El viacrucis para llegar a la hidroeléctrica de El Guavio

Luego de 35 días de protestas, el pasado jueves a las 12 del día, las 40 personas que se habían asentado frente al campamento de la empresa Enel Colombia en la inspección de Mámbita, en Ubalá (Cundinamarca), y que bloqueaban el a la central hidroeléctrica de El Guavio, recogieron el lazo de nailon que habían atravesado y permitieron que los operarios encargados de realizar el mantenimiento de las cinco unidades de generación de energía, de las cuales cuatro ya habían quedado inactivas, volvieran a sus labores.

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Esta decisión se dio después de que desde Bogotá les anunciaron que el Gobierno Nacional, las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá y Enel Colombia se comprometieron a rehabilitar los 110 kilómetros de vía destapada que conectan a Santa María, Mámbita, San Pedro de Jagua y Medina. 

“Se levanta la protesta de inmediato. El gobierno nacional se comprometió a incluir esta vía en el presupuesto nacional. ¡Lo logramos!”, gritó Guillermo Pineda, vicepresidencia de JAC de Mámbita, frente a los manifestantes.

Con este acuerdo se superó el riesgo que tenían 2 millones de personas del centro del país de sufrir racionamientos en el suministro de energía eléctrica, puesto que esta central proporciona cerca del 14 por ciento de la demanda nacional a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

De hecho, esta dificultad llevó a que cuatro unidades de generación salieran de funcionamiento en las últimas semanas. La última dejó de operar en la madrugada del pasado jueves. Solo quedaba una turbina generando energía y su mantenimiento estaba programado para el 27 de septiembre, a más tardar, y si no se lograba realizar, la central iba a dejar de generar.

“Esta coyuntura representa un riesgo para la confiabilidad y seguridad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), pues este deberá hacer uso de otros activos de generación para atender la demanda energética de las distintas regiones del país”, manifestó Eugenio Calderón, gerente de generación eléctrica de Enel Colombia en aquel momento.

En el Guavio, mientras muchos celebraron, otros siguieron con sus reparos y prefieren esperar a que se vean las soluciones en el terreno. Culpan a las compañías con operación en la zona y a los gobiernos de Boyacá y Cundinamarca. Ese es el caso de los habitantes de Santa María, quienes mantienen las barricadas con el argumento de que lo negociado solo beneficia a Cundinamarca.

“Era un proyecto muy grande y pensábamos que nos iba a traer progreso. En la escuela nos decían que por fin los dos municipios tendrían una carretera decente, y hoy, 40 años después, las cosas siguen igual”, dice Jaime Lopera, habitante de la región.

Existen dos formas para llegar a la hidroeléctrica de El Guavio. La primera, por la vía alterna al Llano por el Guavio, que atraviesa los municipios de La Calera, Guasca, Gachetá y Ubalá. Consta de 175 kilómetros.

Y la segunda —la que eligió EL TIEMPO para llegar hasta la central— por la Troncal Central del Norte hasta El Sisga y luego por la ruta nacional 56 hasta Santa María. Este tramo del recorrido tiene 176 kilómetros de vías en perfecto estado, atraviesa los municipios de Machetá y Guateque y la represa de Chivor. Se realiza en cuatro horas y 30 minutos.

En Santa María, Boyacá, es donde empieza el calvario de todo aquel que desea llegar a la central hidroeléctrica en Mámbita, una inspección de policía del municipio de Ubalá, y donde no viven más de 2.000 personas.

“Lo que no han entendido el gobierno ni Enel es que este tramo, en Santa María, es el más importante porque si no se arregla, no se puede llegar a Mámbita. A nosotros lo que nos interesa es que nos arreglen la vía porque nos tienen jodidos, el tema de la energía es un asunto de esa empresa”, dice Pablo Cifuentes, líder del bloqueo en Boyacá.

Entre estas dos poblaciones hay una carretera destapada de 25 kilómetros que tiene 17 puntos críticos. Deslizamientos, hundimientos, tramos angostos en donde solo pasa un vehículo, quebradas que debilitan el terreno y enormes rocas en medio de la vía que solo maquinaria pesada puede quitar son algunos de los problemas que evidenció este diario en un recorrido que duró tres horas.

El primero está a 500 metros del casco urbano de Santa María, en la vereda El Retiro, y frente a la casa de Efraín Montañez.

Allí, el 10 de agosto de 2022, cuando Montañez regresaba a su vivienda en medio de un aguacero, un tramo de la vía, que es atravesado por una tubería subterránea que evacua el agua de las montañas, se derrumbó y generó un cráter de dos metros de profundidad y uno de ancho. Para muchos, esta fue la gota que rebasó el vaso.

Al día siguiente, los pobladores, cansados de reclamar el mantenimiento de sus vías y no encontrar eco, montaron una especie de puente con seis gruesos troncos de madera para unir ambos tramos y pusieron dos maletines de color naranja para bloquear el paso de vehículos, a la vez que endurecieron sus peticiones: empezaron a exigir que les pavimenten las vías y, para asegurarse de que les cumplan, que el proyecto fuera incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que más adelante terminaría dificultando la posibilidad de un acuerdo. “Exigimos el mejoramiento total de nuestra vía. Desde Santa María hasta el puente de El Guavio”, se puede leer aún hoy en una pancarta blanca con letras rojas colgada a pocos metros del cráter.

Desde este sector, hasta la entrada a Mámbita, son tres horas de trocha en donde hay que andar con precaución. En varios puntos se puede ver maquinaria de la gobernación de Boyacá. Dos retroexcavadoras, una apisonadora y una volqueta remueven escombros y retiran piedras desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

“Vamos y venimos limpiando la vía, no podemos hacer nada más”, le dice a EL TIEMPO uno de los trabajadores a pocos metros del puente de Guavio, la frontera entre ambos departamentos.

Quienes a diario la utilizan manifiestan que en días de precipitaciones es intransitable. “Cuando llueve no se puede andar por acá. El problema es que cae agua todo el año, entonces uno se queda con la comida porque no la puede vender”, asegura José Arañana, campesino de la región y quien todos los días baja a Santa María en la moto de su sobrino para vender su cosecha.

Al llegar a Mámbita ocurre algo que llama la atención de los visitantes. Existe un sector conocido como la ‘Y’, donde la carretera se divide. A mano izquierda, se llega a la hidroeléctrica después de un kilómetro de vía pavimentada; a mano derecha, desde donde se ingresa a la inspección, solo existe un segmento hecho en concreto de 100 metros de largo y de 30 centímetros de alto. Luego, la vía se convierte, nuevamente, en trocha.

Ya en el casco urbano de Mámbita los testimonios de sus habitantes son desesperanzadores. Sienten que las promesas de progreso nunca se cumplieron y que su vida hoy es peor que hace cuatro décadas. “En Mámbita no hay hospital. Si hay una emergencia toca bajar por esa vía y esto se convierte en un paseo de la muerte. Además, cancelaron la única buseta que subía por acá. Estamos atrapados en el pasado”, asegura Estrella Martínez, dueña de un negocio de ropa en el centro.

Por este motivo, cuatro días después de que se iniciara el bloqueo en Santa María, surgieron dos nuevos puntos de protesta: uno a pocos metros de la entrada a la planta de energía y otro en el campamento de los empleados de la compañía, ambos en territorio de Mámbita.

Pero con los bloqueos la situación no mejoró. Al contrario, se generó una división mayor entre comunidad de ambos municipios y contratistas de la central y ocasionó afectaciones económicas. “Pero así nos ha tocado siempre. Si no bloqueamos, no nos escuchan”, agrega Martínez, quien es consciente de que bloquear a la generadora de energía fue un método para ejercer presión.

Y es que para muchos ese es el precio que tienen que pagar para que no los olviden. “Tener la vía así no solo es un problema para sacar las cosechas, también lo es para atraer turistas o que los niños vayan al colegio”, dice Pilar Almonacid, habitante de Mámbita.

No obstante, Cifuentes va más allá. Sostiene que a la vía solo se le da mantenimiento cuando empresas como Enel Colombia y el Grupo de Energía de Bogotá requieren transportar maquinaria. “Estamos pidiendo lo justo, a ellos también les afecta tener la carretera en ese estado. Así que si los señores de esas empresa no nos solucionan, pues que empiecen a usar la vía alterna, por Ubalá, que aunque es más corta, es más complicada”, concluye el campesino.

El acuerdo tiene dos momentos: uno en el que las gobernaciones y las empresas de energía dispondrán de maquinaria amarilla y los permisos de la Agencia Nacional de Minería para adelantar los estudios y diseños de los tres tramos de vías.

En el mediano plazo se deben realizar los estudios y diseños y definir las fuentes de financiación. Esto será en el marco de los diálogos vinculantes del gobierno de Gustavo Petro, en los que se asegurará que esas carreteras queden en el Plan Nacional de Desarrollo.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, por su parte, señaló que los acuerdos incluyen intervenciones “inmediatas” del departamento por cerca de 40.000 millones de pesos y que, mientras avanzan los diálogos, se harán los estudios y diseños.

Enel Colombia confirmó que participará en un convenio con la Gobernación y el Grupo Energía Bogotá (GEB) con un aporte de 2.000 millones de pesos y maquinaria amarilla para el mejoramiento vial del territorio, que representa otros 2000 millones.