El infierno que viven barrios como Contador y Santa Bárbara en Usaquén por ruido de bicicletas a motor y motos de Rappi en centros de acopio

La tranquilidad del conocido barrio Contador, ubicado en la localidad de Usaquén, se ha visto minada desde que, muy cerca de la parroquia San Juan de Ávila, ubicada en la carrera 18 #136-36, instalaron un centro de distribución de Rappi. Según algunos residentes de la zona, conocida por su tranquilidad, el ruido que generan los conductores de las motos ha incidido en un grave problema de contaminación auditiva, visual y ambiental y que además este aumentó con el uso, cada vez más indiscriminado, de las escandalosas bicicletas con motor. 

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Johnny Gutiérrez es uno de los ciudadanos afectados, pues vive justo en la ruta que toman los conductores  al servicio de esta empresa para dar inicio a su reparto. “La situación es tan caótica, que créame, estamos considerando seriamente en vender nuestro apartamento porque, sobre todo, los fines de semana se han convertido en toda una pesadilla”.

Según le relató a este diario, durante la noche y la madrugada, el ruido de los vehículos utilizados por los mensajeros es infernal. “Es grave porque alteran significativamente nuestros tiempos de descanso y parece que lo hicieran sin ningún tipo de control. Esto resulta inexplicable en una ciudad como Bogotá”.

Los ciudadanos afectados carecen de información sobre si vehículos como las bicicletas con motor, más ruidosas que incluso algunas motos, tienen autorización para transitar, pero, sobre todo, no entienden el porqué de la inexistencia de controles y autoridad sobre quienes las conducen. “Lo más triste es que las protestas de los vecinos no han sido escuchadas. Necesitamos que las autoridades distritales intervengan porque ya estamos desesperados. Exigimos que se tomen cartas en el asunto”.

Y es que estos reclamos no son nuevos, estos se conocen desde varios años atrás y por diferentes motivos. Otros residentes se quejan de que no solo deben aguantar el ruido que genera esta actividad, sino de que los domiciliarios taponan las vías. Y todo ocurre, sobre todo, en horas de la noche, cuando los ciudadanos se disponen a descansar. “Desde que esa empresa abrió un punto de venta de varios productos, entre ellos licores, los rappitenderos se han concentrado en la zona. El caos vehicular es total, así como el exceso de ruido. Hay parqueo ilegal de motos y bicis con motores hechizos, bloqueo de la salida de los vehículos y los edificios, ruido alto volumen”, dijo la a de un edificio del sector.

Rappi explicó que en este momento la plataforma Soy Rappi reúne a más de 70.000 repartidores independientes registrados. El 76 por ciento de estos se moviliza en motocicleta, un 22 por ciento lo hace en bicicleta y cerca de un 2 por ciento lo hace en automóvil. “Gracias a una alianza entre Rappi y Sura, el 100 por ciento de los repartidores activos en la aplicación cuentan con un seguro contra accidentes personales. Este seguro le otorga una cobertura a todos los repartidores en el caso en el que tengan un accidente durante la gestión de un pedido y hasta los 30 minutos siguientes a la finalización del pedido Junto a entidades como Auteco, RODA, ABACO y Motopack hemos desarrollado diferentes alianzas a través de las cuáles los repartidores pueden acceder a opciones de microcréditos para compra de bicicletas eléctricas, créditos para compra de moto y facilidades para alquiler de motos”.

Agregaron que de la mano de la Secretaría de Movilidad y de aliados como CEMEX, SURA y Auteco vienen desarrollando espacios quincenales de pedagogía y talleres educativos a nivel nacional con repartidores alrededor de la seguridad vial y movilidad, una iniciativa en la que han participado más de 4.000 repartidores. “Allí se socializan diferentes aspectos relacionados al buen uso del espacio público, como también se les informa de la normativa que prohíbe el uso de bicimotores en Bogotá”.

Así mismo, explicaron, vienen desarrollando campañas de seguridad vial como ‘Cuidarte es el pedido más importante’ y ‘Mi familia me espera’, las cuales son iniciativas a nivel nacional con más de 20.000 repartidores participantes y que se enfocan en promover el autocuidado y la responsabilidad en la vía, a la vez que se comparten buenos hábitos y recomendaciones de seguridad. “De manera permanente, escuchamos y recibimos retroalimentación de parte de los repartidores y buscamos maneras de mejorar su experiencia con la aplicación. En ese sentido hemos realizado más de 1.000 sesiones de escucha activa y diálogo en los que han participado cerca de 20.000 repartidores a nivel nacional”. Respecto al caso específico del barrio Contador, no se refirieron. 

Pero el caso del barrio Contador no es el único. Líderes comunitarios del barrio Santa Bárbara Oriental, en la localidad de Usaquén, le contaron a EL TIEMPO que padecen la misma problemática por un centro de distribución de Rappi, ubicado en el barrio en medio de casas y apartamentos de uso residencial. “Nos pusieron un punto de acopio. La casa fue rentada por almacenes Éxito para ser operada por Rappi y contrataron a Lum logística para istrarlo”, dijo la fuente, quien prefirió ocultar su identidad.

Lo grave de esta situación, explica, es que a la hora de las reclamaciones los actores del conflicto se “lanzan la pelota” y nunca hay una solución para la ciudadanía afectada. “Pedimos que este punto sea retirado de la zona”.

Los reclamantes dicen que las calles se han vuelto peligrosas y que nadie puede pasar con un celular en la mano o mirar a los domiciliarios porque son agredidos verbalmente. “Se lanzan de forma amenazante a los carros de los residentes de la zona para amedrentar a la comunidad y como saben que muchos hemos puesto derechos de petición, toman acciones como hacer más ruido o ponerse más agresivos”.

En cuanto a las respuestas de las autoridades a sus contantes quejas dicen que solo van y hacen visitas esporádicas o agradecen por la información, pero no hay soluciones de raíz. “Esto es una bomba de tiempo. Estas personas llegaron a este punto y tienen contrato por un año. Ya no nos sentimos seguros en nuestro propio barrio”.

La situación es tan grave que los residentes de este barrio aseguran tener afectaciones psicológicas. “No estamos durmiendo bien, el acoso que sentimos es preocupante y todo esto afecta nuestros trabajos. Una vecina tuvo un bebé y por el ruido nadie de esa familia puede dormir. Tenemos en la zona muchos adultos mayores y se ven en riesgo porque los motociclistas invaden los andenes, se montan por las divisiones de los cruces de la calle, en fin, los problemas son muchos”.

Incluso, aseguran, las vías de la zona se han visto afectadas por el tránsito permanente de motos y bicicletas a motor sin ningún tipo de control. Videos aportados por los afectados dan cuenta de la magnitud el problema. “Ellos son turbo Rappi así que sale volando por calles residenciales, lo que pone en peligro la vida de todos, incluyendo la de los mismos mensajeros que trabajan al servicio de esa empresa”.

Hay que recordar que en mayo de 2023 se publicó una resolución que explicaba la reglamentación para el uso de las bicicletas motorizadas en Bogotá, pero lo que es evidente para la ciudadanía es que el tránsito de estos vehículos por espacios no permitidos continúa siendo un problema que pone en riesgo la vida de todos los s de la vía.

Lo más grave es que los trancones, el aumento del costo para la adquisición de vehículos y todos los problemas que afectan el servicio de transporte masivo en la capital, entre estos la inseguridad, ha generado que el uso de este tipo de vehículos se exacerbe, además son más fáciles de adquirir para alguien que tenga como trabajo el servicio domiciliario. Estas bicicletas, por lo general, tienen un motor con pequeño cilindraje, que puede ser eléctrico o de combustión no mayor a los 50 cm³ o 4kw.

Estos, a su vez, resultan más baratos y rentables que un carro o una motocicleta y quienes los manejan pueden alcanzar una velocidad superior a los 45 kilómetros por hora y, lo más grave, sin que provean de seguridad a sus dueños, ni mucho menos a los otros actores viales, eso sin mencionar el ruido que producen y la contaminación que pueden emitir.

Y fueron precisamente todas estas circunstancias las que llevaron a la Secretaría de Movilidad a emitir la Resolución 137609 de 2023, que prohibió la circulación de estos biciclos por troncales de Transmilenio, carriles de buses del SITP o lugares destinados al tránsito exclusivo de los peatones o las bicicletas corrientes, vigente desde mayo de 2023.

La pregunta es por qué estos vehículos siguen causando tantos problemas y además engrosando las cifras de accidentalidad. La situación es alarmante. Según cifras que EL TIEMPO obtuvo de la Secretaría de Movilidad, solo el año pasado se reportaron 45 heridos por incidentes que involucran ciclomotores.

La cifra de heridos no solo involucra a peatones atropellados, sino también a conductores que no siguen la reglamentación y cuyos vehículos motorizados no cuentan con las medidas necesarias para transitar por las vías habilitadas, tales como transitar sin los dispositivos luminosos requeridos, cascos de protección o frenos. Por el riesgo que involucra movilizarse en estos biciclos también es necesario contar con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) para no ser amonestado.

Las autoridades de tránsito han hecho una importante labor para evitar este tipo de sucesos. El año pasado se realizaron un total de 131 operativos para verificar las condiciones de circulación y el cumplimiento normativo por parte de estos motorizados, se registraron más de 1.400 comparendos y 607 inmovilizaciones. La localidad de Kennedy es la que más infracciones presentó en 2023, con 364 reportes. Suba, afirmó la entidad, es otra de las zonas con mayor número de denuncias contra estos vehículos por parte de la ciudadanía.

En cuanto a las cifras de este año (2024) , con corte al 31 de octubre de 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó 134 operativos enfocados en ciclomotores e impuso 1.215 comparendos con la inmovilización de 350 vehículos de este tipo y con corte al 13 de noviembre de 2024, se registraron 71 siniestros que involucraron ciclomotores, discriminados de la siguiente manera: heridas, 48 personas; ilesas, 20 personas y fallecidas, 3 personas.

De acuerdo con la cartera de Movilidad, la mayoría de estas amonestaciones, que implican multas de entre 522.900 pesos y 1’045.500 pesos, son impuestas por invadir ciclorrutas o transitar por las vías que prohíbe la resolución. Estos actos no solamente ponen en riesgo la vida de los motorizados, sino que también hacen que peligre la integridad de los peatones, que se movilizan por los más de 175 millones de metros cuadrados de espacio público que tiene la capital del país.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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