Leguleyadas | Opinión

Según la RAE, una leguleyada es una maniobra o recurso fraudulento con apariencia de legalidad. Esa definición ayuda a entender mejor lo que hemos presenciado alrededor de la discusión del POT de la ciudad en el Concejo distrital, donde en menos de 90 días se radicaron más de 100 recursos legales entre impedimentos, recusaciones y tutelas. Al final, los concejales no lograron debatir y votar la propuesta de la istración, quien hoy tiene la potestad de aprobar vía decreto.

(Le puede interesar: ¿Se abrió la puerta para sacar el POT de Bogotá por decreto?)

Es preocupante que este tipo de estrategias legales tomen fuerza porque bloquean la deliberación en el Concejo e impide que su intervención puede enriquecer los proyectos estratégicos de ciudad de iniciativa gubernamental. Es tan complicado el tema, que muy seguramente vamos a ver de manera frecuente el uso de estas estrategias en los próximos años hasta que se ajuste el reglamento de la corporación.

Pero eso no va resolver del todo el problema, ya que actualmente no existe un mecanismo legal para impedir este tipo de recusaciones y tutelas sin fundamento jurídico o evidencia. Muchos fueron anónimos o interpuestos por desconocidos con el solo interés de dilatar el proceso. De allí, que ningún recurso prospero.

La istración distrital tampoco tiene plena certeza de forma y fondo frente al decreto que debe aprobar. Hay voces que dicen que solo debe incluir el contenido original del texto radicado a la Corporación, otras que es posible incluirle las observaciones que salieron en el cabildo ciudadano. En el mismo sentido, hay quienes afirman que los 90 días que tenían el Concejo aun no se han cumplido, por cuanto el trámite de impedimentos y recusaciones no debe tenerse en cuenta dentro del periodo de discusión establecido por ley.

(Para seguir leyendo: Alcaldesa: ‘Analizaremos qué alternativas jurídicas nos quedan para el POT’)

Siendo así, el POT, que era discusión técnica, se va embolatar en una discusión jurídica y política. Un escenario, que trae más incertidumbre sobre la norma urbana y abre la puerta a futuras demandas legales frente al procedimiento y al articulado del documento aprobado por decreto.

La ciudad ya ha pasado por situaciones similares y esta claro que los pronunciamientos en los ámbitos judiciales para obtener un concepto toman tiempo, y más cuando no hay suficiente jurisprudencia sobre este asunto en particular.

Es importante que la alcaldesa Claudia López y su equipo de gobierno reflexionen seriamente sobre las implicaciones que trae para la ciudad aprobar un POT por decreto, en un contexto donde su imagen favorable viene disminuyendo de manera sostenida en los últimos meses, hecho que afecta su capital político, y más cuando se ha hecho evidente que el documento original requiere varios ajustes técnicos y mayor participación ciudadana.

Bogotá hoy requiere certezas sobre la norma urbana que regirá la próxima década y no vacíos legales, que solo generan incertidumbre en los gremios, la academia y la ciudadanía en general.

Lo único bueno de todo esto, es que antes de terminar el año sabremos qué pasará con el POT.

(Además: Un POT enredado | Opinión)

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS