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Las molestias por las que piden al Consejo de Estado escuchar a Amelia Pérez en demanda a la elección de la fiscal
Pérez renunció horas antes a la elección de la Corte Suprema y podría aportar información clave al proceso.
Amelia Pérez, directora de la SAE, y Luz Adriana Camargo, fiscal general. Foto: Archivo Particular
Mientras Luz Adriana Camargo Garzón inicia su segundo año como fiscal general, en el Consejo de Estado sigue en curso una demanda que cuestiona la legalidad de su elección y pronto se conocerá la decisión.
El acto demandado es el Acuerdo No. 2280 del 12 de marzo de 2024, con el cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Camargo como fiscal general para el periodo 2024–2028. El nombramiento de la fiscal Camargo se dio tras meses de parálisis en la Suprema y en protestas a favor y en contra de las candidatas.
En esa terna, elegida por el presidente Gustavo Petro, estuvo Amelia Pérez, actual directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y Ángela María Buitrago, quien recientemente renunció al Ministerio de Justicia por presuntas injerencias desde el Palacio.
Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Foto:Cortesía
Sin embargo, el día de la elección, el 12 de marzo del año pasado, Amelia Pérez presentó en una carta de dos páginas las razones de su renuncia a aspirar como jefe del ente acusador, minutos antes de que comenzaran las votaciones en la Corte Suprema.
Ella llegó a ser la favorita en las primeras votaciones para la Fiscalía pero luego los trinos de su esposo Gregorio Oviedo enrarecieron el ambiente y voltearon la votación. Luego hubo debate sobre su edad y la posibilidad de que tuviera que renunciar antes de terminar un eventual periodo.
Carta de renuncia de Amelia Pérez. Foto:EL TIEMPO
La demanda de la elección de la fiscal Camargo
La demanda cuestiona esa elección por presunta desviación de poder, expedición irregular y hasta por supuestos actos de violencia psicológica sobre los magistrados electorales, en el marco de las tensiones políticas y ciudadanas que rodearon el proceso de votación.
Esta semana, la abogada Sthefanny Feney Gallo Herrera interpuso un recurso de súplica contra la decisión de la magistrada ponente Gloria María Gómez Montoya que negó pruebas clave y optó por tramitar por vía de sentencia anticipada la demanda que busca anular el acto de su elección.
En su petición, radicada ante el alto tribunal, objeta el auto emitido el pasado 22 de abril por la magistrada que, entre otras decisiones, declaró no probadas las excepciones previas de las entidades demandadas, fijó el litigio con base en pruebas documentales y negó la práctica de pruebas solicitadas, entre ellas una testimonial que considera “conducente, pertinente y útil”.
Luz Adriana Camargo, fiscal general. Foto:Sergio Acero -EL TIEMPO
Según la demandante, el proceso eleccionario habría estado afectado por sesgos, presiones externas y vicios que desconocen principios constitucionales, legales y convencionales. Además de alegar conflicto de intereses y violación de normas superiores, la demanda acumulada cita tratados internacionales sobre derechos políticos de las mujeres y participación democrática.
En diálogo con EL TIEMPO, Gallo Herrera se refirió a las molestias de los demandantes ante la negativa del Consejo de Estado de contar con el testimonio de Amelia Pérez.
"Nosotros tenemos pleno conocimiento que ella en declaración va a dar información relevante antes y durante la elección. Por eso se requirió ese testimonio porque le dio vía libre para que otro candidato sea electo", dijo.
Para ella es fundamental escuchar a Pérez para esclarecer hechos fácticos, y no meros puntos de derecho, relativos al trámite de elección y la conducta de los magistrados. Añade que la funcionaria podría incluso aportar un informe escrito dada su calidad actual de servidora pública.
"Como demandantes, nos quedó un sinsabor por la información que Amelia Pérez podría aportar. Estamos inquietos por la decisión del despacho de excluir un testimonio que consideramos fundamental. Su renuncia, justo antes del proceso, dejó muchas dudas, y por eso solicitamos su testimonio para que explique qué la llevó a tomar esa decisión", dijo al jurista.
Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet
Por ahora, Camargo sigue en el cargo, pero recientemente se vio envuelta en una polémica por el caso de Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, quien estuvo detenido durante cerca de dos meses en un apartamento de Chapinero, luego de ser capturado en el Catatumbo en febrero pasado.
El 26 de marzo, la Corte Suprema -que dio concepto favorable a su extradición por narcotráfico- recibió el aviso de un funcionario de la misma DNI en el que decían que no sabían del paradero del disidente, algo que llevó a al tribunal a preguntarle a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por qué no lo tenían ellos bajo custodia.