El desafío de recuperar el espacio público del eje ambiental de la Av. Jiménez

Caminar por la peatonalizada carrera 7.ª en Bogotá entre la calle 26 y la plaza de Bolívar, al igual que por el eje ambiental, es un plan que disfrutan muchos ciudadanos por su arquitectura, que incluye diferentes monumentos nacionales y bienes de interés cultural, es lugar de paso diario para cientos de personas que trabajan y hacen diligencias e, incluso, por la misma oferta cultural, comercial y artística que se concentra allí. Sin embargo, en el paisaje de este sector son los vendedores ambulantes los que, además de ofrecer sus productos, ocupan parte del espacio público.

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No obstante los esfuerzos de la istración local y distrital para carnetizar, organizar y regular las ventas informales concertando con habitantes, comerciantes y visitantes del sector, aún hay desafíos en esta materia. Hay días en los que no hay lugar para transitar, y las aglomeraciones generan un aumento en la inseguridad de esta zona.

Después de la pandemia, y con las necesidades de empleo y reactivación económica, cientos de ‘cachivacheros’ se tomaron la 7.ª y sus alrededores, sobre todo los fines de semana, cuenta Diego Herrera, alcalde local de Santa Fe.

Al no haber espacio suficiente en esta vía, se ha vuelto un panorama usual ver sábanas extendidas de hasta cuatro metros de ancho ofreciendo productos, libros y ropa de segunda mano en las calles del parque de los Periodistas y en tramos del eje ambiental. De hecho, habitantes y transeúntes del sector aseguran que obstruyen la movilidad incluso en el carril de TransMilenio que recorre la avenida Jiménez.

Ante esta situación, durante más de un año, hasta el mes pasado, la alcaldía local de Santa Fe monitoreó lo que estaba pasando en la zona. “Así como había vendedores informales inscritos en el Rivi (Registro Individual de Vendedores Informales), muchos otros no lo estaban y se habían tomado la zona de forma desorganizada, esto abrió paso al microtráfico y a que aumentaran hechos de inseguridad”, explica Herrera.

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Por eso, la alcaldía local y el Instituto para la Economía Social (Ipes) iniciaron un proceso de concertación con algunos vendedores informales que no estaban en el Rivi, primero en la carrera 7.ª y después en otras zonas como la plazoleta de las Nieves y el parque Santander.

Una de las estrategias fue la carnetización de más de 300 personas que llevaban años vendiendo en la zona. Los requisitos para que siguieran operando en el sector fueron que sus puestos no podían medir más de 3 m², no podían ubicar parasoles que obstruyeran la vista y no podían tener su puesto en el suelo.

Según dice Herrera, "hay población vulnerable que busca su mínimo vital a través de las ventas informales y, de esta forma, se podía saber quiénes estaban allí por necesidad".

Es el caso de William Jiménez, quien se dedica a comercializar ropa para niños desde hace más de 10 años. Según el vendedor, a partir de esta iniciativa mejoraron sus ventas porque “antes la gente no podía andar y ni alcanzaba a mirar lo que estábamos ofreciendo”. Aun así, reconoce que su suerte no la tuvieron todos.

Debido al volumen de personas ubicadas en este punto de la ciudad, sobre todo en la carrera 7.ª, muchos fueron reubicados en la calle 24 con Caracas, diagonal a la estación de TransMilenio Calle 22. Este predio, que cuenta con una hectárea de extensión, fue destinado para que turistas y visitantes encontraran allí la Feria de los Cachivacheros. Pero aunque algunos se mantienen en ese lugar, otros han intentado reubicarse más cerca del corazón de la ciudad.

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No obstante el monitoreo semanal en el sector por parte de diferentes entidades del Distrito, hay una zona que, dicen los habitantes, continúa desatendida: el parque de los Periodistas.

"Esta es un área de nadie. Ninguna entidad se hace cargo del parque, aunque todos lo usan como quieren", expresa Manuel Ricardo Méndez, asesor jurídico de la corporación parque de los Periodistas, que está conformada por seis copropiedades, el edificio Bicentenario, dos universidades del sector y la Academia Colombiana de la Lengua, ubicada frente a la estación de TransMilenio Las Aguas.

Méndez señala que con la intervención en el espacio público por cuenta de las dos alcaldías locales (La Candelaria y Santa Fe) se logró disminuir uno de los grandes problemas de la zona: el exceso de ventas informales. Sin embargo, las soluciones propuestas "son solo pañitos de agua tibia", dice.

Similar a la medida que se tomó para reducir el número de vendedores ambulantes por la 7.ª, la estrategia para recuperar el espacio público en este sector fue reubicar a los comerciantes en un parqueadero por la carrera 3.ª. Sin embargo, muchos de ellos optaron por regresar al parque o trasladarse a la carrera 5.ª entre la avenida Jiménez y la calle 19 para no ver disminuidos sus ingresos.

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Tanto el alcalde local como habitantes del sector consideran que, aunque esta zona ha sido de interés comercial por la alta circulación de turistas, el problema aumentó a partir de la feria que se instaló en la zona por cuenta del Paseo de Luz.

Esta es una iniciativa que incluye un polígono de 2 kilómetros de espacio público, donde están zonas como la plazoleta de la Mariposa, parte del eje ambiental, la plazoleta del Rosario y el parque de los Periodistas.

La desarrolló el Departamento istrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y su propósito era mejorar la oferta gastronómica, la iluminación y “crear un corredor para hacer del centro un lugar más seguro y caminable”, según explicó Alejandra Rodríguez, directora de la entidad.

Un grupo de comerciantes de San Victorino invirtió para poder desarrollar esta actividad en el marco del modelo del Distrito Especial de Mejoramiento (Demos). Los resultados permitirían también recaudar fondos para invertirlos en esta zona del Paseo de Luz.

No obstante, "lo que nos dijeron que sería una ocupación de tres meses por comerciantes en el parque se convirtió en una de todo el año", menciona Méndez, quien agrega que después les prometieron que esta intervención se iba a hacer a través de unos kioscos modulares construidos especialmente para el comercio en el parque, pero resultaron siendo unas carpas que, coinciden los residentes, "generaban más desorden en el espacio público".

Aunque el decreto 552 de 2018 reglamenta las actividades de aprovechamiento económico del espacio público de corto plazo en un periodo máximo de hasta un año, lo cierto es que el solo Demos contemplaba mercados temporales, como la promoción de actividades culturales, actividades de recreación pasiva e instalación de módulos de servicio al ciudadano. Los permisos temporales, de acuerdo con el mismo decreto, son por máximo 45 días. Pero, según cuentan los habitantes, los mercados se prolongaron y los módulos de servicio quedaron en el papel.

La propuesta de la alcaldía local de Santa Fe ha sido continuar con el monitoreo en la zona, aumentar la presencia de la policía y generar ofertas culturales para que el encuentro de los ciudadanos evite la ocupación de vendedores informales.

Aunque los residentes reconocen que estos esfuerzos son importantes, dicen que no son suficientes. "Se ha logrado reducir el problema de microtráfico, pero necesitamos una entidad que se comprometa con el parque y todo el eje ambiental", expresa Méndez.

Señala además que el edificio del Icfes que está abandonado, así como las vallas de su nueva ubicación contribuyen a que el espacio público en el lugar no mejore.

La comunidad considera que la ocupación organizada puede ser la solución.Por eso se unieron para lograr el punto de bicicletas compartidas que está en la esquina del parque de los Periodistas.

"Estamos de acuerdo con la actividad cultural, y sobre la actividad comercial creemos que requiere de cierta infraestructura primero", dice una de las mujeres que viven en el sector.

Quienes se agrupan en la corporación afirman que, sumado a los problemas de ocupación del espacio, la infraestructura de la zona ha venido deteriorándose sin ningún remedio. Y es que hoy es común encontrar, no solo en el parque de los Periodistas, sino a lo largo de todo el eje ambiental, baldosas sueltas, senderos en mal estado y suciedad en el canal de agua que baja por la avenida Jiménez.

Es por esto que la alcaldía, a través del IDU, busca ejecutar el contrato 1686 de 2022, que tiene un valor superior a 13.000 millones de pesos, en el que el consorcio AG3-Obras deberá hacer las labores necesarias para revitalizar el eje ambiental.

Pero, según trascendió, ese proyecto avanza a paso lento, pues el contrato ha tenido demoras porque falta la autorización del Instituto Colombiano de Antropología, que depende del Ministerio de Cultura, y aún no está lista.

PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ MORA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ