Estos son los subsidios y proyectos que se mantienen en ayudas sociales en Bogotá: ‘Nos preparamos para un revolcón’

El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Carlos Angulo Salazar, tiene algo muy claro y es que la ejecución de sus proyectos durante el cuatrienio la tiene que hacer con los mismos recursos anuales del último año del gobierno anterior, es decir, con 2.033.388.532 millones de pesos  y por eso dice que materializar cada proyecto le exige una reestructuración de los programas sociales a la que le llamó ‘mejores transferencias, más bien-estar’.

Según explica, lo que se necesita no son más subsidios, sino mejores, y si bien la Alcaldía de Carlos Fernando Galán va a mantener las modalidades de subsidios monetarios, bonos y especie, lo que se viene es un revolcón en su diseño. “Este va desde los criterios de focalización hasta la fijación de condiciones de salida y otras condicionalidades”.

En lo que tiene que ver con las transferencias monetarias del Distrito, lo que se conoce como Ingreso Mínimo Garantizado, se va a mantener, pero con cambios muy importantes que el funcionario resume en tres puntos: primero, las personas con discapacidad, las personas mayores, las víctimas y los pobres extremos serán la prioridad; segundo, se transitará de transferencias no condicionadas, a transferencias condicionadas que estimulen la nutrición, el capital humano o la inclusión productiva; y tercero el que para Angulo es más novedoso es que se va a incluir el componente de gasto en ciudad, que incluirá bonos y ayudas que estimulan el gasto en vivienda y transporte. “Aquí tendremos articulaciones importantes con el sector de Hábitat y de Movilidad, como el programa de arriendo con opción de compra o los bonos de Transmilenio para población pobre y vulnerable. En conclusión, los cambios y las nuevas apuestas no se financiarán con nuevas fuentes, sino reestructurando el gasto de la Secretaría de Integración Social”.

En cuanto a la sobretasa a los parqueaderos, que inicialmente planteó la Secretaría de Hacienda como una nueva fuente, no tuvo acogida en el debate en Concejo sobre el Plan de Desarrollo Distrital, pero Angulo explica que lo que sí quedó fue el bono de Transmilenio para la población pobre. “Inicialmente, propusimos fondear este bono con la fuente de parqueaderos, pero al haberse caído, decidimos mantener el bono y fondearlo con otras fuentes en un ejercicio de reestructuración del gasto”.

Según Angulo, la atención a la población adulta mayor es prioritaria y así quedó establecida en el Plan de Desarrollo Distrital, diría que este es uno de los puntos de consenso entre la propuesta inicial del gobierno y el Concejo de Bogotá.

“Algo que ya comenzamos a hacer es convertir los apoyos económicos para personas mayores en transferencias monetarias a través de pagos digitales, lo cual les permitirá obtener beneficios de inclusión financiera. Estas transferencias se aumentarán en cobertura y monto”.

Además, explicó, se van a aumentar las unidades operativas de servicios para las personas mayores y se le va a apostar a la inclusión efectiva de estos en servicios para personas con discapacidad, población LGBTI y ciudadanos habitantes de calle. “Finalmente, queremos incluir nuevos enfoques, como el de nueva longevidad, que busca consolidar trayectorias de inclusión social y productiva durante esta etapa de la vida”.

Una de las metas más ambiciosas de Angulo es ampliar los comedores comunitarios de 115 a 165, es decir, habrá 50 nuevos comedores al finalizar este cuatrienio. “Pero ojo, los comedores comunitarios son un componente relevante, más no el único, de nuestra estrategia de Bogotá sin Hambre 2.0”.

Angulo explicó que la estrategia contempla acciones sobre la oferta de alimentos, como la consolidación de un sistema de abastecimiento para la ciudad, o la estrategia para la comercialización con mercados campesinos, y la política de plazas de mercado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero también acciones sobre la demanda, que son las que recaen en Integración Social y que contemplan todos los servicios con un componente nutricional o que inciden sobre el gasto en alimentos.

Se trata de ocho programas de transferencias monetarias, bonos y especie que la entidad está reestructurando en sus reglas de juego para que funcione de manera orgánica en la lucha contra el hambre. “Buena parte de esta restructuración va por cuenta de repensar la localización de estos servicios en la ciudad”.

Angulo sabe que concertar las ayudas es un trabajo arduo y aceptó que uno de los temas más polémicos en las discusiones del Plan de Desarrollo fueron las comisarías de familia, el servicio de a la justicia que se encarga de la prevención y las medidas de protección para garantizar los derechos de la población en el marco de la violencia en el contexto familiar. “Salimos fortalecidos de esta discusión, pues logramos aprobar una estrategia de robustecimiento de todo el sistema, que involucra la ampliación de los equipos comisariales de 51 a 67, la creación de 680 puestos de planta para todos los equipos, el fortalecimiento de las rutas para diferenciarlas con perspectiva de género y el traslado, en un periodo de dos años, de las comisarías de Integración Social a la Secretaría de Seguridad y Justicia y Convivencia, de tal forma que nosotros nos enfoquemos en la política y en la prevención”. 

La actual istración dice que le va a seguir apostando a apoyar a la población LGBTI del Distrito, que para eso cuenta con un equipo interdisciplinario que la atiende junto a sus familias y redes de apoyo. “El 20 por ciento de este equipo está conformado por personas trans, lo que nos hace el equipo con mayor representación de personas trans en el Distrito”.

Seguirán funcionando las Casas LGBTI ubicadas en Mártires, Suba, Teusaquillo, Kennedy, Rafael Uribe Uribe. “Estas son un oasis de tranquilidad y de oportunidades y ofrecen servicios de inclusión social y productiva. Queremos que sigan siendo lugares seguros, donde la gente pueda ser, como dice el eslogan de esta política pública LGBTI”.

También se fortalecerá la Unidad contra la Discriminación (UCD) para acompañar a personas que quieran denunciar casos de violencias y discriminación y Angulo aseguró que se están creando alianzas con algunas universidades para contar con estudiantes de Consultorio Jurídico que brinden atención virtual a las y los s de las Casas LGBTI.

Durante esta istración se buscará tener dos nuevas unidades operativas, una Casa LGBTI en Ciudad Bolívar y una Casa de Acogida, esta última para proteger a la población en riesgo de violencia. “Finalmente, le vamos a apostar a ajustes razonables para la inclusión efectiva de la población LGBTI en diez servicios sociales priorizados en procesos participativos”.

Angulo tiene claro que los habitantes de la calle en Bogotá son prioridad. “No podemos hablar de igualdad de oportunidades o de nivelar la cancha en Bogotá, sabiendo que hay un grupo que ni siquiera puede entrar a jugar. Es una población que está excluida en la dimensión social, económica y política e incluso es invisible estadísticamente”.

El funcionario explicó que hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos son, pues el último censo se hizo en 2017, antes de la pandemia, y hay evidencia de que el fenómeno puede estar creciendo e incluso cambiando en sus factores de riesgo. “¿Cuál es esa evidencia? Según el último censo, del 2017, la población habitante de calle ascendía a 9.538. Sin embargo, en el Distrito hemos atendido, durante el último año, a 13 mil. Por eso necesitamos saber con mayor precisión cuántos son en este momento y saber más sobre ellos, si es queremos desplegar una estrategia robusta para enfrentar esta problemática”.

Respecto a que la migración esté engrosando esta población, Angulo dijo que en este momento no hay herramientas estadísticas que permitan concluir que el desplazamiento interno o la migración están engrosando las cifras. “Por ejemplo, el censo de habitabilidad en calle de 2017 no incluía el componente de origen y no era posible determinar si el habitante de calle era migrante interno o de otro país. El nuevo censo incluirá preguntas sobre el origen del habitante de calle, ahondando en aspectos relacionados con migración, tiempo en la ciudad, composición familiar en ciudad de origen, entre otros”.

No obstante, sabe que la información de registro istrativo señala que el 7 por ciento de la población habitante de calle que atendió la SDIS durante todo el 2023 era migrante.

En la demostración de que este gobierno sí va a cumplir con el lema de ‘construir sobre lo construido’, Angulo dijo que fue satisfactorio inaugurar la obra El Camino, la infraestructura más grande en la historia de la Secretaría de Integración Social.

Explicó que su construcción abarcó tres istraciones, la de Enrique Peñalosa, la de Claudia López y la de Carlos Fernando Galán. “Tiene un área de 11.857 metros cuadrados y cuenta con cuatro servicios dirigidos a habitantes de calle, personas mayores y cuidadoras y cuidadores”.

En esta obra se invirtieron $51 mil millones de pesos. “Es una infraestructura muy significativa de la misión de Integración Social, pues se trata de la mejor infraestructura de la Secretaría de Integración al servicio de los más excluidos entre los excluidos”.

Finalmente, dijo que en el corto plazo viene la puesta en marcha de dos centros similares. El primero que estará listo este mismo mes, es María Goretti, una infraestructura de más de 7 mil metros cuadrados en la que funcionará la subdirección local de Barrios Unidos y que tendrá Jardín Infantil, Centro Día para adultos mayores y una Manzana del Cuidado, entre otros servicios.

En la segunda, que estará lista a finales de este año, funcionará el Centro de Desarrollo Comunitario de la localidad de Suba y contará con servicios de infancia para las personas con discapacidad y un comedor comunitario, entre otros. “Para el resto del cuatrienio esperamos construir tres obras adicionales en las localidades de Mártires, Fontibón y La Candelaria”.

CAROL MALAVER

Subeditora Bogotá

Escríbanos a [email protected]