decisión dejara claridad para las partes, pero no fue así. Por el contrario, generó incertidumbre. Esto puede ser un caso sin precedentes”, le dijo una fuente conocedora del caso a este diario.

El operador CGR ha sostenido que sí ha realizado inversiones y actividades en la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados y que esta se encuentra en su segunda de tres fases. Y estaría cumpliendo 50 de 55 parámetros exigidos.

Ya terminada la audiencia de aclaración y en firme el laudo arbitral, si el Consejo de Estado no resuelve de fondo este litigio, al decidir sobre el recurso de anulación, no se descarta que el tema de Doña Juana termine en un tercer tribunal de arbitramento, como ya le advirtió a este diario un jurista.

Al margen de la discusión entre las partes del billonario litigio, la planta de tratamiento de lixiviados costaba en 2011 alrededor de 11.000 millones de pesos, según cálculos del propio concesionario, y de eso la Uaesp aportó 4.100 millones de pesos ese mismo año.

Esta última cifra fue contemplada por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para autorizar un aumento en las tarifas en el servicio de seo en la ciudad.

Aun así, siete años después del incremento, el operador del relleno no ha logrado tratar los lixiviados que produce con el cumplimiento de la totalidad de los parámetros ambientales, y sí está cobrando como si cumpliera.

Cabe recordar que el contrato del relleno sanitario fue adjudicado en diciembre de 2010 y que después de 13 años, el operador ha sostenido varias controversias con la Uaesp, donde dos de ellas han llegado a tribunales de arbitramento: uno se creó en 2015, y el litigio fue resuelto en 2018, y el otro, en 2019 y el fallo se conoció en 2020.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO

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