Hacinamiento: la tragedia de las estaciones de Policía de Bogotá

El hacinamiento en las estaciones de Policía y las URI de Bogotá es un fenómeno que ha irradiado en todo el mapa criminal y de seguridad de la capital del país.

Un policía asesinado en medio de la fuga de un privado de la libertad que no fue trasladado al centro carcelario a tiempo, un detenido torturado a golpes por sus compañeros de celda en la URI de Puente Aranda, otro recluso que murió en medio de una riña en la estación de Rafael Uribe Uribe la semana pasada, motines, asonadas y fugas masivas; son el saldo que ha dejado la sobrepoblación carcelaria en Bogotá en estaciones de policía que ya sobrepasó el 255 por ciento.

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Según los datos revelados por la Policía Metropolitana de Bogotá, con corte al 11 de enero de este año, en este momento hay 3.132 privados de la libertad distribuidos en todos los centros de transitorios de reclusión, que contemplan 19 estaciones y tres URI; una cifra que por poco y triplica la verdadera capacidad de estos lugares, que solo es de 1.237 cupos.

Pero las cifras más alarmantes en esta materia las tienen estaciones como la de Usaquén que reportó un porcentaje de hacinamiento del 880 por ciento al tener en sus instalaciones 100 privados de la libertad (Ppl) cuando solo tiene capacidades para 10, luego Bosa, que registra sobrepoblación de 526 % con 290 Ppl y una capacidad real solo para 35.

En el tercer lugar de las estaciones más hacinadas está San Cristóbal, donde el espacio alcanza para 35 y hay 178, mientras que en las estaciones de Usme y Kennedy la sobrepoblación es de 357 y 355 % respectivamente.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana, la situación de hacinamiento en las estaciones es un fenómeno que ha tenido tres aspectos fundamentales: en primer lugar, las difíciles condiciones de vida para los privados de la libertad, luego, los riesgos para los uniformados y, finalmente, las dificultades para contener motines, riñas y fugas.

“Hemos tenido que trasladar 200 personas de un lugar a otro porque hay intentos de fuga y porque esos sitios no tienen las condiciones para eso, utilizamos 400 policías aproximadamente, que implica tener casi 80 cuadrantes, no en las calles, sino cumpliendo una función que no deben por la situación real que se presenta en algunas estaciones de policías”, indicó el comandante de la Mebog.

Frente a este panorama, tanto el Ministerio de Justicia, la Policía Metropolitana y el Inpec, han tomado acciones para buscar salidas a la grave contingencia carcelaria que se vive en la ciudad. Así fue como, desde el martes pasado, se puso en marcha la fase I y II del traslado masivo de privados de la libertad a centros carcelarios.

Sin embargo, señalan los expertos que la medida inicial por sí sola no representa un alivio real a la situación, pues con la reubicación de 310 privados de la libertad solo se logra una descongestión del 10 % de las URI y estaciones.

“Bogotá necesita construir una cárcel y mejorar las condiciones de otras como La Modelo y El Buen Pastor. Porque la política debe ser integral, tiene que haber refuerzos de policía, hacer programas preventivos, evitar que haya consumo de droga; pero también mejorar la infraestructura, porque hay que perseguir delincuentes y capturarlos (…). La alcaldesa le pide a los jueces judicializar gente, pero ¿y en donde los va a meter?”, señaló Hugo Acero, analista y exsecretario de Seguridad de Bogotá.

Hay que recordar que una de las banderas de la seguridad de la istración de la alcaldesa López y el saliente secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, fueron los aportes a la Ley de Seguridad Ciudadana que endurecía las penas para quien cometiera delitos usando armas de fuego o blancas y los mandaba de una vez a centro carcelario.

No obstante, coinciden los expertos consultados que esa medida sin solucionar el problema de infraestructura y de política criminal, enfocada en la reparación y no en la detención, puede ser un elemento que empeore la crisis del hacinamiento en estaciones y URI de la ciudad.

Ahora, si bien el general Triana ha señalado que el esfuerzo que vienen realizando en conjunto con el Ministerio y el Inpec es progresivo y pretende lograr la descongestión en un 24 %, otros expertos, como Henry Cancelado, director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo e investigador de la Escuela Superior de Guerra, señala que la medida es una solución temporal porque el problema real es de la estructura jurídica del país que “cree que todo se soluciona arrestando a la gente”.

Según Cancelado, para que las medidas de descongestión de los centros transitorios sean efectivas se necesita otros elementos como las multas cívicas, el trabajo social y un sistema de contravenciones que no todo lo penalice con cárcel.

Y es que justamente, en esa línea, se ha pronunciado el ministro de Justicia Néstor Osuna quien en los últimos días propuso como solución al hacinamiento la posibilidad de que los privados de la libertad puedan salir a trabajar en el día y en la noche regresar.

Además de lo que ya había dicho sobre la reforma del sistema penal y la política criminal en la que se implementará el programa de justicia restaurativa, que ya funciona para jóvenes en Bogotá, y la reducción de penas para delincuentes con delitos menores.

Pero más allá de la construcción de centros carcelarios en la ciudad, Juan Sebastián Jiménez, analista de seguridad ciudadana de la Universidad Nacional, también coincide en que hay que reformar la política criminal, “a la persona que le roban el celular de nada le sirve que el delincuente pase 30 años en la cárcel (...). Es lo que ha propuesto el ministro Osuna, buscar formas no necesariamente carcelarias para resolver el problema de inseguridad en Bogotá”.

Según el experto, una de las principales formas para subsanar el problema de hacinamiento, que es un cadena de factores que inicia en la prevención del delito y que termina en la decisión sobre el tiempo de las penas y los delitos carcelables, es que la Policía este “no solamente para capturar a los delincuentes sino para agilizar los procesos de recuperación de los elementos robados, porque eso es lo que la gente llama justicia, no que alguien se quede de por vida en la cárcel”.

Tal vez uno de los puntos más problemáticos dentro del tema del hacinamiento es la disposición de los custodios para el cuidado de los privados de la libertad. De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá, sumando las 19 estaciones de Policía y las tres URI, hay en total 345 custodios para hacerse cargo de 3.132 privados de la libertad en estos lugares.

Esta situación a su vez implica que tengan que salir esa mima cantidad de policías de las calles dejando debilitado el Modelo Nación de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que es el encargado de prestar la atención inmediata a las solicitudes de la ciudadanía.

Durante la última semana se realizó es traslado de 46 privados de la libertad a la cárcel La Modelo, 29 a la Picota, 11 a la cárcel de Girardot y 2 a la del Guamo, en Tolima. Por otro lado, 10 presos fueron llevados al centro de reclusión de Chocontá, 12 a Ramiriqui y nueve quedaron en la Distrital.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ.