Choque entre Alcaldía de Bogotá y Minjusticia por hacinamiento en centros de detención

Luego de que el ministro de Justicia Néstor Osuna calificara de "inaceptables" las críticas de la alcaldesa de Bogotá Claudia López con respecto a cómo el Gobierno ha manejado las cifras de hacinamiento en las cárceles del país, la Secretaría de Seguridad de Bogotá se pronunció al respecto.

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Durante la presentación del Comando Élite para hacerle frente a las bandas multicrimen en la capital, la mandataria habló sobre el hacinamiento en los centros de detención transitoria.

“Quiero pedirle al Gobierno que cese el tratamiento desleal que hay contra alcaldes y gobernadores, deliberadamente desde el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno Nacional anterior, y sigue siendo la política en este, para engañar a la Corte Constitucional, que los obliga a bajar el hacinamiento en cárceles nacionales, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es hacinar deliberadamente las URIs y las estaciones de policía”, señaló López. 

En su intervención agregó que "es obligación del Gobierno Nacional recibir a los presos", y dijo que no se le han mostrado a la Corte Constitucional las cifras relacionadas a los condenados que siguen en estaciones de Policía o URIs.

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"Apreciados magistrados, los están engañando desde el Gobierno Nacional, les muestran cifras fabricadas de deshacinamiento en las cárceles nacionales, pero no les muestran cifras en las que se niegan a recibir los presos condenados que están en las estaciones de policía y en las URIs. Eso es trampa, manipulación, decir que están cumpliendo una sentencia de la Corte a costa de no recibir presos. Tan fácil", manifestó. 

Ante estas declaraciones, el ministro de Justicia Néstor Osuna dijo para Caracol Radio que no ha recibido por parte del alto tribunal ninguna consulta relacionada con las cárceles de Bogotá, y añadió que sigue adelante con el proyecto para modificar la política penal y penitenciaria.

Según le dijo e Ministerio de Justicia a este diario, el Distrito sí pidió financiación de la nueva cárcel y cuerda un tuit del 25 de enero pasado donde la alcaldesa pide “ (…) coofinanciar la segunda cárcel distrital para la ciudad y un complejo judicial para Suba y Engativá”.

“Son inaceptables las acusaciones que me hace la alcaldesa. Jamás hemos engañado a la Corte Constitucional, jamás hemos hecho trampa, esas palabras fuertes, sonoras y estridentes no se corresponden con ninguna realidad”, afirmó Osuna para la emisora mencionada. 

Agregó que la responsabilidad del hacinamiento no es únicamente del Gobierno, sino también de las istraciones locales, las cuales deben responder por los detenidos que no han sido condenados.

“Uno no cumple sus obligaciones simplemente diciendo que el otro lo ha incumplido, sino cumpliendo lo que le corresponde (...) Si las personas que dirigen la política en Bogotá son amigas del encarcelamiento, pues eso trae como consecuencia construir cárceles, si no es un discurso completamente incoherente”, afirmó el ministro.

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La Secretaría de Seguridad, por medio de un comunicado, expresó su inconformismo con respecto a lo dicho por el ministro.

En primer lugar, resaltó que en el 2019 Bogotá tenía una población privada de la libertad de 1.300 personas. Luego de la medida tomada por el gobierno anterior de cerrar las cárceles nacionales, a raíz de la pandemia, el hacinamiento en estaciones y URIs se incrementó en un 200 %, mientras que en las cárceles nacionales se disminuyó en un 50 %.

"En esta alcaldía no negociamos con delincuentes, el lugar donde deben estar es en la cárcel, no en las calles. Nuestra lucha es contra la impunidad. Confiamos en las instituciones y en la justicia para que aquellos que ponen en riesgo la seguridad de los bogotanos paguen por sus delitos", aseguró el comunicado de la Secretaría.

En el texto se afirmó también que en la ciudad se duplicó la capacidad de cupos para personas privadas de la libertad en los últimos dos años, habilitando más de 1.600. "Se puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión en tiempo récord, en donde se invirtieron $17 mil millones y se contrataron los estudios y diseños para la segunda fase y seguir ampliando su capacidad".

Señaló además que en abril de 2021 se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec para la construcción de la Cárcel Distrital II, y que el único compromiso que tiene que cumplir el Gobierno "es la entrega de una porción del predio La Picota para iniciar la construcción del penal, entrega que hasta el momento no se ha hecho". 

Además, dijo que "no es cierto" que la Alcaldía le haya solicitado al Gobierno la financiación para la construcción del centro carcelario, ya que "en el convenio están claramente establecidos los compromisos de parte y parte y por eso esta istración tiene previstos los recursos para la construcción del penal, que contará con una capacidad de 3.000 cupos".

Finalmente, aseguró que "las excusas del Gobierno Nacional no han permitido que el proyecto avance y año tras año han aplazado este compromiso que tiene con los bogotanos, mientras el hacinamiento y la impunidad siguen creciendo".

REDACCIÓN BOGOTÁ