Hablan líderes indígenas del Cauca que llegaron a Bogotá a protestar contra el Gobierno: estas son sus razones

Desde el Resguardo La María, en Piendamó, Cauca, un territorio histórico de resistencia indígena, se alza de nuevo un clamor. Unos 3.000 indígenas de  las comunidades Ingas, Cofanes, Quillacingas, Pastos, Awa, Misak y Nasas, provenientes de los departamentos de Cauca y Nariño, se movilizaron hacia Bogotá con un mensaje contundente: separarse de organizaciones como el CRIC y ONIC.

Preocupa que ante este reclamo, el Gobierno Nacional no ha mostrado disposición para atender sus demandas y se solicita conocer cuál será la respuesta de los ministerios a este grupo.

Además, en una asamblea multitudinaria que reunió a Taitas, Mamas, Gobernadores, Mayores y Capitanes, las comunidades originarias quieren recuperar y preservar su pensamiento, lengua, identidad y territorio y por eso exigen hablar con el presidente Gustavo Petro. No les importó llegar con cilindros de gas para cocinar y que en su primer día ya comienzan a vivir los estragos de la falta de agua para pernoctar en la Plaza de Bolívar. 

La situación genera preocupación pues los campamentos improvisados representan un riesgo para edificios como el Palacio de Justicia, el Congreso, la Alcaldía, la Presidencia, así como para el comercio y transeúntes de la zona. 

Sin embargo, estos pueblos indígenas están dispuestos a aguantar y reclaman que su autoridad legítima ha sido despojada históricamente por prácticas de explotación y violencia promovidas por el Estado, grupos armados y otros actores y que durante el gobierno de Gustavo Petro la situación no ha cambiado como se les había prometido. 

“Fuimos nosotros quienes organizamos nuestras estructuras antes de la invasión. No somos pueblos sometidos, sino quienes han resistido y preservado nuestra identidad a pesar del esclavismo, el exterminio y la explotación histórica”, manifestaron a través de un comunicado. 

EL TIEMPO habló con el líder, Luis Enrique Yalanda Hurtado, quien explicó que el reclamo no es nuevo, pero sí urgente. Explica que aunque la Constitución de 1991 reconoce la autonomía, costumbres, tradiciones, lengua e identidad de los pueblos indígenas, las comunidades aseguran que estos derechos existen solo en el papel. “La falta de acciones istrativas, judiciales y legales eficaces por parte del Estado ha dejado nuestras reivindicaciones en el olvido”.

Desde su perspectiva, las políticas estatales no han garantizado su protección ni sus derechos fundamentales. Los indígenas argumentan que su exclusión de procesos políticos y sociales ha perpetuado un ciclo de marginación. "Los gobiernos tradicionales, liberales o progresistas no nos han brindado respuestas satisfactorias a nuestras demandas históricas".

En su análisis, la relación clientelista entre el Estado y algunas organizaciones indígenas sigue dividiendo a los pueblos originarios, replicando métodos de control similares a los que impusieron los colonizadores siglos atrás. “Reconocemos que nuestra salvaguarda no llegará de gobiernos tradicionales, liberales o progresistas”, agregaron los voceros indígenas. 

Por ello, reivindican sus malokas, chagras, mingas, tulpas, tejidos de pensamiento y asambleas como espacios de resistencia genuina, alejados de intereses políticos centralistas. Para ellos, la comunidad de base es la que preserva la verdadera esencia de sus pueblos, sosteniendo la lucha desde sus propios valores y principios.

José Manuel Castillo Tovar, gobernador de la comunidad indígena Quillacinga del municipio de Consacá, Nariño, denuncia la falta de atención del gobierno nacional hacia su comunidad. Tras un largo viaje y días durmiendo en la calle, expresa que no han sido escuchados ni atendidos, a diferencia de otras comunidades que sí reciben atención y apoyo. 

Castillo Tovar exige diálogo directo con el presidente para que se garantice el derecho a la igualdad establecido en la Constitución. La comunidad quillasinga se siente excluida de programas de prosperidad social y otras iniciativas estatales debido a la demora en la entrega de certificaciones necesarias para presentar proyectos y acceder a subsidios.

Además,  explica que el proceso burocrático de los Ministerios  retrasa todas las ayudas. Esta situación les impide desarrollar proyectos y acceder a beneficios estatales. "La comunidad exige respuestas claras y la agilización de los trámites que nos permitan acceder a los programas sociales que deberían estar disponibles para todas las comunidades indígenas por igual".

Ana Ruth, una indígena del Cauca, se encuentra en Bogotá exigiendo al gobierno actual el cumplimiento de pactos acordados desde hace mucho tiempo. Afirma que, aunque se eligió un gobierno con esperanza de cambio, las promesas no se han cumplido y solo se reciben palabras vacías. Denuncia que en su territorio persisten problemas como el desplazamiento y la migración de jóvenes hacia caminos que su comunidad no desea. 

Las comunidades indígenas tienen claras sus demandas. No buscan promesas vacías ni discursos oficiales, sino acciones concretas que garanticen sus derechos de manera efectiva. Entre sus exigencias principales se encuentran:

Para los indígenas ubicados en la Plaza de Bolívar esta  movilización es una respuesta legítima a la convocatoria que el presidente Gustavo Petro ha hecho a la movilización social. Sin embargo, las comunidades indígenas aclaran que su lucha no depende de ninguna istración particular, sino de un compromiso inquebrantable con su dignidad y sus derechos.

Esta movilización ha sido firmada por más de 20 comunidades y resguardos indígenas de los departamentos de Cauca y Nariño. Entre los firmantes se encuentran el Resguardo Indígena Misak La María, el Cabildo Nasa de Rosas Cauca y la Comunidad indígena Inga de Pasto en contexto de ciudad, Nariño. 

"La construcción de un país diverso y justo solo es posible mediante el respeto efectivo de su autonomía, cultura y territorio. En su recorrido hacia Bogotá, las comunidades avanzan con la certeza de que su movilización es una reafirmación de su existencia y de su derecho a decidir sobre su propio futuro", dijeron a través de un comunicado. 

La istración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno, ha activado sus equipos de monitoreo y acompañamiento para garantizar que las movilizaciones transcurran de manera pacífica y ordenada.

Según lo establece el Decreto 053 de 2023, que contiene el Protocolo Distrital para la Garantía y Protección de los Derechos a la Reunión, Manifestación Pública y la Protesta Social Pacífica, la ciudad dispone de mecanismos claros para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de quienes se manifiestan.

Las direcciones de Asuntos Étnicos, Derechos Humanos y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno se encuentran activas, con personal dispuesto a realizar un monitoreo constante de la situación mediante el Puesto de Mando Unificado (PMU) tanto a nivel Distrital como Nacional. Este trabajo de seguimiento es esencial para evaluar el desarrollo de la movilización y garantizar la adecuada coordinación de las entidades involucradas.

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno, resaltó el compromiso de la istración Distrital con el desarrollo pacífico de estas jornadas: “Bogotá siempre estará dispuesta a contribuir al desarrollo pacífico de cualquier movilización. La istración Distrital estará acompañando de cerca estas jornadas".

El funcionario resaltó el compromiso con el desarrollo pacífico de estas jornadas: “Hacemos un llamado para que oportunamente el Gobierno Nacional atienda las peticiones realizadas por estas comunidades indígenas, así como sus requerimientos durante su estadía temporal”.

Los pueblos indígenas que hoy están en Bogotá buscan ser escuchados en un escenario formal de diálogo que permita avanzar en la resolución de problemáticas que afectan su bienestar y desarrollo. Entre estas, se mencionan recurrentemente la falta de garantías de seguridad en sus territorios, el a servicios básicos, la defensa de sus derechos territoriales y culturales, así como la exigencia de cumplimiento de acuerdos previamente pactados con el Gobierno Nacional.

El acompañamiento del Distrito a estas comunidades pretende no solo velar por el orden público sino también facilitar espacios de interlocución efectiva con las entidades del Gobierno Nacional. La minga indígena, explica la entidad, es un mecanismo de protesta social y diálogo, se ha convertido en una herramienta legítima de reivindicación de derechos para estas comunidades históricamente marginadas.

La Secretaría de Gobierno ha desplegado a sus equipos de gestores de Diálogo y Convivencia, junto al personal de la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, con el fin de asegurar un monitoreo constante desde el PMU.

Este seguimiento permitirá mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de la movilización y responder oportunamente a cualquier eventualidad que pueda presentarse.

Aunque la llegada masiva de personas supone un reto logístico significativo para la ciudad, la istración Distrital ha manifestado su disposición a garantizar las condiciones necesarias para que la movilización transcurra de manera pacífica.

Por el momento, la atención se centra en brindar garantías tanto para quienes ejercen su derecho a la protesta como para la población en general. El Distrito continuará con su monitoreo constante y se espera que el Gobierno Nacional responda a las demandas planteadas por las comunidades indígenas en un ambiente de diálogo respetuoso y constructivo.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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MARÍA PAULA RODRÍGUEZ 

ESCUELA DE PERIODISTAS DE EL TIEMPO